En el último informe sobre el Posconflicto en Colombia, la Contraloría informó que de mantenerse la proyección dada por el Gobierno, el tiempo estimado para el cumplimiento total del Acuerdo de Paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc será de 26 años, y no de 15 como se había acordado en los diálogos de La Habana (Cuba).
Así lo confirmó el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, en medio de la rendición de cuentas del organismo de control que se realizó en el municipio de Apartadó, Antioquia.
“Hemos definido, como lo presentamos en el quinto informe que entregamos al Congreso que, si el ritmo de inversión del cumplimiento del acuerdo se mantiene por parte del Gobierno nacional, ya no se cumplirá en 15 años sino en 26 años, porque a la fecha de hoy las inversiones han sido de 28 billones de pesos, aproximadamente”, manifestó el funcionario.
De igual manera, Gualdrón señaló que “en el ejercicio de control fiscal hemos encontrado que solo el 30% de los municipios de todo el país tienen políticas específicas en su plan de desarrollo para el cumplimiento del Acuerdo de Paz”.
Además, enfatizó que en la Contraloría, a través de la dependencia, “también hemos podido lograr que de los 170 municipios priorizados en los Programas de Desarrollo Territorial (PDET), estamos en 105 municipios haciendo ejercicio de control fiscal participativo y fortaleciendo todo lo que se prometió. Aspectos como el fortalecimiento de la participación ciudadana y las veedurías ciudadanas que están pendientes del cumplimiento de esa platica, del Acuerdo de Paz y de la Ley de Víctimas”.
Ley de Víctimas
Sobre este último punto, Juan Carlos Gualdrón lanzó una advertencia al Gobierno nacional frente a las inversiones que se han destinado para esta normativa, pese a que son superiores frente a los montos destinados en años anteriores.
“Como parte de la comisión de monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas, hemos advertido que las inversiones del Gobierno, si bien han sido superiores a los Conpes de los años 2011 y 2012, para cumplir con la ley de víctimas en el año 2031, las inversiones deben ser del orden de cerca de $328 billones de pesos, de los cuales, el Gobierno solo ha calculado $142 billones”, aseguró.
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De igual forma, el funcionario declaró que existen inconsistencias en el registro de las personas en el Registro Único de Víctimas (RUV), plataforma a cargo de la Unidad de Víctimas del Conflicto Armado.
“Hemos encontrado que en los registros del Registro Único de Víctimas (RUV) hay inconsistencias por cerca de $82 mil millones de pesos. Por ejemplo, hay más de 75 personas fallecidas que han recibido indemnización o ayudas humanitarias posterior a la fecha que aparece de muerte en la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que nos parece absolutamente grave”, comentó.
Asimismo, Gualdrón dijo que “en ese mismo registro, hemos encontrado inconsistencias por más de cuatro mil millones de pesos en donde el nombre de la persona no concuerda específicamente con el número de cédula y hemos hecho estas advertencias porque se debe cumplir con la indemnización de todas esas nueve millones de personas que están en el RUV”.
Otras problemáticas
Por otra parte, el contralor delegado para el posconflicto mencionó que “estamos haciendo un ejercicio de control fiscal participativo en la urbanización Avivé, en donde se debían construir 192 viviendas, de las cuales no se han entregado sino solo 38, pero además hemos encontrado que hay una invasión allí en donde se han hecho inversiones cercanas a más de 800 millones de pesos en obras de urbanismo”.
También, Gualdrón dijo que se ha realizado una mesa de trabajo con víctimas de la violencia en los departamentos, especialmente en Antioquia. “También nos hemos reunido con las personas del Plan Nacional de sustitución de cultivos Ilícitos y de todos los proyectos productivos que se hacen del Acuerdo de Paz. Por todo eso es que el control lo estamos realizando desde el territorio”, concluyó.
Finalmente, el funcionario destacó la labor de la Contraloría para vigilar los recursos destinados en los municipios PDET y recordó que uno de los desafíos del país en los últimos años es la consolidación de los proyectos y el presupuesto para el proceso de paz y el posconflicto.