Con una serie de pruebas que ordenó realizar el Consejo de Estado inició el estudio de fondo de una demanda a la elección en marzo del año pasado del Senado, para el periodo 2018 – 2022, por una serie de irregularidades que se habrían presentado, la cual cobija a los 102 parlamentarios que obtuvieron la curul por la vía del voto.

En la actualidad hay cinco escaños más en esta Corporación que no se escogieron en las urnas, pues cuatro corresponden a integrantes del Partido Farc en virtud de los acuerdos de paz y la restante la ocupa Gustavo Petro porque quedó segundo en las pasadas elecciones presidenciales.

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió en agosto pasado esta demanda de nulidad de la elección de los senadores del actual periodo, la cual fue radicada por el abogado José Manuel Abuchaibe Escolar en su nombre propio, en el del partido Opción Ciudadana y del señor Oswaldo Ferri Ortiz.

Los cargos presentados por el accionante se concentran en supuesto fraude electoral consistente en “inflar el total de votantes en las actas de escrutinios con el fin de justificar una mayor votación a favor de determinado candidato o partido político”, respecto de 816 mesas demandadas.

También fraude en los puestos de votación con biometría respecto de 781 puestos de votación.

Adicionalmente fraude consistente en presentar un candidato inhabilitado para sumar una votación producto de un engaño, que no permite que otros candidatos que sí cumplen con los requisitos de ley puedan ser elegidos, respecto de 915 mesas de votación.

En agosto pasado, la magistrada ponente, Lucy Jeannette Bermúdez, dispuso correr traslado de algunas medidas cautelares como fue mantener la cadena de custodia de todos los documentos electorales correspondientes a la elección de senadores de la República para el periodo 2018-2022, hasta tanto se terminen los procesos judiciales que se adelanten.

Igualmente se ofició al Consejo Nacional Electoral para que se abstenga de producir un acto administrativo cancelando la personería jurídica del Partido Opción Ciudadana por no haber alcanzado el 3% de los votos válidos obtenidos en el territorio nacional para Senado o Cámara de Representantes.

Las pruebas que ordenó realizar la magistrada ponente buscan determinar si efectivamente se presentaron diferencias entre el total de los votos por partido respecto de la suma de los votos por candidatos y votos por la lista del mismo partido en el formulario E-14.

Además el Consejo de Estado estudiará si hubo fraude al momento de presentar un candidato inhabilitado para sumar una votación “producto de un engaño, que no permite que otros candidatos que sí cumplen con los requisitos de ley, puedan ser elegidos”.

También el alto Tribunal revisará posibles irregularidades en la designación de jurados de votación, también posibles irregularidades y fraude en los sistemas de votación con autenticación biométrica.

En febrero de 2018 el Consejo de Estado falló a favor del Partido MIRA una demanda que  presentó contra la elección del Senado de la República en 2014 por considerar que hubo irregularidades en las votaciones, escrutinios y registros de los sistemas de información electoral.

Ante esto fueron anuladas las curules de los senadores Rigoberto Barón (Centro Democrático), Teresita García (Opción Ciudadana) y Roberto Ortiz (Partido Liberal), las cuales fueron ocupadas por los integrantes de MIRA: Carlos Baena, Gloria Stella Díaz y Manuel Virgüez.