Hace unos pocos días la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) presentó un balance de su primer año de actividades, producto del acuerdo para sancionar los graves delitos que se cometieron en el conflicto armado. Por ejemplo reseñó que en este tiempo 11.675 personas han suscrito acta de sometimiento y recibió 168 informes de organizaciones de víctimas y entidades del Estado. No obstante, las decisiones netamente judiciales empiezan a verse en forma por estos días. Por ejemplo este lunes, a las 5:00 p.m., vence el plazo que estableció para que la Fiscalía colombiana y la justicia de Estados Unidos le hagan llegar las pruebas acerca de la presunta participación de ‘Jesús Santrich’ en una conspiración para enviar cocaína.

De igual manera, la JEP citó la semana pasada a 31 ex integrantes del Estado Mayor de las Farc a rendir versiones voluntarias sobre el Caso 001, que tiene que ver con los secuestros de civiles y militares que realizó la entonces guerrilla.

Estas versiones se convocarán entre el 14 de febrero y el 27 de mayo de 2019 y responden a la obligación de los desmovilizados de aportar a la verdad plena.

También la JEP el viernes pasado llamó a versiones a 11 comparecientes de las extintas Farc, en el marco del Caso 002 que prioriza las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (en Nariño), de 1990 a 2016.

Caso ‘Santrich’

El desmovilizado de las Farc se encuentra privado de libertad desde abril pasado en un proceso de extradición por supuestamente conspirar para traficar cocaína, el cual está congelado a la espera de que la JEP, atendiendo la garantía de no extradición de los desmovilizados de las extintas Farc que contempla el Acuerdo de Paz, determine la fecha en la que presuntamente delinquió.

Según el Acuerdo de Paz firmado el 1° de diciembre de 2016 entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y esa guerrilla, los desmovilizados serán cobijados por una justicia especial, transicional, aplicada por la JEP para castigar los delitos graves que cometieron en el conflicto armado. En esta instancia, de ser encontrados culpables, serán sancionados con penas que van entre los cinco y los ocho años, consistentes en restricción de la libertad en sitios distintos a un centro carcelario, beneficio que recibirán a cambio de verdad y reparación a las víctimas.

Sin embargo, el Acuerdo de Paz también contempla que los desmovilizados que incurran en delitos luego de la firmad del acuerdo (1° de diciembre de 2016) serán excluidos de la JEP y su expediente será inmediatamente remitido a la justicia ordinaria, en donde de ser condenados recibirán altas penas por los crímenes cometidos y pueden ser extraditados si son requeridos por las autoridades de otro país.

En las más de tres décadas del acuerdo de extradición entre Colombia y Estados Unidos miles de nacionales han sido enviados apenas con la solicitud que hace la justicia de ese país.

Sin embargo, en el caso ‘Santrich’ la JEP decidió practicar pruebas para establecer la fecha en la que presuntamente participó en este delito, y en ese marco pidió a la Cancillería solicitar a la justicia de Estados Unidos el acervo probatorio que tiene.

Mañana vence el plazo que dio la JEP para que le hagan llegar las pruebas solicitadas. No obstante EL NUEVO SIGLO conoció que Estados Unidos no atendió el llamado argumentando que el acuerdo de extradición solo contempla el indictment.

Por su parte la Fiscalía a principios de diciembre pasado entregó las pruebas espejo de los audios en los que ‘Santrich’ resultaría incriminado.

Según la JEP, una vez se reciban las pruebas solicitadas y/o se cumpla el término de 40 días, “habrá un plazo de ocho días hábiles para los alegatos de las partes (‘Santrich’ y Ministerio Público) y luego la Sección tomará una decisión sobre la garantía de no extradición pedida por el señor Hernández Solarte”.

>Insisten en cambios

A pesar de que el partido Centro Democrático no logró en el Congreso en el primer periodo de esta legislatura sacar adelante las reformas que se proponía a la JEP, insistiría en este propósito según lo señaló el senador Álvaro Uribe, quien reiteró la necesidad de un tratamiento diferente para los militares así como simplificar el papel que cumple esta instancia en el proceso de extradición de desmovilizados de las Farc.

Uribe trinó hace unas semanas sobre el particular que “en el Centro Democrático creemos en la necesidad de introducir cambios a JEP, por ejemplo tratamiento realmente diferente a las FF.AA., no igualadas al terrorismo; simplificar extradición simplemente sobre certificado de fecha y naturaleza del delito, con respeto a integrantes JEP”.