Decidir qué hacer con la comisión negociadora del Eln que está en Cuba desembocó en un dilema político y diplomático de grandes implicaciones

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“Romper un proceso de paz es difícil pero siempre será más complicado decidir qué hacer con los pedazos, porque no hay alfombra para ocultarlos debajo”. Esa frase la pronunció años atrás un excomisionado de paz en Colombia en una reunión “off the record” con periodistas nacionales cuyo fin era poder explicar por qué el gobierno de turno había decidido acabar con las tratativas que adelantaba con un grupo guerrillero.

Y eso es, precisamente, lo que está ocurriendo hoy en nuestro país luego de que a finales de la semana pasada el presidente Iván Duque decidiera acabar con el proceso de paz con el Eln, que le ‘heredó’ la administración Santos. Era claro que el Gobierno no tenía otra opción luego de que esa guerrilla perpetrara el más cruento atentado urbano contra la Fuerza Pública en la última década: la explosión de un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander, que dejó una veintena de muertos y más de 70 heridos.

Lo cierto es que una vez roto el proceso, el problema se agrandó porque no se ha podido encontrar qué hacer con los ‘pedazos’ sobrantes de las fallidas tratativas, específicamente con la delegación negociadora subversiva que permanecía en La Habana desde agosto del año pasado, pese a que desde el mismo día de su posesión Duque indicó que congelaba la mesa –por un mes- para evaluar el estado de las conversaciones y decidir el paso a seguir.

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Como todo el país sabe, ese plazo inicial de un mes se venció en medio de tensiones entre el nuevo Ejecutivo y la guerrilla por cuenta de una serie de secuestros y acciones terroristas, lo que llevó al Gobierno a advertir que solo se reanudaría la negociación cuando el Eln renunciara definitivamente al plagio, liberara a todos los cautivos, cesara las acciones terroristas y las hostilidades contra la población civil. Como era obvio, la cúpula ‘elena’ nunca aceptó tales condicionamientos y, por el contrario, insistió en que Duque debería nombrar a su equipo negociador (al de Santos se le venció el encargo oficial) y discutir en la mesa la posibilidad de un nuevo cese el fuego bilateral para que las tratativas se desarrollaran sin tener de fondo el ruido de la guerra.

En medio de ese rifirrafe terminó 2018, siendo claro que la percepción nacional era que el gobierno uribista, principal opositor a la estrategia de paz de Santos con las Farc y el Eln, si bien no hizo “trizas” el acuerdo firmado con las primeras, sí lo quitó de la prioridad gubernamental, en tanto que congeló la negociación con la otra facción guerrillera al imponer condicionamientos tan fuertes, que se sabía desde un comienzo esta no aceptaría por más lógicas y justificadas que fueran.

El pulso

Tras el atentado de la semana pasada, Duque no solo acabó el proceso sino que conminó a Cuba a que procediera a aplicar la normativa internacional de lucha contra el terrorismo y castigo a los culpables. En otras palabras, que capturara a los cabecillas ‘elenos’ y los entregara a la justicia de nuestro país para ser procesados.

Sin embargo -a decir verdad- para muchos conocedores de las dinámicas de los procesos de paz, la advertencia de Duque, por más válida que fuera, no tenía mucho futuro, pues La Habana no iba a entregar a los negociadores y a lo sumo lo que haría era forzar su salida hacia una tercera nación, muy posiblemente Venezuela, en donde han estado refugiados desde hace varios años la mitad de los integrantes del “Comando Central” (Coce), sobre todo Nicolás Rodríguez, ‘Gabino’; ‘Antonio García’ y ‘Pablito’, el más beligerante y radical de los cabecillas ‘elenos’.

Es más, la primera reacción de Cuba fue no solo condenar de manera enérgica el atentado, sino aclarar que para definir qué hacer con la comisión negociadora subversiva aplicaría los protocolos pactados entre el gobierno colombiano (en la época de Santos) y el Eln, que fueron avalados por los países garantes.

