Luis Enrique Murillo, defensor regional del Pueblo, señaló que a lo largo y ancho del Chocó se están viviendo hechos de desplazamiento y confinamiento de poblaciones.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la situación que se presenta en el municipio de Bojayá?
LUIS ENRIQUE MURILLO: La situación actual es el reposicionamiento y la disputa de grupos armados ilegales, en especial del Eln, a través del frente Resistencia Cimarrón y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
El hecho más reciente de confinamiento que tenemos sucedió en el corregimiento de Pogue, una comunidad afrodescendiente que queda a tres horas de la cabecera municipal y donde hay aproximadamente 600 personas. Eso fue el 31 de diciembre. Se produjo este confinamiento por la incursión del grupo de las Agc en ese corregimiento.
ENS: ¿Desde cuándo ustedes empezaron a emitir alertas sobre esta situación?
LEM: La alerta más reciente es la 017 de 2019 y se emitió en abril. Nosotros la emitimos especificando al corregimiento de Pogue y a otras comunidades que, posteriormente a la emisión, han sufrido afectaciones humanitarias, han visto la vulneración de sus derechos.
ENS: ¿Cómo ha sido la respuesta del Gobierno a estas alertas?
LEM: Se han desarrollado múltiples espacios de concertación interinstitucional. La respuesta más evidente ha sido la presencia de Fuerza Pública, pero hemos venido insistiendo en la necesidad de desarrollar acciones de impacto integral. Es decir, las instituciones civiles de Estado, como el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, la Secretaría de Salud, la Unidad para las Víctimas y otras son las que tienen que atender y coordinar los planes de atención y de contingencia para las poblaciones en riesgo.
Hasta este momento, la Defensoría del Pueblo ha estado en el territorio acompañando, haciendo una presencia especial para este municipio con base en los riesgos que hemos advertido, pero todavía hay un vacío muy grande en cuanto a las instituciones del Estado.
La presencia de la Fuerza Pública no es suficiente para garantizar los derechos de corte social, económico y cultural que están careciendo estas comunidades.
ENS: Sabemos de esta situación en el corregimiento, ¿pero cómo se está viviendo en cabecera municipal de Bojayá?
LEM: Es una situación de zozobra por la presencia de ambos grupos ilegales. Tanto Agc como Eln llegaron tras la salida de las Farc del territorio. Las Farc tenían una presencia muy fuerte, hegemónica en ese municipio. Cuando salen las Farc en el año 2017 se desencadena una avanzada de esos grupos ilegales.
A partir de ese momento la Defensoría advierte esa situación y en los últimos meses reiteramos esa advertencia. Además hemos tenido que cursar diferentes oficios hacia el Gobierno, el Ministerio del Interior, porque muchos de los hechos que hemos advertido en las alertas se han consumado infortunadamente.
Cuestión territorial
ENS: ¿Cuáles son las razones del enfrentamiento entre estos dos grupos? ¿Narcotráfico, minería ilegal?
LEM: Básicamente es una cuestión territorial. El municipio de Bojayá articula todo el centro del departamento con la Costa Pacífica. El conflicto es por monopolizar ese territorio para las rentas legales e ilegales que de ahí se derivan.
Este municipio tiene unas complejidades. Es muy extenso. Tiene un territorio más grande que el departamento del Atlántico, por ejemplo. Es todo un reto para el Estado generar protección efectiva. Eso es lo que está pidiendo la Defensoría, que las medidas sean urgentes, pero que no se circunscriban solo a la presencia de la Fuerza Pública.
En el pasado muchas de esas familias perdieron miembros en la masacre de Bojayá, en 2002. Muchos de ellos han tenido personas desaparecidas. No pueden utilizar en su mayoría el territorio colectivo porque hay riesgo de explosivos. Han tenido épocas muy duras de victimización y en este momento siguen sufriendo la violencia.
ENS: ¿Cómo afecta esta situación a los menores de edad?
LEM: Es una de las cosas más complicadas. Sabemos que hay afectación principalmente en comunidades indígenas. En las alertas se ha expresado.
El tema de reclutamiento forzado de menores es una realidad. Cada vez más los padres deben sacar a los menores de sus comunidades. Es muy complicado. Las comunidades no se pueden quedar sin los menores que están en proceso de formación.
En esas comunidades los niños desde los nueve años asumen roles de mayores. Por ejemplo, hacen parte de la guardia indígena. Entonces sacarlos es dejarlas sin relevos generacionales y casi condenarlas a la extinción.
ENS: ¿En qué otras zonas del departamento del Chocó se están registrando hechos similares?
LEM: Tenemos avanzadas de estos grupos ilegales a lo largo y ancho del departamento.
En el año 2019 hubo una presencia muy fuerte en la subregión del medio y bajo Atrato, Bojayá, Riosucio. En estos dos municipios estamos hablando de 10.000 personas entre confinadas y desplazadas, pero también tenemos un desplazamiento de 12 comunidades indígenas en Juradó y el confinamiento era de alrededor 3.000 personas.
También en el Litoral de San Juan, al sur del departamento, tuvimos el desplazamiento de una comunidad indígena.
Hemos tenido emergencias a lo largo del año. Hace un mes en el municipio del Alto Baudó se presentó uno de los hechos más grandes de desplazamiento forzado. Alrededor de 4.000 personas. Estamos hablando de emergencias humanitarias a lo largo y ancho del departamento.
El reto es grande, pero tenemos que seguir acompañando las comunidades en el terreno. Las instituciones tienen que llegar al territorio, como lo hace la Defensoría del Pueblo. Que no solamente lleguen los soldados, sino que lleguemos allí como entidades de corte social, humanitario, para tener una atención integral, diferenciada, respetando las diferencias culturales que hay y como lo pide la Corte Constitucional. Una de las situaciones más graves es la instalación de explosivos en los territorios que no solamente causa el confinamiento y el posterior desplazamiento sino que impide el acceso a alimentos y que va minando la capacidad de resistencia de la población civil.