Los miembros de la comisión accidental que debe presentar un informe sobre las seis objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ya fueron nombrados en la Cámara, quedando pendientes los del Senado.

La subcomisión de la Cámara la integran los representantes Juanita Goebertus (Alianza Verde), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), David Racero (Lista de la Decencia), Carlos Ardila (Partido Liberal), Jaime Felipe Lozada (Partido Conservador), José Daniel López (Cambio Radical) y John Jairo Cárdenas (Partido Social de Unidad Nacional (La U).

Al cierre de esta edición, en el Senado todavía no se habían nombrado los integrantes de la subcomisión.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, explicó que las dos comisiones estudiarán las objeciones y presentarán un informe. Cada plenaria decidirá sobre el informe, si lo aprueba o lo niega. La votación válida deberá ser por mayoría calificada, es decir la mitad más uno de los miembros de cada corporación. Si el Senado y la Cámara acogen las objeciones el proyecto podrá ser sancionado como Ley de la República, con los cambios incorporados.

Si una de las dos corporaciones desaprueba las objeciones, dice la norma según expuso el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, el proyecto deberá archivarse, aunque algunos juristas consideran que en el último caso solo se archivarían los artículos objetados por el Presidente de la República y no todo el proyecto.

El trabajo de las subcomisiones no copará la agenda legislativa, aseguró Macías.

“Yo garantizo que va a ser muy rápido, inclusive vamos a recuperar todo el tiempo que se perdió en la Corte Constitucional”, sostuvo en diálogo con Blu Radio, anotando que “las objeciones son el paso más abreviado que pueda existir en el trámite del Congreso. ¿Por qué? Se nombra una comisión accidental y esta estudia las objeciones”, así que “no interfiere el trabajo de las plenarias”.

Macías ha manifestado que “por mandato constitucional el Congreso de la República tiene la facultad y la obligación de tramitar las objeciones a un proyecto de ley. Entre las ramas del poder público debe existir respeto, independencia y colaboración armónica; pero nunca temor reverencial”, llamando la atención sobre que “quienes en el pasado reciente defendían la soberanía del Congreso, hasta para desconocer la voluntad popular (plebiscito) con una simple proposición, hoy tratan de amedrentar a los congresistas, por cumplir con el deber de tramitar unas objeciones”.

Acuerdo político

Sin embargo, el senador Germán Varón, de Cambio Radical, no fue tan optimista como Macías: “Ojalá fuera como dijo el Presidente y lo acogiera el Congreso, pero no lo veo posible”.

Varón consideró “que va a ser difícil, por la serie de discursos sobre el proceso de paz y sobre la posición de cada partido. Creo que necesariamente va a demandar mucho tiempo”.

El fin de semana, el ex vicepresidente Germán Vargas, líder natural de Cambio Radical, explicó que en la bancada de esa colectividad en el Congreso, “un sector cree que se deben acoger” las objeciones presidenciales “pues las encuentra entradas en razón, pero el otro piensa que, más allá de las razones jurídicas o de conveniencia, existe una agenda para debilitar y aun acabar el Acuerdo de Paz y en la que las objeciones no son más que la punta del iceberg. Adicionalmente, sostiene que lo conveniente es sancionar la ley estatutaria y, en el acto legislativo que el propio Gobierno anunció, llevar la discusión sobre los cambios que se están proponiendo”.

“Yo, francamente, espero que pronto se tome una decisión unificada de la bancada”, expresó.

Entre tanto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, busca un acuerdo entre los partidos para que se aprueben las objeciones.

“Yo creo que si se hace un análisis juicioso sobre los argumentos que tuvo el presidente Iván Duque para la objeción del proyecto de ley, se va a entender claramente que la intención del Gobierno es que no quede ninguna posibilidad de que haya impunidad o repetición de los hechos que quedaron cerrados con el acuerdo de La Habana”, señaló.

Ayer, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez declaró que “la JEP es un hecho y continuará funcionando. No se busca acabarla sino mejorarla. Estamos convencidos en el Gobierno de la fuerza y la legitimidad que genera la colaboración armónica de los tres poderes. Juntos, la Rama Ejecutiva, el Congreso y la Corte Constitucional podremos reformar y diseñar una Jurisdicción Especial para la Paz que asegure a todos los colombianos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición”.

Para Ramírez, “la principal motivación es cumplirle a quienes han escogido la ruta de legalidad y están en el proceso de sometimiento a la justicia especial de tal manera que no existen motivos para que duden del compromiso del Gobierno nacional en respetar la separación de poderes, el funcionamiento de la JEP y no caer en el juego de quienes afirman que hay enemigos de la paz”.

Marchas contra las objeciones

Movilizaciones en varias ciudades del país se registraron por convocatoria de los partidos de oposición y otros sectores sociales para protestar en contra de las objeciones presidenciales a la JEP.

“Lo que queremos es que el Gobierno nacional recapacite y deje continuar el proceso de paz, que siga su curso (...) para evitar el derramamiento de sangre que hay en el país”, dijo Tirson Panesso, miembro de la Asociación de Afrodescendientes Desplazados que participaba en la protesta.

Asimismo, Ángel Alvarado, quien caminaba con la delegación del partido Farc hacia la Plaza de Bolívar, indicó que “traicionar el acuerdo, traicionar la JEP, es traicionar al pueblo colombiano. Pedimos que se lleve a cabo lo firmado (...) que no nos apuñalen el corazón del acuerdo”.

“No vamos a permitir que nos arrebaten esta oportunidad que tenemos como generación de vivir en paz”, aseguró Yesenia Moreno, estudiante de psicología de 27 años. /AFP

Acalorada audiencia con las víctimas

Una acalorada audiencia con las víctimas de las Farc se adelantó en el Salón de la Constitución del Capitolio, por convocatoria de la Comisión de Paz del Congreso.

Por una parte, se registró un altercado entre el abogado Sergio Alzate, integrante de la Federación de Víctimas de las Farc, con la representante Ángela María Robledo, de Colombia Humana, en la que también se vio involucrada la exsenadora liberal Sofía Gaviria, representante de la misma fundación.

Pero el plato fuerte fue la Corporación Rosa Blanca, la cual presentó una relación de los ex comandantes de las Farc, que serían responsables de violaciones y abortos: el presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño, tendría 14 supuestos casos de reclutamiento forzado, seis de aborto y tres de violación; e ‘Iván Márquez’, nueve supuestos casos de aborto, dos de violación y siete de reclutamiento forzado. Los congresistas Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, ‘Romaña’ y Pastor Alape también tendrían un gran número de señalamientos.