Un fuerte llamado a los alcaldes y gobernadores del país hizo la Procuraduría para que adopten medidas efectivas tendientes a proteger a los líderes sociales, que solo en los dos años que lleva la firma del proceso de paz con las desmovilizadas Farc van 446 asesinatos.

Al instalar la II Mesa por la Vida en el municipio de El Carmen de Bolívar, cerca de Cartagena, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, formuló reparos al Gobierno nacional, tanto el actual como a la anterior administración, pues dijo que “el Estado no estaba preparado para defender este liderazgo social”.

A los mandatarios locales y seccionales, el jefe del Ministerio Público les pidió atender las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, pues dijo que “ambas entidades trabajarán de manera articulada para conformar un cuerpo élite de seguimiento e investigación”.

De no acatar estas advertencias, les dijo, alcaldes y gobernadores serán investigados disciplinariamente.

“El Estado parece que no estaba preparado para defender el liderazgo social del país... Se nos están acabando las excusas a todos para decir por qué no hay acción y por qué no somos capaces de frenar este desangre”, afirmó Carrillo.

El funcionario dijo que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo “es una herramienta que hay que respetar, que hay que atender”, y fue tajante: “No podemos seguir mirando para otro lado. Entidades territoriales y/o entidades responsables que no atiendan integralmente las alertas tempranas serán investigadas”.

También formuló un vehemente llamado a la Comisión de Garantías de Seguridad para establecer una mayor frecuencia en sus reuniones, pues consideró que en esa instancia “se toman decisiones vitales para los líderes sociales”.

El mismo ejercicio también propuso a alcaldes y gobernadores para que inicien un “diálogo social permanente con líderes y lideresas”, y los instó a “romper el círculo de acción y convocatoria solo cuando se está al frente de la tragedia y se reportan los asesinatos.

“Falta una acción decisiva de los gobernadores y alcaldes como primeros responsables en los territorios, justo los lugares más peligrosos para ejercer liderazgo en Colombia. Es momento de parar esta masacre”, aseguró el procurador Carrillo, quien se lamentó de los pocos avances que se han evidenciado en la protección colectiva, preventiva, rural, con enfoque diferencial y de género de los líderes sociales, y pidió un mayor esfuerzo estatal, pues dijo que a los líderes comunitarios “los están matando por buscar romper las cadenas de los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Las zonas de las masacres coinciden con los nichos de los cultivos ilícitos y las rutas de narcotraficantes”.

Atender el SAT

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, instó a alcaldes y gobernadores, y en general a todas las autoridades municipales y departamentales, a “atender las alertas tempranas, que pueden salvar vidas”.

Y respaldó su afirmación con cifras: dijo que el 80% de los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos se presentaron en municipios advertidos en la Alerta Temprana 026-18.

El 83% de los homicidios fueron contra líderes de juntas de acción comunal, campesinos, indígenas y de comunidades negras de regiones como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó.

Estas son regiones que históricamente han sufrido la guerra, ahora se encuentran en proceso de implementación de acuerdos, pero siguen siendo zonas de disputa entre varios actores armados y tienen factores de pobreza y exclusión profundas, aseguró Negret.

Además indicó que de los 162 homicidios, 149 eran hombres y 13 mujeres; y que 48% estaban entre los 30 y 60 años, a tiempo que el aumento de homicidios coincidió con la época electoral en 2018, porque un 41% de los casos (71), ocurrieron entre mayo y agosto, época de la campaña presidencial.

Las cifras de la Defensoría muestran que los crímenes de estas personas pasaron de 126 en 2017 a 178 en 2018, un aumento del 27 %, y que en enero de 2019 se cometieron 15 más.

Y en cuanto a las amenazas, que en 2017 se denunciaron 270 individuales, aumentaron a 740 en 2018, para un incremento del 63,5 %. Además, se tuvieron 500 amenazas en contra de organizaciones sociales.

“Las alertas tempranas no son para controvertir ni para ser controvertidas. Después de emitir la Alerta Temprana N° 026-18, en marzo de 2018, fueron asesinados 162 defensores de derechos humanos y líderes sociales, la mayoría de ellos, en solo 99 municipios de todo el país”, concluyó el jefe del organismo de protección de los derechos humanos