Donald Trump decretará el “Estado de Emergencia” para conseguir 5.700 millones de dólares destinados a la construcción de los kilómetros de hormigón en la frontera. El problema es que la medida será impugnada, acortando su tiempo para poner el primer ladrillo

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EN 2016, como candidato, Donald Trump decía que sería “simple” construir el muro en la frontera de Estados Unidos con México. Y lo afirmaba porque en la década de los 60, cuando daba sus primeros pasos en el mundo inmobiliario, había sido reconocido como un “gran constructor”. “Será tan fácil”, decía en Carolina del Norte y, unos días después, en Florida, manifestaba “ni siquiera” me cabe “duda” que se construirá.

Dos años después de haber llegado a la Casa Blanca, el Presidente se ha dado cuenta que construir los miles de kilómetros fronterizos de hormigón ha sido todo lo contrario: un problema, irresoluble, de momento.

El jueves, tras dos semanas de haberse levantado el cierre del Gobierno “shotdown”, Trump, descontento por la Ley de Financiamiento aprobada por Republicanos y Demócratas el martes, hizo uso de una medida exclusiva para los presidentes norteamericanos, la “declaratoria de Emergencia Nacional”.

A pesar de que este escenario es visto como excepcional y unilateral, varios presidentes han declarado la emergencia para dotar al Ejecutivo de poderes extraordinarios durante el ataque de Pearl Harbor o los ataques terroristas de 2001 en Nueva York, escenarios que por ser intempestivos han obligado a los jefes de Estado a actuar de manera expedita, frontal y sin mediaciones con el Congreso.

Jimmy Carter, en 1979, invocó la “Emergencia” por la toma de rehenes norteamericanos en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, una situación que fue magistralmente llevada al cine por Ben Affleck en la película Argo. Esta medida, sin embargo, no solo se ha decretado en una guerra o ataque terrorista. Para enfrentar epidemias, fue implementada por Barack Obama, quien así se antepuso a la gripa H1N1 a través de poderes excepcionales.

La Ley de Emergencias Nacionales, de 1976, es la que faculta al presidente Trump a declarar ese estado, siempre y cuando haya emergencias “reales”. Este punto es debatible para varios sectores en Estados Unidos, ya que se entiende la inmigración ilegal más como un problema estructural y de política pública, que como una amenaza extraordinaria que requiere una acción inmediata, como el muro.

Para que quede en firme este estado de excepción, se necesita que la Corte Suprema -de mayoría conservadora- apruebe la medida por su excepcionalidad y necesidad, algo que sectores Demócratas ponen en duda, pero que no será un problema para los Republicanos por la composición del alto tribunal.

A la espera del fallo de la Corte, no es claro hasta qué punto Trump puede actuar para bloquear o limitar la entrada de todo aquel migrante que sea ilegal. Según USA Today, podría “suspender el ingreso de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada”.

Sí hay plata, no hay defensa

El problema del muro ha sido de plata. Es claro que su ampliación genera debates a nivel político y social, pero en los dos años que lleva la administración Trump la discusión ha girado sobre el financiamiento.

Para evitar un cierre del Gobierno, el martes tanto Demócratas como Republicanos asignaron 1.375 millones de dólares a la construcción del muro, que para Trump significó una suma muy baja, declarándose como “insatisfecho”.

El miércoles, con el haz bajo la manga de la “Emergencia”, Trump empezó a darle vuelo a esa idea. Dijo que necesitaba más dinero porque él “sí cumplía las promesas de campaña”.

El muro cuesta 5.700 millones dólares aproximadamente, monto que en su mayoría vendría de otros fondos asignados en el Presupuesto del Departamento de Defensa, ante la cuarta parte aprobada por el Congreso.

Según The Wall Street Journal, “la Casa Blanca está destinando $8 mil millones para construir o reparar hasta 234 millas de barreras fronterizas. Además de los US$1,37 mil millones para las barreras asignadas en la legislación de gastos aprobada el jueves, Trump apunta a desviar $3,6 mil millones en fondos de construcción militares y $2,5 mil millones de un programa de interdicción de drogas del Pentágono, así como $600 millones de un fondo de decomiso del Departamento del Tesoro”.

La desfinanciación de algunos proyectos militares ha caído mal en la bancada Republicana. Para el representante Mike Turner, principal miembro del Subcomité de Fuerzas Estratégica de los Servicios Armados, la medida es “un precedente peligroso”.

Es muy probable que la impugnación que seguramente presentarán los Demócratas sobre la “Emergencia Nacional” demore la aprobación de recursos y conlleve a que Trump no pueda cumplir su promesa de campaña de, al menos, poner el primer ladrillo en la frontera, golpeando su credibilidad ante su posible candidatura en las elecciones presidenciales de 2020.