La Fuerza Pública reforzó su presencia en varias regiones del Valle y el Cauca, para evitar nuevas alteraciones como las ocurridas en los últimos días en Cali, Jamundí y Popayán
Para ello, además de las medidas adoptadas la semana pasada en Cali, se tomaron nuevas decisiones para el caso de Popayán donde se registran los hechos más graves hasta ahora registrados en desarrollo de las protestas por el paro nacional.
Por esa razón, y con base en información de seguridad que apuntaría a que en los próximos días se registrarían nuevos hechos vandálicos, fueron destinados seis secciones del Esmad y tres pelotones del Ejército para la capital del Cauca.
Son 554 policías y 300 hombres del Esmad que entrarán a reforzar la seguridad de la ‘Ciudad Banca’ previendo nuevos ataques a instalaciones oficiales como los del fin de semana.
Y es que los organismos de Inteligencia analizan diferentes versiones que apuntan a que los hechos de orden público que en los últimos días han afectado a varias regiones en el Valle del Cauca estarían siendo promovidos por los carteles del narcotráfico que operan en el sur del país, en particular en el departamento del Cauca.
El ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, explicó el sábado pasado, tras los disturbios en la ciudad de Popayán donde fueron destruidas una URI de la Fiscalía General de la Nación, la sede de Medicina Legal y afectados otros edificios de entidades públicas, que estos fueron promovidos por las disidencias de las Farc.
Por ello, el ministro no dudó en calificar los hechos como “terroristas”, y agregó que ya se tiene identificados a algunos de los partícipes de estos atentados.
Molano aseguró que se trata de ataques “premeditados y organizados porque en dos ocasiones anteriores ya lo habían intentado sin éxito”, Incluso, dijo el funcionario que fueron atacados justamente la URI y la sede de Medicina Legal porque, de fondo, lo que se buscara era “afectar el desarrollo de la justicia” pues en esos despachos reposaban investigaciones relacionadas con crímenes, narcotráfico porte de armas y otros delitos graves que se venían desarrollando en Valle y Cauca sobre organizaciones criminales y los carteles de la mafia.
En esos despachos se desarrollaban investigaciones sobre crímenes de organizaciones criminales, además de 38 procesos contra personas de ELN y Farc, que habían ejecutado acciones terroristas en el departamento del Cauca.
Muestra de que estos ataques nada tiene que ver con las manifestaciones del paro nacional es que no solo vandalizaron esos despachos públicos sino que de la sede de la Fiscalía de donde fueron robadas 50 armas, entre ellas 15 fusiles.
“Aquí no solo se atentó contra la institucionalidad, sino había una organización criminal que buscaba destruir una de las instituciones de justicia que estaba detrás de estas organizaciones criminales”, aseguró el ministro.
A lo anterior se agrega que la Policía del Cauca reveló que en las últimas horas fueron encontrados en diferentes allanamientos explosivos no convencionales con los que al parecer se pretendería atentar contra la Fuerza Pública y contra instalaciones estatales.
Se trata de objetos como piedras que son forradas con pólvora negra y material de metralla (tornillos, puntillas, estopines, etc.), que al hacer ser arrojadas con fuerza y hacer contacto con una superficie estalla y pueden ocasionar un incendio y hasta segar vidas humanas, porque semejan una granada de fragmentación artesanal.
“Son artefactos explosivos no convencionales, muy letales, que pueden desde causar incendios hasta quitarle la vida a cualquier persona”, reveló la Policía Nacional.
El ministro Molano, a nombre del Gobierno nacional, les pidió a los organismos de investigación que le den prioridad a casos como el de la adolescente de 17 años que al parecer se quitó la vida en confusos hechos luego de ser retenida en la URI de Popayán donde supuestamente habría sido abusada sexualmente, y el del joven Sebastián Quintero Múnera, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Informática del Colegio Mayor del Cauca, quien murió en un hospital tras ser herido en el cuello con un artefacto explosivo.
Gobernador pide precisiones
No obstante, el ministro dijo que ya se tienen identificados y ubicados a algunos de los autores de los hechos criminales en Popayán, entre ellos los cabecillas alias ‘Andrés’, 'Cheto', y 'Maíz', por quienes ofreció una recompensa de hasta $50 millones por su captura.
Sin embargo, este domingo fue el propio gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, quien le salió al paso al ministro de Defensa al pedirle claridad sobre presuntos autores de vandalismo en Popayán.
Según el mandatario seccional, el ministro mencionó como alias de los supuestos enlaces de las disidencias los apodos de reconocidos líderes sociales de la región.
Según el gobernador, estas declaraciones provocaron el rechazo de la ciudadanía caucana, porque “se trata de líderes sociales reconocidos en la región”, lo que generó malestar entre la comunidad indígena.
Por ello, el Gobernador pidió “garantías para estos líderes y que se cumpla con los preceptos legales del debido proceso”.
Recompensa por Jamundí
Mientras tanto, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció una recompensan de $50 millones por información que permita ubicar y capturar a los responsables de incendiar la Alcaldía y el Concejo de Jamundí.
“Esta recompensa es por información que permita dar con el paradero de quienes destruyeron dos instituciones que representan la democracia de nuestro país, de nuestro departamento y nuestra querida Jamundí”, dijo la mandataria seccional.
Los organismos de inteligencia analizan decenas de cámaras de seguridad ubicadas en edificaciones contiguas a los edificios públicos afectados tanto en Jamundí como en Popayán para individualizar a los responsables.
Mientras tanto, en el municipio de Jambaló, Cauca, un uniformado resultó herido tras un hostigamiento armado a la estación de Policía. En la refriega al parecer varios integrantes de las disidencias de las Farc habrían resultado heridos.
Desabastecimiento
Por otra parte, las autoridades hicieron un nuevo llamado a los ciudadanos que mantienen bloqueos en diferentes regiones del país para que permitan el paso de los tractocamiones que transportan suministros como medicamentos, alimentos, combustible y otros insumos vitales.
El desabastecimiento ya comienza a ser más notorio en regiones como Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo. Por su parte, el Ejército informó que apoya la movilización de más de 60 toneladas de bienestarina desde el Valle del Cauca hacia Antioquia y Tolima que son transportadas en siete camiones militares con destino a los hogares infantiles del centro y sur del país.
Este producto es un complemento de alto valor nutricional producido por el ICBF desde 1976 para la población más vulnerable del país, y hace parte de los programas institucionales fundamentales para la primera infancia.
El ICBF tiene dos plantas en Colombia: una en Sabana Grande, Atlántico, y otra en Cartago, Valle del Cauca, desde donde se distribuye la bienestarina para el centro y sur del país.
Los mismos uniformados ayudaron a cargar cada uno de los bultos con el alimento en cada camión, que de manera previa fueron sanitizados en cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad dispuestas por los organismos de salud.
Para los próximos días se espera que otras 100 toneladas, que siguen represadas como consecuencia de los bloqueos en las vías, puedan ser transportadas para llegar a los sitios destinados por la entidad.