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EPM debe informar lo que sigue en Hidroituango

Bogotá
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EPM debe informar lo que sigue en Hidroituango
Foto archivo AFP

“Los expertos dicen que el río Cauca prácticamente se secó, y muchos expertos sostienen que es un daño irreparable”.

Con ese argumento, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, les abrió investigación disciplinaria a los miembros de la junta directiva y a algunos ejecutivos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que dirige el proyecto de construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango, y contra algunos funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Según el jefe del Ministerio Público, esta “catástrofe ambiental” cubre cuatro departamentos del país –Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar–, más de 20 municipios, 120.000 personas que han sido afectadas en sus derechos económicos, civiles y ambientales, y más de 20.000 familias y 35.000 pescadores.

Carrillo dijo que esta obra presenta ya un retraso de tres años de ejecución y un costo de recuperación superior a los $2 billones.

Por ello, le pidió al presidente Iván Duque que decrete la emergencia ambiental y ecológica, para hacerle frente al impacto de la tragedia.

“La magnitud del daño en términos económicos, sociales y ambientales ameritaría para el Gobierno nacional la declaratoria de emergencia ambiental con un paquete de medidas que considera el Ministerio Público solo podrían poner en marcha como es la recuperación y la restitución de derechos económicos, sociales y ambientales solo mediante medidas extraordinarias, y para eso debe ser la emergencia ambiental. Aquí con medidas ordinarias y con curas menores no vamos a reparar el daño ambiental que se ha causado”, afirmó el Procurador General.

 

¿Para qué sirve la declaratoria?

De acuerdo con el constitucionalista Juan Manuel Charry, la figura de la emergencia  económica, social y ecológica está establecida en el Artículo 215 de la Constitución Nacional y es la norma que le da transitoriamente al Presidente de la República facultades legislativas para dictar medidas de excepción.

“El efecto que produce el estado de emergencia ecológica es muy similar al de una emergencia económica: es una declaratoria que hace el Presidente de la República para poder expedir decretos con fuerza de ley para solucionar la crisis ecológica por hechos sobrevinientes como la situación actual de Hidroituango”, explica el experto.

Obviamente tanto el decreto de la declaratoria como los que posteriormente dicte el Jefe de Estado para atender la situación, pasan a control automático de la Corte Constitucional.

Ese estado de emergencia ecológica tendrá una duración de máximo 90 días (tres meses) prorrogables por un período similar, y si se requiere una tercera prórroga debe ser autorizada por el Congreso de la República, previa motivación justificada de la situación de emergencia y aceptada por las cámaras.

Con esas facultades, por ejemplo, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá adoptar medidas como: modificar competencias de las CAR, revisar el régimen de contratación, cambiar la Ley 99 de 1993 o Ley General Ambiental de Colombia que creó el Sistema Nacional Ambiental; modificar las competencias de las autoridades ambientales, modificar la Ley de Presupuesto para destinar más recursos para atender la emergencia, crear una entidad que se encargue del río Cauca, etc.

“No sé qué medidas pueda tomar el Gobierno pero las que tome serán medidas con fuerza de ley en cualquier sentido, y el Congreso puede modificarlas dentro del año siguiente a su expedición para convertirlas en normas permanentes”, aseveró Charry.

 

Las decisiones de Duque

El presidente Iván Duque presidió este lunes una reunión extraordinaria en el Puesto de Mando Unificado en Toledo (Antioquia) donde no se refirió a la solicitud del Procurador, pero anunció las primeras medias para atender la emergencia.

La primera, les pidió al Instituto Humboldt y a la Autoridad Nacional de Pesca (Aunap) “que acompañen el proceso de recuperación ambiental y ecológica derivado de la decisión del contratista -EPM- y el dueño del proyecto de los últimos días, con ocasión al cierre de la compuerta número uno”. Esto, dijo, “para garantizar una recuperación efectiva y ecosistémica”.

Asimismo, le ordenó a EPM que como contratista del proyecto, “le dé información clara al país de las siguientes etapas que se deben surtir para tener una estabilización y control integral del proyecto, de manera que el país esté debidamente informado de todas las decisiones que se van a tomar”.

El jefe de Estado agregó que la prioridad en este momento es “tomar todas las acciones que nos permitan proteger la vida de las personas que habitan la zona de influencia” del proyecto Hidroituango; proteger el ecosistema y garantizar el avance, la estabilización y la conclusión de un proyecto importante para la seguridad energética de la Nación.

Duque recordó que en lo que va de su administración se han realizado más de 28 Puestos de Mando Unificado en los que han estado presentes la Unidad de Gestión y Atención del Riesgo de Desastres y todas las agencias gubernamentales “trabajando de la mano el equipo técnico de Hidroituango, con el dueño, que es la Gobernación de Antioquia, y con el contratista, que es EPM”.

También le pidió al Sistema Nacional Ambiental que brinde todo su apoyo a la ANLA en la misión de monitorear y proteger todos los aspectos ambientales, labor en la que estarán integrados los esfuerzos con las CAR y el Ministerio de Ambiente.

 

Audiencia pública

La Procuraduría le pidió a la Superintendencia de Sociedades “revisar las decisiones técnicas, corporativas y societarias”, que se han tomado en EPM, pues dice que esta habría ocultado información importante sobre decisiones de fondo frente al proyecto. 

Igualmente, anunció para el 26 de febrero en Medellín una audiencia pública a la que están citadas todas las autoridades, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil y, en general, todos los afectados.

Será una especie de rendición de cuentas por parte de EPM donde se analizará el impacto ambiental, económico y social de las decisiones que se han tomado frente a este proyecto.

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