Llegaron desde la zona bananera del Magdalena, de la alta montaña de los Montes de María, en Bolívar; desde las sabanas de Sucre; de las serranías del Cesar y las praderas desérticas de la Guajira, y desde las planicies resecas de la costa Caribe.

Tenían sus trenzas de herencia africana, batas de colores típicas de su ascendencia indígena wayúu, sombreros de labradores del campo y con sus verbos, historias e ilusiones de un mundo sin violencia.

Y llegaron para contar sus preocupaciones, sus temores y para aferrarse a la esperanza de vivir sus próximos días en paz. Eran más de 50 dirigentes indígenas y de las minorías étnicas que se dieron cita en Cartagena de Indias.

Los acompañaron, entre otros, el procurador General Fernando Carrillo; el presidente de la Comisión de Paz, Francisco De Roux, y el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, a quienes les dijeron que no desfallecerán en su empeño por consolidar la paz y la convivencia.

Se reunieron en hotel de Cartagena dispuesto con mesas de trabajo, lápiz y libretas de apuntes. Líderes campesinos, dirigentes comunales y universitarios, e integrantes de organizaciones sociales se congregaron para contar la situación por la que atraviesan en sus territorios tras la serie de amenazas desatada contra quienes trabajan por sus comunidades y por los derechos humanos y de reivindicación social.

En el ‘Encuentro por la vida, el esclarecimiento de la verdad y la no repetición’, organizado por el Ministerio Público y la Comisión de la Verdad, con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, se expusieron situaciones de riesgo y se esbozaron propuestas y rutas de solución para garantizar la vida y el trabajo de los dirigentes sociales.

El padre De Roux pidió colaboración para esclarecer la verdad y sentar un hecho histórico que contribuya a la no repetición del conflicto en el país. “Nosotros en la Comisión señalamos los caminos, pero no garantizamos la no repetición. Me aterra pensar que aquí quieren matar a la verdad”, afirmó.

Los líderes y lideresas alertaron que en algunas regiones se están presentando brotes de violencia y amedrentamientos que les hace recordar la crueldad de los tiempos de la guerra, que no quieren volver a vivir en sus territorios. Lo atribuyen a fuerzas oscuras que desean que no se sepa la verdad.

Preocupación

Durante la instalación del evento, el Procurador General expresó su preocupación por la sistematicidad en los casos de los atentados y de las amenazas contra los líderes sociales del país.

En ese sentido, dijo que del encuentro salieron varias propuestas de planes de seguridad y protección que serán analizados en una nueva cita que se realizará el 7 de febrero en El Carmen de Bolívar.

“Lo que falta en este país es diálogo social. Hay que entender lo que está ocurriendo en los territorios”, sostuvo Carrillo.

En el evento se conocieron testimonios y evidencias de las amenazas recibidas por líderes sociales del corregimiento El Salado, en El Carmen de Bolívar, y de otras regiones.

“Vemos con preocupación el diagnóstico de la situación de los líderes sociales en la Costa Caribe (...) Hay preocupación no solo por la sistematicidad de los atentados y las amenazas. Casi que en vivo tuvimos que experimentar una amenaza contra una de las personas que estaba en la mesa, es grave la situación”, dijo Carrillo.

El jefe del Ministerio Público reiteró que los programas de protección a los líderes deberían ser consultados con los afectados y no ser “una imposición unilateral del Estado”.

De otro lado, cerca de 800 víctimas acudirán al encuentro donde pedirán la prórroga de la norma –Ley 1448 de 2011-, la política pública de víctimas y las nuevas estrategias para fortalecer su seguridad. El evento será este viernes en la capital del país.