Uno de esos protocolos, suscrito de forma reservada por las partes en el primer semestre de 2016, establece precisamente qué hacer en caso de ruptura del proceso de negociación, sin detenerse a especificar la causa de la misma. Se pactó un mecanismo complejo de 15 días para que la delegación subversiva, con todas las garantías, pudiera ser regresada a Colombia, previo despeje militar y cese de operaciones temporal en determinada región señalada por el Eln. Incluso se dejó abierta la posibilidad de que algunos de los delegados guerrilleros fueran llevados a Venezuela.

Ni tan mecánico…

Como se ve, quienes pensaban que roto el proceso de paz –el viernes de la semana pasada- era cuestión de días y de simple mecánica interna desaparecer cualquier resquicio de las tratativas, se equivocaron. Ocurrió todo lo contrario: la suerte de los “pedazos” dejados por la ruptura desembocó en un pulso político y diplomático de alcance internacional.

El principal causante de ese nuevo pleito residual fue, claramente, el propio Eln, ya que en su comunicado, el lunes en la madrugada, al aceptar la autoría del atroz atentado, llegó al extremo de considerarlo una acción “lícita” de guerra e incluso lo ‘justificó’ alegando que durante la reciente tregua unilateral que esa facción insurgente declaró antes de navidad hasta después de año nuevo, la Fuerza Pública había bombardeado sus campamentos en la selva.

… Y ahí fue troya. La actitud desafiante, indolente y controvertida del Eln llevó al gobierno Duque a radicalizar aún más su postura. De allí que horas después el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y el canciller Carlos Holmes Trujillo, advirtieron que el protocolo de ruptura pactado con el Eln no se aplicaría por tres grandes razones. La primera, que fue producto de la política de paz del anterior gobierno, por lo que no compromete a la administración Duque. Incluso trajeron a colación una sentencia de la Corte Constitucional, paradójicamente una referida al plebiscito refrendatario del proceso de paz con las Farc, para tratar de sustentar esa tesis. En segundo lugar, que esa clase de protocolos no se aplican para casos de ruptura por acciones de terrorismo, sino cuando la negociación se acaba por temas insalvables propios de la mesa. Y, por último pero quizá la razón más importante, que los tratados internacionales señalan la obligación de todo país de colaborar con la captura y sometimiento a la justicia de los terroristas, postura que, incluso, fue recalcada esta semana por instancias de la importancia del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, la postura de la Casa de Nariño de inmediato levantó polémica. El excomisionado para el proceso de paz con el Eln, Frank Pearl (en épocas del gobierno Santos), advirtió que los protocolos eran un compromiso de Estado y no de gobierno, razón por la cual no podían ser desconocidos so pena de darle un golpe muy duro a la credibilidad internacional de las autoridades colombianas, más aún frente a países que al ofrecerse como garantes de las tratativas lo hicieron de buena fe. Incluso Pearl alertó sobre el riesgo de cometer el delito de “perfidia”, cuya definición más básica señala que incurrirá en el mismo el que “con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y con el propósito de dañar o atacar al adversario, simule la condición de persona protegida o utilice indebidamente signos de protección como la Cruz Roja o la Media Luna Roja, la bandera de las Naciones Unidas o de otros organismos intergubernamentales, la bandera blanca de parlamento o de rendición, banderas o uniformes de países neutrales o de destacamentos militares o policiales de las Naciones Unidas u otros signos de protección contemplados en tratados internacionales ratificados por Colombia”  

A ello se sumó si bien el Gobierno se reunió con los partidos políticos en busca de un apoyo a su tesis sobre la inaplicación de los protocolos, obtuvo respaldo –en un comunicado- a la ruptura del proceso y a pedir a la comunidad internacional que colabore en la lucha antiterrorista, pero los voceros de la mayoría de las colectividades – a excepción del Centro Democrático- luego precisaron que el protocolo debía aplicarse porque estaba en juego la credibilidad del Estado y el respetar la buena fe de los países garantes. Incluso no faltó el dirigente que recalcó que lo mejor era garantizar el regreso a la selva colombiana de los negociadores ‘elenos’ –entre ellos cabecillas como ‘Pablo Beltrán’- porque era la única forma de poder lanzar, después, una persecución contra todos ellos. Si se quedan en el exterior eso no sería posible.

