El decreto que prohíbe el porte de dosis personal de drogas se puede quedar corto frente a las dimensiones del microtráfico, consideró la fundación Insight Crime en un informe redactado por Juan Camilo Jaramillo en colaboración del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado.

En su análisis, Insight Crime expuso que “para hacerle cara al creciente consumo que ha presentado el país, la política contra las drogas debería plantear una estrategia integral que incluya los temas de prevención, educación y tratamiento frente al consumo”.

El planteamiento fue publicado la semana pasada pocos días después de que un nuevo documento revelara que las estrategias para reducir el consumo de drogas en Colombia no han sido eficientes mientras que el negocio del microtráfico saca ventaja de esta situación y aumenta sus clientes.

Se trata de un informe titulado “La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década”, en el que el grupo de Acciones para el Cambio, conformado por 10 organizaciones colombianas, evalúa detalladamente los avances del país sobre las metas trazadas en los últimos 10 años y formula unas recomendaciones para el Gobierno nacional.

Según señala el informe, “el balance general muestra que aunque la política de drogas ha consumido más de $20 billones, los problemas de gobernabilidad y construcción de Estado, así como las respuestas adecuadas al consumo, siguen siendo una deuda pendiente”.

De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social, la evolución del consumo por año de sustancias ilícitas en Colombia aumentó de 1,6% en 1996 a 2,7% en 2008 y a 3,6% en 2013 (último registro de este estudio). Ante estas alarmantes cifras, el documento hace un llamado de atención al nuevo enfoque propuesto por el actual gobierno, el cual parece estar tomando un camino diferente al que se venía trabajando en la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la desmovilizada guerrilla de las Farc.

En ese sentido, se advierte una transición de lo pactado en La Habana, donde el consumo debía ser considerado como asunto de salud pública bajo un enfoque de derechos humanos, hacia una política que endurece la respuesta del Estado frente al consumidor. Dicha transición refleja la discontinuidad de una política sólida en contra del consumo de drogas y un distanciamiento de los lineamientos propuestos por Naciones Unidas.

Con base en el citado informe, Insight Crime recuerda que a nivel internacional Colombia es identificada como un país productor en términos de drogas ilícitas, aunque el Departamento Nacional de Planeación (DNP) subraya que el país pasó en los últimos siete años a ocupar el cuarto puesto en Suramérica en consumo de cocaína y marihuana.

Colombia ha visto una transformación en la naturaleza de sus actores armados que ha permitido la propagación narcomenudeo en todo el territorio nacional. Pasó de ser un país donde el negocio del narcotráfico estaba monopolizado por los grandes carteles, a tener una fragmentación de organizaciones armadas y democratización en la producción y venta de estupefacientes.

La tendencia en el incremento de consumo de drogas ilícitas expuesta en el informe del grupo de Acciones para el Cambio, está directamente relacionado con el aumento de las rentas del narcomenudeo según el DNP. Para 2015, el negocio del microtráfico generó $6 billones de ganancias para las estructuras criminales, lo que representa un 0,75% del Producto Interno Bruto (PIB). Para ese mismo año, cerca de 1,5 millones de personas fueron asociadas a la adquisición de sustancias ilícitas.

En términos de rentabilidad, producir 1 kilogramo de cocaína en Colombia cuesta aproximadamente entre $6 millones y $9 millones. Este valor aumenta de manera importante en el mercado interno. De acuerdo con el estudio del DNP publicado en 2016, las organizaciones criminales pueden obtener ganancias de más de 1.500% por vender drogas al menudeo. El narcomenudeo permite bajar la pureza del producto original para aumentar su rendimiento.

Otro gran atractivo para los grupos criminales es que el microtráfico evita exponerse a los riesgos del tráfico internacional de estupefacientes.