Un plazo de 10 días dio el Consejo de Estado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que depure todos los casos que tiene represados.

Según el Alto Tribunal, a la fecha esa Jurisdicción tiene por lo menos 6461 casos represados.

"Aún están en trámite las solicitudes radicadas en julio del año pasado (...) con corte al 21 de enero los registros pendientes de reparto aumentaron en 6461 casos". 

Frente a esto la JEP le explicó al Consejo de Estado que las demoras en el sistema radican en los precarios recursos técnicos y humanos que dispone la jurisdicción. 

“La única funcionaria encargada del reparto manual de las solicitudes es la secretaría judicial de la JEP, quien además tiene otras funciones asignadas”, señala uno de los apartes de la respuesta enviada por esta jurisdicción especial.  

Asimismo, el máximo tribunal señaló que la JEP deberá realizar un plan administrativo que debe priorizar las solicitudes de libertad de las personas que se acogen a la Jurisdicción; por su parte la Procuraduría también deberá hacer seguimiento a las acciones encaminadas a resolver la crisis.