"El caso lleva más de 294 días en cabeza de la JEP, cuando las Constitución habla de 120 días”, criticó Néstor Humberto Martínez
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Una nueva crítica al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el caso de Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, hizo este miércoles el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
El jefe del ente acusador aseguró que el proceso se ha ido alargando "no exactamente por responsabilidad ni del Gobierno ni de la Fiscalía”.
"El caso lleva más de 294 días en cabeza de la JEP, cuando las Constitución habla de 120 días”, alegó Martínez.
Ante la propuesta de la JEP para verificar una posible libertad a Jesús Santrich, el fiscal Martínez aseguró que "las hipótesis que plantea esta sala de la Jurisdicción Especial de Paz no forman parte de las causales para excarcelar a una persona pedida en extradición".
¿Y la carta?
Por otro lado, el embajador de EEUU en Colombia, Kevin Whitaker, aseguró que el gobierno estadounidense no ha recibido la carta rogatoria de Colombia, con la solicitud de pruebas para sustentar el pedido de extradición de Santrich, por presunto narcotráfico.
"Hasta el momento no hemos recibido nada del gobierno de Colombia al respecto", dijo el diplomático estadounidense desde la base militar de Tolemaida, tras participar en el lanzamiento de la nueva política de seguridad del presidente Iván Duque.
Sin confirmar si las autoridades estadounidenses van a entregar dichas pruebas, el embajador agregó que se ha hecho "lo que se debe hacer bajo los términos del tratado de extradición". Agregó que "lo que damos es causa probable y hay una distinción legal, pero lo hemos indicado basado en el tratado".
Este martes, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró que ya se había enviado el documento con el auto a través del cual se piden dichas evidencias. “Ya las autoridades de ese país tienen conocimiento de que se amplió el plazo”, afirmó Borrero.
El lunes, la JEP prorrogó por 20 días el plazo para que EEUU envíe las pruebas requeridas en octubre pasado, con el fin de determinar con exactitud la fecha del presunto acto de narcotráfico en el que habría incurrido Santrich y por el que fue detenido desde abril de 2018.
Con estas evidencias, se lograría definir si el excomandante del desaparecido Bloque Caribe de la otrora guerrilla no debe ser extraditado y ser juzgado por la justicia transicional, o si su extradición le corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
Según lo pactado en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc en noviembre de 2016, si algún excombatiente cometía un delito con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 (fecha en que entró en vigencia el acuerdo) perdería los beneficios jurídicos del proceso de paz y sería juzgado por la justicia ordinaria.