Una solicitud de la Veeduría Ciudadana Nacional de Recursos Sagrados que tiene como objetivo que la Contraloría General de la República (CGR) desplace transitoriamente de su competencia a las contralorías territoriales que vigilan 12 hospitales departamentales que tienen irregularidades en los manejos económicos, fue admitida por el jefe del máximo órgano de control fiscal del Estado, Carlos Felipe Córdoba.

La aceptación se dio luego de analizar el soporte legal de tal petición, en donde la oficina jurídica de la CGR dio su visto bueno para que el Contralor General admitiera y autorizara este control excepcional sobre los recursos propios aportados a los hospitales públicos.

De acuerdo con el requerimiento, los hospitales que serán auditados por la Contraloría delegada para el sector social, afrontan problemas que en su mayoría tienen que ver con pagos pendientes de Empresas Sociales del Estado Prestadoras de Servicios de Salud (ESE) públicas y privadas, las cuales además, han tenido reiteradas denuncias sobre manejos inadecuados, lo que ha ocasionado el cierre precipitado de las mismas o su intervención.

Las entidades de salud que tendrán dicho control son 12 en 11 departamentos del territorio nacional y que corresponden a los niveles tres y cuatro, entre las que se encuentra el ESE Luis Ablanque de la Plata, en Buenaventura (Valle del Cauca), Lacario Barbosa Avendaño, en Acandí (Chocó), Alejandro Próspero Reverend, en Santa Marta (Magdalena), el Hospital Departamental San Francisco de Asís, en Quibdó (Chocó), Clarence Lynd Newball, en San Andrés, San Jorge de Pereira (Risaralda), San Jerónimo de Montería (Córdoba), Universitario de Santander (Santander), Universitario de Sincelejo (Sucre), San Rafael de Girardot (Cundinamarca) y el Hospital Universitario del Valle (Valle del Cauca).

De acuerdo con la Contraloría, la inspección excepcional se aplicará sobre las vigencias 2016 a 2018, debido a que, de conformidad con la Ley 610 de 2000, no ha operado la caducidad y son susceptibles de control”.

Según el solicitante de este control, la Veeduría Ciudadana Nacional de Recursos Sagrados, se dio “ante la falta de acciones que evidencian una correcta ejecución de los rubros del Sistema de Salud por parte de quienes los administran, es imperante el control excepcional de la Contraloría General de la República”.

Asimismo, su petición de control se basa en cuatro argumentos que tienen que ver con la grave crisis del sistema de seguridad social en salud en Colombia, “como producto de los presuntos malos manejos e irregularidades en la administración de los recursos provenientes del sistema de salud”.

Además, que dichas irregularidades generan partidas del Presupuesto General de la Nación, lo que según la veeduría trae desfinanciamiento del Estado y provoca un hueco fiscal.

Se dio además, “ante la falta de acciones que evidencian una correcta ejecución de los rubros del Sistema de Salud por parte de quienes los administran, es imperante el control excepcional de la Contraloría General de la República”.

Argumentó el alto nivel de endeudamiento de las EPS privadas y públicas con los hospitales departamentales, lo que ha generado un detrimento patrimonial en los mismos, debido a la ausencia de pagos por los servicios que han prestado en favor de las EPS y sus afiliados.