Óscar Barreto es investigado por supuesta injerencia en elección de alcaldes en consejo directivo de Cortolima. 

La Procuraduría General de la Nación abrió ayer investigación disciplinaria al gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, por su presunta injerencia en la elección de los alcaldes como integrantes del consejo directivo de Cortolima.

Además el Mandatario regional afronta un juicio en la Corte Suprema de Justicia por irregularidades que se habrían presentado, durante su primer gobierno en este departamento, en la suscripción de un contrato con el Convenio Andrés Bello para la dotación de infraestructura tecnológica para instituciones educativas de diferentes municipios de esta región.

En el caso de la investigación que acaba de iniciar el Ministerio Público al gobernador Barreto, se busca establecer si este ejerció o no presión sobre los miembros de la asamblea de Cortolima para la elección de los alcaldes que harían parte del consejo directivo de dicha entidad, para el periodo 2018-2019.

El ente de control decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La Procuraduría indicó que el Gobernador podrá ser escuchado en versión libre.

El pasado 25 de marzo fueron elegidos los alcaldes de Anzoátegui, San Antonio, Rioblanco y Honda para participar de la Junta Directiva de Cortolima. En su momento se rumoró que esta elección fue producto de un acuerdo promovido por el sector del barretismo del Partido Conservador en este departamento, y en el cual habrían participado Cambio Radical y parte del uribismo.

En septiembre de 2017 la Fiscalía acusó al gobernador Óscar Barreto por los delitos de peculado por apropiación agravado, prevaricato por omisión y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, por las irregularidades que se habrían presentado en un contrato con el Convenio Andrés Bello para la dotación de infraestructura tecnológica para instituciones educativas de diferentes municipios de esta región del país.

Por estos mismos hechos fue entonces vinculado el exgobernador de este departamento, Fernando Osorio Cuenca, quien junto con Barreto fue acusado por la Fiscalía ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Según la Fiscalía, Barreto y Osorio están involucrados en posibles irregularidades en la suscripción, administración y ejecución de un convenio de cooperación y asistencia técnica internacional realizado en 2007 entre la Gobernación y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello.

El contrato en cuestión por $2.000 millones fue firmado por la administración de Fernando Osorio Cuenca, quien gobernó el departamento entre 2005 y 2007, con el Convenio Andrés Bello para la dotación de materiales educativos a las escuelas del Tolima.

En 2009 fue presentada una denuncia por este contrato alegando que no se cumplió a cabalidad ni se llenaron los requisitos legales en su suscripción, sin embargo el caso revivió a finales de 2016 en el Tribunal Superior de Bogotá, vinculando al exgobernador Osorio Cuenca.

El actual gobernador Óscar Barreto fue vinculado a esta investigación porque en su primer periodo elegido al cargo (entre 2008 y 2011) fue renovado el contrato con el Convenio Andrés Bello.

Al respecto el Tribunal Superior de Bogotá señaló que aunque en esa época el gobernador Barreto fue enterado de la denuncia contra este convenio, la Gobernación del Tolima no  hizo la vigilancia suficiente para proteger los recursos.

De acuerdo con la Fiscalía, entre las irregularidades del convenio está que no se habrían cumplido los requisitos legales, se habría permitido la apropiación de recursos por parte de terceros y, cuando no se cumplió a cabalidad el objeto del mismo, se habría intentado liquidar unilateralmente, por el actual Gobernador, sin los requisitos necesarios para ello.

La acusación contra Osorio se da por supuestas irregularidades por la tramitación y la suscripción del convenio, con un peculado que alcanzaría los $1.300 millones; mientras que la de Barreto es por la liquidación del mismo y un supuesto peculado de $350 millones.