Mediante Auto 3 de 9 de enero de 2019, el contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba Larrarte confirmó la negación de varias solicitudes de nulidad proferidas por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción del ente fiscal, que fueron apeladas por 8 de los 9 sujetos procesales vinculados al Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal No. PRF 2015-0115 1604, dentro del caso conocido como ‘Cártel de la Hemofilia de Bolívar'.

Las solicitudes de nulidad elevadas, cuya negación se dio a través del Auto citado, tenían que ver con la negación de la práctica de pruebas y aplicación de medidas cautelares por hasta el doble del valor del presunto detrimento patrimonial tasado en $20 mil 184 millones 304 mil 762 pesos con 16 centavos.

Sobre esta decisión, el exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín Rognini, en cuya administración sucedieron los hechos motivo del proceso, en declaraciones hechas al portal ‘La Verdad y Punto’ de Cartagena desestimó las motivaciones legales del proceso, al que calificó como de refrito fiscal que se remueve cada vez que se acerca un proceso electoral, con fines eminentemente políticos.

Presuntos responsables

Además de Gossaín Rognini, se encuentran vinculadas al proceso sus exsecretarias titular y encargada de Salud Ana María del Carmen Álvarez Castillo y Bertha María Pérez; la directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios Nacha Newball; el auditor médico Luis Ortíz Herrera; la gerente de la ESE Departamental Divina Misericordia de Magangué Candelaria Valdelamar Martínez y los representantes legales de  Fundación Ciénaga de la Virgen, Rita Emperatlz Agamez Meléndez; Asistencia Integral de Servicios en Salud IPS SAS Gloria Patricia Giraldo Jaramillo y Fundación Renal de Colombia, Gabriel Enrique García Sotelo. Como terceros civilmente responsables comparecen las aseguradoras COLPATRIA y La Previsora.

El caso

Como se recordará, la Contraloría General de la República, CGR, a través de la Delegada para el Control Social, mediante Informe 190 de diciembre de 2014 dejó en firme 21 hallazgos administrativos, con un presunto detrimento patrimonial de $29.161.111.246,70 de los cuales 13 fueron con presunto hallazgo fiscal; 4 con posible hallazgo disciplinario; uno con connotación penal y una Indagación Preliminar, de los cuales se dio traslado en su oportunidad a la Superintendencia Nacional de Salud, SUPERSALUD, Ministerio de Salud y Protección Social, Consejo Superior de la Judicatura y Ministerio de Educación para lo de su resorte.

Las conclusiones de la citada auditoría quedaron en firme tras considerar la CGR los descargos presentados por la administración que dirigía el entonces gobernador Juan Carlos Gossaín Rognini, y que se practicó a los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, SGP, correspondientes al año 2013 destinados a financiar los sectores de educación y salud en el departamento de Bolívar durante el período aludido.

Esa Auditoría se realizó, en el caso de Salud Pública, a un total de 62 de los 307 contratos ejecutados con recursos del SGP, lo que equivale al 20,1% del total de la contratación por un monto de $8.751.101.502,9 de pesos, que a su vez  equivalen al 67,4% del valor total de la contratación y de Aseguramiento y Prestación de Servicios por más de $54 mil millones de pesos.

De igual forma, en el caso de la Auditoría a la ejecución de los recursos provenientes del SGP y destinados a financiar la Educación durante el mismo período, tras acoger varias denuncias presentadas, también se encontraron situaciones de absoluta gravedad que también fueron  puestas en conocimiento de las autoridades competentes y que son también objeto de procesos fiscales en la CGR.

Manejos cuestionados

Según la Auditoría de la cual se desprendieron los procesos fiscales verbales que hoy se siguen, en cuanto al manejo de los recursos del SGP destinados a  Salud, la CGR conceptuó que su manejo, en el período auditado, no cumplió con los principios de economía, eficiencia y eficacia y emitió un Concepto de Gestión Desfavorable, especialmente en el tema de ponderación financiera, en dónde según la CGR no hubo controles específicos para mitigar riesgos y se encontró la existencia de una Cuenta Maestra con un saldo por $17mil 949 millones 751 mil pesos con 021 centavos acumulados de vigencias anteriores y que no se incorporaron al Presupuesto de la vigencia de 2014.

