Un grupo de  310 ex guerrilleros, ex paramilitares e, incluso, hasta de narcotraficantes confesos, envió una carta a las entidades creadas al amparo de la Justicia Transicional solicitando sean escuchados como aporte al esclarecimiento de la verdad de hechos cometidos en desarrollo del conflicto armado interno.

La misiva de tres páginas, que tiene como destinatarios a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas, está firmada por el autodenominado ‘Comité de Presos por la Verdad de Colombia’.

La comunicación es enviada desde la Penitenciaría La Picota, de Bogotá, que alberga a la mayoría de ex guerrilleros y ex paramilitares presos, aunque también está firmada por otros internos de las cárceles de Alta Seguridad de Cómbita; Máxima y Mediana Seguridad La Tramacua, de Valledupar; Rodrigo de Bastidas, de Santa Marta; Modelo y El Bosque, de Barranquilla; Máxima Seguridad de Itagüí y Cárcel Bellavista, en Bello.

“Manifestamos a ustedes nuestro deseo de contribuir a la paz total de la nación, acogiéndonos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, toda vez que hemos sido autores, testigos, y/o participantes activos de la guerra fratricida que tanto dolor, penas y víctimas le ha causado a nuestra sociedad a lo largo y ancho de nuestro territorio patrio”, señala un aparte de la carta.

Además, señalan que en este momento “su obligación es aportar sin temor, a la historia de Colombia y a la solución del conflicto, contribuyendo con confesiones, develaciones y señalamientos, sin escatimar nuestra responsabilidad”, y advierten que muchos de los firmantes no solo fueron victimarios, sino también víctimas, por lo que buscan que sus testimonios sean tenidos en cuenta para aportar a la verdad y esclarecer los hechos cometidos en el marco del conflicto armado.

Los internos le piden al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, que se desplace a La Picota para escucharlos “en donde encontrará la mayor acogida y nuestra total voluntad de aportar a la construcción de la paz total definitiva”.
“Consideramos –agrega la misiva– que no habrá conciliación completa, mucho menos reparación integral a las víctimas, si no damos a conocer públicamente el actuar delictual integral con responsabilidad individual y colectiva de nuestra parte”.

Y concluye: “De cara a las víctimas y a la sociedad, queremos aportar verdades, algunas ya conocidas, otras que han venido estando guardadas por mucho tiempo y que no se conocen en estrados judiciales ni extrajudiciales, para hacer realidad la reconciliación buscada, la reparación y la no repetición”.

La carta está firmada por ex guerrilleros de las Farc, el Eln y el Epl, y de bandas criminales como ‘los Rastrojos’ y algunos confesos narcotraficantes como Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo Lindo’.

Los efectos

El hecho de que la JEP decida escuchar a estas personas no significa ni que sean admitidos en esa jurisdicción, y menos que vayan a obtener beneficios judiciales.

En ese sentido, Humberto de la Calle, exjefe negociador del proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, explicó los retos que esta solicitud colectiva significa para la Justicia Transicional.

Por un lado, dijo, favorece a estas personas en caso de que sean admitidas por las JEP, pero por otro dijo que “se abriría una ventana a la congestión” pues muchas personas “van a entutelar argumentando que su caso está relacionado con el conflicto”.

De la Calle recordó en W Radio que en la JEP se establecieron tres líneas de acción: combatientes, agentes del Estado y terceros vinculados al conflicto “que es la línea más complicada por donde muchos criminales buscan colarse a la JEP”.