El procurador general Fernando Carrillo explica cuáles serán las bases del recurso que se presentará mañana ante la Sección de Apelación sobre el caso del excabecilla desmovilizado. También se pronuncia sobre la renuncia del fiscal Martínez, el nuevo proceso al recapturado exguerrillero, si es viable un acuerdo político y las propuestas para corregir la justicia transicional 

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Si bien es cierto que ya la Fiscalía le abrió un proceso penal por narcotráfico al excabecilla desmovilizado de las Farc, alias ‘Jesús Santrich’, lo que llevó a su recaptura el viernes en la tarde, apenas segundos después de salir de la cárcel de La Picota, en Bogotá, la posibilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) viabilice el proceso de solicitud de extradición a Estados Unidos que pesa sobre él, continúa vigente.

Precisamente mañana la Procuraduría General se jugará una carta importante en este último proceso, cuando presente el recurso de apelación a la decisión que tomó el miércoles pasado la Sección de Revisión de la JEP, argumentando que le otorgaba a ‘Santrich’, preso desde hace más de un año, la garantía de no extradición. De acuerdo con esa instancia, en una decisión que generó honda polémica en el país e incluso llevó a la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez ese mismo miércoles, de las pruebas aportadas por el expediente de solicitud de extradición enviado por Estados Unidos y otras presentadas por el ente acusador local, no fue posible establecer con certeza si el presunto delito de narcotráfico que un tribunal norteamericano le imputa al excabecilla desmovilizado, se cometió antes o después del 1 de diciembre de 2016, cuando entró a regir oficialmente el acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos y las Farc.

Tan pronto como se conoció esa decisión, el procurador general Fernando Carrillo manifestó su rechazo a la misma, aduciendo que ya el Ministerio Público había revisado el expediente contra ‘Santrich’ y conceptuado, en su momento, ante la Sección de Revisión que las pruebas permitían establecer inequívocamente que el delito se cometió después de diciembre de 2016, razón por la cual el excabecilla debía perder los beneficios de la justicia transicional y su caso pasar a conocimiento de la justicia ordinaria, específicamente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que debe conceptuar sobre si es viable su extradición y, si hay visto bueno, que sea el Presidente de la República el que dé la última palabra.

Por eso mañana la Procuraduría presentará el recurso de apelación ante la Sección de Apelación de la JEP. EL NUEVO SIGLO le preguntó al titular del Ministerio Público sobre qué espera de ese recurso, si en esta instancia se pueden considerar las nuevas pruebas conocidas esta semana, cómo ve la renuncia del fiscal Martínez, de qué modo superar la honda polarización nacional y si la justicia transicional es una rueda suelta dentro de la institucionalidad judicial.

 

“Las pruebas no aportadas a la Sección de Revisión, que ahora se conocen, deberán ser consideradas en su conducencia y legalidad por la segunda instancia”

 

Sí a nuevas pruebas

EL NUEVO SIGLO:- La Procuraduría, Estados Unidos, la Fiscalía y el gobierno Duque coinciden en que las pruebas sobre la reincidencia criminal de ‘Santrich’ son inequívocas. ¿Cómo entender, entonces, que la Sala de Revisión no lo considerara así y le otorgara la garantía de no extradición?

FERNANDO CARRILLO: La Procuraduría lo que ha considerado es el valor del indictment y la aplicación del tratado de extradición con los Estados Unidos de América, como elementos que determinan la improcedencia de la garantía de no extradición. Por su parte, las pruebas no aportadas a la Sección de Revisión, que ahora se conocen, deberán ser consideradas en su conducencia y legalidad por la segunda instancia, para resolver con todos los elementos de juicio necesarios.

ENS: Visto ya el fondo de esa decisión de primera instancia, ¿cuáles serán los argumentos, reiterados o nuevos, del recurso de la Procuraduría para que en la Sección de Apelación sí le acepten sus argumentos?

FC: Las autoridades judiciales de Estados Unidos han requerido la extradición por hechos ocurridos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 y las obligaciones de la cooperación judicial internacional determinan la procedencia de esta. La aplicación de las normas que desarrollan el Acuerdo de Paz debe considerar los tratados internacionales. Adicionalmente, la Sala de Apelaciones deberá evaluar las pruebas que se han revelado posteriormente, lo que a juicio de la Procuraduría determina que el caso debe pasar a concepto de la Corte Suprema de Justicia, para continuar con el trámite de extradición.

ENS: ¿La Sección de Apelación de la JEP puede tomar en cuenta pruebas nuevas o sobrevinientes como el video conocido esta semana sobre el caso ‘Santrich’, o debe circunscribirse solo al expediente revisado por la Sala de Revisión?

FC: La búsqueda de la verdad y el principio de prevalencia de la justicia material sobre lo procedimental, hacen que a juicio del Ministerio Público esta prueba y los demás elementos que aparezcan deban ser evaluados por la segunda instancia. Lo que no podemos dejar es al país en la incertidumbre y con verdades a medias.

ENS: ¿Podría la Fiscalía, con base en ese nuevo video, iniciar un proceso penal contra quienes allí aparecen?

FC: La Fiscalía ha librado ya orden de captura avanzando en la judicialización de esas conductas conforme el ordenamiento jurídico colombiano.

ENS: ¿Así como los fiscales y jueces de la justicia ordinaria pueden ser procesados si se sospecha de un presunto prevaricato, por acción u omisión, en sus decisiones, podría iniciarse una acción similar contra los integrantes de la Sala de Revisión?

FC: Los jueces interpretan y aplican la ley. Sus apreciaciones razonables y sustentadas no deben ser criminalizadas. Por ello los recursos procesales son los mecanismos para corregir las decisiones y definir las líneas de doctrinas. Estamos en medio de un procedimiento judicial y no es hora de imputar responsabilidades penales a quienes administran justicia.

