De todos los presuntos implicados, Diego Fernando Sepúlveda es el único preso. Los demás están libres.

La decisión del Juzgado 8 Penal del Circuito de Bogotá de declarar inocente al exasesor espiritual de la campaña ‘Zuluaga Presidente’ en 2014, es el último estertor de un proceso judicial que se mostró en su momento como la grave infiltración de la mafia en el propio Ministerio de Defensa, supuestamente para sabotear el proceso de paz con la entonces guerrilla de las Farc.

Para esa época, mayo de 2014, ya las conversaciones de paz en La Habana estaban muy avanzadas y la campaña política pasaba por su recta final. Para ese momento, otro escándalo de interceptaciones ilegales, la famosa ‘Sala Andrómeda’ descubierta en un café internet en el sector de Galerías y que involucró a varios altos rangos del Ejército, había cobrado la cabeza de dos altos oficiales: los directores de Inteligencia y el director de la Central de Inteligencia Militar.

Y vino entonces el escándalo del hacker más conocido hasta hoy en el país: Diego Fernando Sepúlveda, un experto en programas informáticos y esposo de una reconocida actriz de la televisión colombiana.

Sepúlveda fue contratado por la campaña de Óscar Iván Zuluaga, el candidato oficial del partido Centro Democrático, para manejar las redes sociales.

Pero según la Fiscalía de Eduardo Montealegre, en realidad lo que buscaba era sabotear el proceso de paz al obtener de manera fraudulenta infiltrar bases de información sensible de seguridad nacional.

De hecho, a Sepúlveda se le acusó de vulnerar las bases de datos de los guerrilleros que se iban a desmovilizar, y de espiar el correo electrónico del exvicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón.

El año pasado la fiscalía de Néstor Humberto Martínez tomó varias decisiones con relación al escándalo del hacker Sepúlveda. La primera, y tal vez más importante, es que descartó que se tratara de un montaje, como en su momento quiso hacerlo ver la campaña de Zuluaga, quien le restó credibilidad al video en el que aparece dialogando con el hacker.

Según la campaña ‘Zuluaga Presidente’, aún hoy considera que fueron infiltrados por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la Fiscalía de Montealegre y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Las decisiones

Actualmente son varias las decisiones que ha tomado la justicia frente a este, uno de los mayores escándalos de ‘chuzadas’ en el país.

Sepúlveda fue condenado a 10 años de prisión tras admitir cinco delitos, entre ellos espionaje, y está a punto de completar la mitad de la pena y permanecer recluido en la cárcel Picaleña de Ibagué. En dos años podría solicitar la libertad condicional.

El año pasado intentó ingresar a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para obtener beneficios judiciales, pero un juez le negó esa posibilidad.

El ecuatoriano Daniel Bajaña Barrangán, otro hacker señalado de ser el socio de Sepúlveda y quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía y fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por hacerles seguimientos electrónicos ilegales al exvicepresidente Santos, ya está en libertad hace dos años.

En desarrollo de las investigaciones, la Fiscalía vinculó al proceso a cerca de 10 oficiales de Inteligencia por ‘vender’ información reservada, aunque no trabajaban con Sepúlveda. Estas personas también ya están en libertad.

Mientras, el hacker español Rafael Revert, quien también trabajaba en la oficina de Sepúlveda, se convirtió en testigo clave de la Fiscalía y no fue procesado. Esta persona era muy cercana a la Dirección Nacional de Inteligencia.

El proceso contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, por su parte, fue cerrado por decisión del fiscal Martínez, por tanto la causa precluyó a su favor.

Sin embargo, el proceso contra su hijo, David Zuluaga, y quien fuera el Gerente de la Campaña en 2014, sigue abierto. En febrero de 2015 fue escuchado en interrogatorio desde Estados Unidos por los pagos que la campaña le hizo a Sepúlveda, y que no fueron reportados en las cuentas contables que se reportaron al Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde entonces, el proceso se paralizó.

Otro de los procesos que también fue archivado es el del almirante en retiro Álvaro Echandía, quien fue denunciado por la campaña uribista de 2014 señalándolo de varios delitos, entre ellos: soborno, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, perturbación en certamen democrático, abuso de autoridad de función pública y concierto para delinquir agravado.

Para su proceso la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección a las instalaciones de la DNI, que en ese momento regentaba el almirante Echandía. Pero la Fiscalía delegada ante la Corte concluyó que no había méritos para seguir adelante esa investigación.

Hoyos, el último eslabón

En esta cadena de acusaciones, señalamientos, condenas y exoneraciones, la semana pasada se sumó el caso de Luis Alfonso Hoyos, quien por entonces fuera el asesor espiritual de la campaña presidencial uribista.

Hoyos Aristizabal, que en la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez fuera director de la Alta Consejería Social y luego embajador ante la OEA, fue vinculado por Sepúlveda en una de sus declaraciones.

La Fiscalía le imputó los delitos de espionaje, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, acceso abusivo a sistema informático, uso de software malicioso y violación de datos personales agravada.

Pero la semana pasada el juez consideró que el ente acusador “no demostró la culpabilidad” del exfuncionario pues “no presentó evidencia” de la participación de Hoyos Aristizabal en las actividades ilegales adelantadas por el hacker Andrés Fernando Sepúlveda.

Hoyos anunció a través de su abogado que regresará a Colombia próximamente, mientras que el expresidente Uribe expresó su complacencia por la decisión judicial.

“Eso del hacker infortunadamente fue una creación del gobierno Santos, de Juan Manuel Santos y de la Fiscalía contra la campaña Zuluaga y contra quienes integramos el Centro Democrático”, dijo en sus redes sociales.