Por disposición de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, la comisión especial interdisciplinaria de la Entidad, que se trasladó desde el pasado 3 de enero a Arauca, se extenderá en distintas fases hasta nuevo aviso, para brindar una mayor atención a las comunidades y verificar la gestión de los organismos del Estado, ante los enfrentamientos de las últimas semanas.

Desde el territorio, la comisión alertó sobre el aumento de las familias desplazadas por los grupos armados que hacen presencia en los municipios de Saravena, Tame, Arauquita y Fortul, pues en dos días las entidades del Estado pasaron de atender 206 víctimas a 547 en esta zona fronteriza con Venezuela.

El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento Olarte, señaló desde Arauca que los relatos de las familias afectadas revelan el recrudecimiento de la violencia en la región, por lo que “el Estado debe estar preparado para fortalecer las rutas de atención y garantizar la seguridad y supervivencia de estas familias mientras pueden regresar a sus territorios”.

Voces en medio de la violencia

“Tuvimos que dejarlo todo y salir corriendo, es mejor perder las gallinitas que ver cómo se llevan a sus hijos”, contó una de las víctimas que participó del encuentro que sostuvo este viernes la Procuraduría con representantes de organizaciones sociales, alcaldes y personeros de la zona, para identificar soluciones ante la gravedad de los hechos.

La víctima, a quien la Procuraduría le reserva el nombre, narró cómo debió cerrar con candados las puertas de su casa en la vereda Botalón de Saravena, y salir antes del amanecer con sus dos hijos de 16 y 17 años, tras escuchar a un grupo armado que se acercaba para reclutar en sus filas a todos los jóvenes que encontraran a su paso.

Este relato concordó con lo expuesto por otros participantes de la reunión, que aseguraron que los desplazamientos se deben al temor que despierta en la comunidad tener que volver a vivir las masacres y los reclutamientos de menores que padecieron entre el 2004 y 2011.

Por su parte, los alcaldes de los cuatro municipios afectados alzaron su voz ante la problemática y solicitaron robustecer la presencia del Ejército Nacional en sus cabeceras municipales y zonas rurales para proteger a sus habitantes.

“Estamos requiriendo con urgencia mayor presencia de la fuerza pública para evitar que las amenazas de estos grupos ilegales contra las empresas del municipio se cumplan, como ya ocurrió con el acueducto de Saravena”, advirtió el alcalde de este municipio, Wilfredo Gómez Granados.

Para cerrar la jornada, la Procuraduría General de la Nación dialogó con periodistas que han recibido amenazas por tratar de dar a conocer la realidad de lo sucedido, y recopiló la información necesaria para remitir a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras instituciones, en el objetivo de garantizar su seguridad y el libre desarrollo de su trabajo.