Pero, según la CGR, tampoco se incorporaron al Presupuesto de la vigencia fiscal de 2014 otras sumas millonarias, como por ejemplo, del componente de Salud Pública por $6.476.786.289 pesos; de Prestación de Servicios – oferta: $20.617.085.485 pesos; y, de excedentes de Tesorería por valor de $11.472.964.732, lo que demuestra, según la CGR que hubo un total desorden administrativo, financiero y contable en la Secretaría de Salud, que mereció una calificación de ineficiente.

Casos de hemofilia

De igual forma, según la CGR, el Acuerdo 29 de 2011 sobre medicamentos POS-S para la población afiliada al régimen subsidiado, Principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, numerales 3.18 de la Ley 1438 de 2011 indican que los tratamientos contra el VIH y hemofilia deben ser atendidos por las EPS en dónde se encuentran afiliados los pacientes y, en caso de no estarlo, se obliga a las entidades territoriales como la Gobernación de Bolívar en el caso en cuestión a afiliarlos, lo que se omitió, no haciendo un adecuado ejercicio de la defensa judicial de los intereses de la Secretaría de Salud cuando se presentaron las 17 tutelas que obligaron a esta entidad a pagar $25.450.582.656 pesos que eran responsabilidad de las EPS Mutual SER, CAJACOPI, COMFAMILIAR, Nueva EPS, COOSALUD, Salud Vida y Comparta, la mayoría de ellas deudoras consumadas del sector sanitario nacional y causantes directas de la crisis que agobia la Red Hospitalaria Pública de Bolívar por la abultada e impagada deuda que con ella tienen las primeras.

En ese orden de ideas, la CGR cuestionó en la Auditoría señalada  la legalidad de los pagos a las EPS aludidas por tratamientos y medicamentos que eran de exclusiva responsabilidad del exmandatario Gossaín, como ordenador del gasto, con la expedición de certificados y registros de disponibilidad presupuestal y autorización de pagos sin constatar que existieran contratos para la prestación de esos servicios; que existieran los soportes correspondientes y que se hubieran hecho las auditorías de rigor para establecer la prestación de los servicios cobrados y que según la CGR carecían de ellos.

Así mismo, cuestionó en su momento la CGR, que durante la vigencia del Plan Decenal de Salud Pública se contempló como una de sus herramientas de ejecución el denominado Plan de Intervenciones Colectivas, PIC, que son las acciones de Prevención y Promoción, P y P, que debió realizarse durante el período auditado de manera sostenida y sistémica, con planeación y verificación de resultados por parte de la Gobernación de Bolívar a través de la Secretaría de Salud a lo largo de los 12 meses del año, que se contrataron con las ESE Hospital Universitario del Caribe, HUC, y ESE Hospital Local de Arjona y que solo se llevó a cabo a partir del 12 de julio de 2013 y su ejecución se inició en unos casos a partir de septiembre y en otros a partir de octubre de ese mismo año lo que frustró la garantía de su efectividad en favor de la población bolivarense y porqué para su suscripción, como dijo la CGR, no hubo acciones de mercadeo que pudieran determinar precios de referencia y construir una estructura de costos para cada una de las actividades contratadas y realizadas.

Es de resaltar que en el caso de la procesada exsecretaria de Salud de Bolívar, Ana María Álvarez Castillo, una prestigiosa oftalmóloga pediátrica de Cartagena, bajo cuya gestión ocurrieron los hechos señalados por la CGR,  era socia la también oftalmóloga Analith Barriga de Gossaín, esposa de Moisés Gossaín Rognini, hermano del exmadatario procesado Juan Carlos Gossaín Rognini