Se habla de titulación supuestamente irregular de miles de hectáreas de baldíos, propiedad del Estado
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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) apenas ha sido aprobado en su primer debate, pero ha sido objeto de fuertes controversias, al punto de que antes de su discusión en las Comisiones Económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes se denunció que el proyecto de norma tenía varios ‘micos’.
Sin embargo, para presentar la ponencia del primer debate, la coordinadora de ponentes, María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, le dijo a EL NUEVO SIGLO que todos esos temas polémicos ya habían sido superados, de ahí que el Plan fue aprobado sin mayores reparos.
Pero ahora, cuando el ‘Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad’ se jugará su suerte en las plenarias de ambas corporaciones, le han aparecido otras proposiciones que levantan suspicacias.
Para la muestra, el senador del Polo Democrático Wilson Arias, considera que tres proposiciones presentadas por el Centro Democrático y otros partidos cercanos al Gobierno constituyen una verdadera “contrarreforma agraria”.
Arias advierte que de manera subrepticia se pretenden legalizar “millones de hectáreas” de terrenos baldíos, que son propiedad del Estado y que han sido ocupadas y usufructuadas de manera ilegal por campesinos pobres quienes no tiene título de propiedad.
Lo más grave, según la denuncia de Arias, es que a través de tres nuevas proposiciones que serán estudiadas en las plenarias de Cámara y Senado, “se busca legalizar la apropiación de grandes cantidades de terrenos baldíos y la usurpación de cualquier terreno mediante unos requisitos mínimos”.
En su cuenta de Twitter, el senador Arias denunció que se está “reactivando un ejército antirrestitución de tierras” y un ‘mico’ intenta meter en el PND “una contrarreforma agraria, validando la ocupación ilegal de baldíos”.
Arias agrega que habría “https://twitter.com/wilsonariascotro súper ‘mico’, de lo peor: quieren blanquear todas las tierras mal habidas del gran capital, quitándoselas para siempre a los campesinos pobres”.
Una de las tres proposiciones a las que se refiere Arias Castillo propone incluir un artículo nuevo a la Ley 160 de 1994, para permitir que todas las actuaciones antes de la vigencia del PND queden legalizadas.
“Lo que propone esta norma es nada menos que un borrón y cuenta nueva en la legalización de los baldíos ocupados ilegalmente”, sostiene.
Y recuerda que desde 1882 el Legislativo prohibió adquirir tierras baldías a través de la figura de la prescripción, también denominada jurídicamente usucapión, que en 1991 adquirió rango constitucional en el Artículo 63 de la Carta Magna.
“Seguridad jurídica”
Para el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, lo que se busca incluir en el PND no es un ‘mico’, sino una norma “que permita hacer claridad y ofrezca seguridad jurídica a todos los colombianos que amparados en varias leyes de antes de 1994 podían adquirir los baldíos a través de la prescripción o la explotación”.
Ramírez también desmiente que se estén tratando de “generar espacios para ilegales, despojadores, paramilitares o guerrilleros. Esta es una solución que requieren muchos campesinos colombianos tenedores de menos de 10 hectáreas. Lo que buscamos es unificar las normas con las sentencias de la Corte y que quede todo claro y sin cabida a interpretaciones erróneas”.
En ese sentido, el congresista del Centro Democrático explica que según el estudio que ha realizado su despacho, han sido identificadas más de 1.600 sentencias que no hacen claridad sino que, por el contrario, perjudican sobre todo a los pequeños campesinos tenedores de terrenos inferiores a 10 hectáreas.
“Dese 1936 con la Ley 200, luego la Ley 135 de 1966 y después la Ley 30 de 1988, se aclaraba que personas que explotaran sus bienes inmuebles podían adquirir su propiedad a partir de la prescripción. Pero la Ley 160 de 1994 no otorga propiedad de bienes baldíos a través de la prescripción”, recordó el parlamentario.
Y aclara que esta nueva norma, si se aprueba en el Congreso, “no es para nuevos poseedores de tierras que quieran apropiarse de terrenos baldíos sino para personas que ostenten la posesión de sus bienes por más de 30 años; en muchos casos son pequeños campesinos con menos de 10 hectáreas, que no pueden considerarse terratenientes”.
Ramírez concluye que para darle claridad al tema, en el Congreso se integró una subcomisión que estudiará esas proposiciones, de la cual forman parte voceros de todos los partidos políticos.
No obstante, el senador Arias recordó un estudio de la Universidad Nacional según el cual en más de 12.000 casos de procesos de restitución de tierras, 72% corresponde a grandes extensiones de terreno.
Boquete a la usurpación
En la polémica entró a terciar el representante por Bogotá, David Racero, de la Lista de la Decencia, quien expresó que lo planteado en el Plan de Desarrollo “es muy grave”.
Lo que el senador Ramírez está proponiendo –asegura Racero– no es solamente la adjudicación de baldíos que no están en uso y que pertenecen al Estado.
“Una cosa es la adjudicación de esos baldíos, figura que ya está en la ley y que beneficia a personas en condición de vulnerabilidad, a los desplazados, etc. Y otra cosa es la prescripción, que es lo que se busca con estas tres proposiciones del Centro Democrático para que se les dé legalización a miles de hectáreas de tierra que han sido ocupadas de manera indebida, es decir legalizar dándoles la carta de propiedad a personas que ya estén usando terrenos baldíos que son del Estado”.