 

“La JEP no es ni va a servir de trinchera o escampadero de quienes incumplan el Acuerdo o de quienes pretendan colarse”

 

¿Traba a extradición?

ENS:  Usted como Procurador General ha insistido en que los castigos a quienes violan la ley deben ser drásticos y ejemplarizantes. ¿A partir de lo sucedido esta semana no considera que la JEP se puede convertir en una ‘puerta de escape’ para evadir la extradición?

FC: Estoy convencido de la fuerza de la institucionalidad en Colombia. La JEP no es ni va a servir de trinchera o escampadero de quienes incumplan el Acuerdo o de quienes pretendan colarse. Para eso, la Procuraduría ha estado y estará vigilante a denunciar e intervenir por las vías de ley para que prevalezca el orden jurídico, la verdad y la protección de los derechos de las víctimas.

ENS: Un partido político anunció que presentará una “ley interpretativa” para precisar el tema de la extradición en la JEP. ¿La ve necesaria? ¿Cree que ese es el camino?

FC: Consolidar un acuerdo nacional que precise y realice las mejoras para el funcionamiento de la JEP y el cumplimiento del Acuerdo es el camino, conforme las orientaciones de la doctrina constitucional.

ENS: El Fiscal General renunció aduciendo que la decisión de la JEP violaba el ordenamiento jurídico y él no iba a “refrendar” algo así… ¿Cómo evalúa esta dimisión y el mensaje que se envía al país y la institucionalidad?

FC: La decisión que tomó el Fiscal General corresponde a sus convicciones. Él ha sido un luchador de causas públicas y bajo su administración en la Fiscalía trabajamos articuladamente en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Estamos llamados a creer y consolidar entre todos nuestras instituciones, esa es la vía para fortalecer la democracia y la convivencia.

ENS: ¿La JEP es, como dicen algunos sectores, una rueda suelta dentro de la administración de justicia en Colombia?

FC:  La JEP es una institucionalidad que se está consolidando y que bajo los mandatos de la Constitución resulta esencial para garantizar justicia, verdad, no repetición y reparación. Las víctimas del conflicto armado merecen una justicia fortalecida y reconocida por todos.

ENS: Vía Congreso se intentó reformar la JEP, tanto por proyecto de ley como por las objeciones presidenciales, pero nada progresó. Ahora, tras la decisión de esta semana sobre ‘Santrich’, hay quienes proponer acudir a una constituyente. ¿Esa es la solución?

FC: No. No podemos dar un salto al vacío en medio de la polarización que vive Colombia. En 1991 nuestra sociedad estaba unida en pos de un objetivo común. Esa no es la realidad de hoy. Tenemos que superar las confrontaciones y fortalecer la institucionalidad vigente, sin caer en las veleidades de una constituyente.

ENS: Usted es abogado, fue constituyente, ministro de Justicia, estuvo en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y ahora es Procurador General. Tiene mucha experticia jurídica. Una pregunta: ¿si hoy se reformara la JEP, agravando algunos de sus procedimientos o penas, podrían estos y estas aplicarse de forma retroactiva?

FC: No. Los principios constitucionales imponen la vigencia de normas restrictivas hacia el futuro.

 

 

¿Acuerdo político?

 

ENS: ¿Cuál podría ser la fórmula para que el acuerdo de paz con las Farc deje de dividir al país? Usted hablaba de un acuerdo nacional de amplio espectro ¿Lo ve hoy posible?

FC: Sí, no sólo posible sino necesario. Hay que pasar la página. El país está cansado de estas controversias que pretenden poner en duda las instituciones. Convivencia, justicia, desarrollo y equidad nos deben unir.

ENS:  Hay quienes dicen que la ‘génesis’ de la polarización nacional fue haber desconocido el dictamen del plebiscito de 2016 y que la única forma de superar la división es llevando este tema nuevamente a las urnas y que ahora sí, sea cual sea, se respete el resultado. Pero hoy hay un mandato constitucional que obliga a este y los próximos dos gobiernos a respetar y cumplir el acuerdo. ¿Cómo salir de este embrollo?

FC: Justamente construyendo un acuerdo para superar las diferencias y arreglar los aspectos que generan controversias. Eso nos permitirá como sociedad mirar hacia el futuro.

ENS: ¿Podría la Corte Constitucional, visto todo lo anterior, modular su fallo sobre la ley estatutaria de la JEP ahora que volverá a revisar el tema tras el trámite de las objeciones?

FC: La Corte Constitucional emitió un fallo sobre la ley estatutaria que debemos acatar. Tiene ahora la posibilidad de precisar o ampliar algunos de sus contenidos, si ello contribuye a cerrar de una vez por todas estas confrontaciones. La última palabra en estos asuntos la tiene la Corte Constitucional.

ENS: La decisión de la JEP, la renuncia del Fiscal, la renuncia de la Ministra de Justicia, visas canceladas o reactivadas a magistrados, exjuristas a la cárcel por el ‘cartel de la toga’… ¿Se está derrumbando el edificio de la justicia?

FC: Las decisiones tienen recursos, las instituciones permanecen, la autonomía de los jueces es reconocida y apoyada por la sociedad, los responsables de delitos están procesados… es otra forma de ver esas realidades. Quienes hablan de derrumbe institucional buscan generar confusión y ambientar sus propuestas políticas. Estas dificultades las estamos superando haciendo uso de las propias instituciones, en democracia y promoviendo condiciones de diálogo para superar confrontaciones innecesarias y concentrar los esfuerzos en construir futuro.