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Pero lo más complicado no fue el tema interno, en donde hubo claras divisiones a favor y en contra de la postura gubernamental. El lio mayor se dio en el flanco externo: los gobiernos de Noruega -país con una tradición centenaria de mediación en conflictos- y Cuba -que albergó los procesos con las Farc y el Eln- fueron claros en que los protocolos deben aplicarse. Ecuador, Brasil y Chile, los otros países garantes (junto a Venezuela), si bien condenaron el atentado y respaldaron la petición de Colombia de pedir la colaboración internacional antiterrorista, no hablaron en específico de inaplicar o aplicar los protocolos.

Incluso hubo analistas nacionales e internacionales que hicieron una diferenciación, en torno a que a los negociadores subversivos -a varios de los cuales la Interpol les reactivó esta semana las órdenes de captura internacional- se les debía permitir regresar a Colombia con las garantías contempladas en el protocolo, en tanto que en los casos de ‘Gabino’, ‘García’, ‘Pablito’ y otros cabecillas que no eran de la mesa sí es viable exigir contundentemente a Cuba y Venezuela que los deporte o extradite a nuestro país.

¿Entonces?

Este pulso político y jurídico, de orden internacional y con amplias repercusiones diplomáticas, quedó, sin embargo, a medias debido a que toda la atención y prioridad geopolítica se concentraron en el nuevo pico de la crisis venezolana, luego de que el miércoles pasado Juan Guaidó, elegido en la primera semana de enero como presidente de la Asamblea Nacional de ese país, se autoproclamó como Presidente de la República interino, siendo reconocido de inmediato por Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina y otra serie de naciones americanas, en tanto que a Nicolás Maduro lo respaldaron Rusia, México, Turquía, China, Bolivia…

Más allá de esa coyuntura, lo cierto es que -por lo menos hasta el viernes en la noche- la delegación del Eln, encabezada por ‘Beltrán’, permanecía en Cuba. Es más, se decía allí que el plazo de los 15 días para volver a Colombia (que vencería el 2 de febrero) no había empezado a correr, puesto que el protocolo establece que debe darse una reunión entre delegados del Gobierno, la guerrilla y los países garantes para pactar todo el operativo al respecto. Como es casi improbable que el gobierno Duque envíe un representante suyo para tal efecto, entonces todo sigue en el limbo. El jueves los negociadores guerrilleros se reunieron en Cuba con representantes de los países garantes y -según lo dijo ‘Beltrán’ a Caracol Radio el viernes en la noche- todos coincidieron en que deben aplicarse los protocolos y seguirían haciendo “buenos oficios” en esa dirección.

Como se ve, se trata de una situación bastante complicada. Colombia sabe que no puede poner contra las cuerdas a Noruega ni a Cuba, en tanto que la crisis en Venezuela, que ahora tiene dos presidentes, hace imposible presionar al régimen chavista para que deporte a los cabecillas del Eln o pedir la colaboración de Guaidó para que haga lo propio.

El viernes se decía que si Colombia no cede, a Cuba no le quedaría opción distinta que refugiar a los negociadores o que ingresaran a alguna embajada mientras. La opción de llevarlos a Venezuela se veía complicada, más aún en medio del explosivo escenario de esta semana. Maduro, es claro, no se arriesgaría a recibir oficialmente a la delegación ‘elena’.

El pulso, entonces, seguía sin resolverse. Como se dijo al comienzo, si la coyuntura que llevó al rompimiento del proceso de paz con el Eln fue crítica, decidir qué hacer con los “pedazos” sobrantes de la negociación terminó siendo tanto o más complicado.