Análisis| 'Santrich': entre justicia local y extradición | El Nuevo Siglo
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Sábado, 18 de Mayo de 2019
Unidad de análisis
Quienes reincidan en las actividades criminales deberán recibir todo el peso de la ley: Duque

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Atrás quedaron las especulaciones por el caso ‘Santrich’. En la tarde fue recapturado a la salida de la cárcel La Picota, por un nuevo proceso de narcotráfico y concierto para delinquir en ese propósito, que implicó su traslado al búnker de la Fiscalía donde permanece recluido, luego de que un juez ordenara su nueva detención.

La situación se produjo en medio de las imágenes de quien se aprestaba a salir de la cárcel, ampliamente custodiada y haciendo la “V” de la victoria, para luego ser enterado por una oficial de la misma penitenciaría de que había llegado la orden de la nueva captura y la apertura de nuevas sindicaciones penales.

De antemano, en la mañana, ‘Santrich’ había llegado a autoinflingirse heridas en los brazos a fin de protestar porque no se producía vertiginosamente su liberación. En efecto, ella había sido ordenada el miércoles por la Sección de Revisión de la Justicia Especial de Paz (JEP) que, en una apretada decisión, de tres contra dos, determinó que esa sala no había podido determinar si los delitos imputados con fines de extradición, hace un año, por parte de un tribunal de los Estados Unidos, se habían configurado antes o después del acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la organización subversiva de las Farc, de la que había uno de sus voceros preeminentes en La Habana.

La fecha

De acuerdo con esa Sala de la JEP, ni del documento de solicitud de extradición de los Estados Unidos ni de las pruebas aportadas por parte de la Fiscalía colombiana, entonces en cabeza de Néstor Humberto Martínez, pudo deducirse la fecha exacta de la comisión delictual. Tampoco le sirvió de base los amplios folios presentados por la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo, de acuerdo con los cuales se podía corroborar con exactitud que los delitos aducidos se habían producido después de firmado el acuerdo del Colón.

Efectivamente, de haber sido antes, los delitos no tendrían repercusión penal alguna ni tampoco podrían ser motivo de extradición. Eso era lo pactado, inclusive con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, que mantuvieron permanentemente un delegado en las conversaciones de La Habana, Bernie Aronson. Pero también todos estuvieron de acuerdo, tanto el gobierno del presidente Santos, como los plenipotenciarios de las Farc, que en caso de reincidencia, luego de firmado el pacto, los privilegios de la justicia transicional quedarían eliminados ipso facto.

De tal manera, el caso ‘Santrich’ se volvió una papa caliente, puesto que durante más de un año la JEP mantuvo en vilo al país frente a la fecha de la comisión del delito. Solo faltando pocas horas, esta semana, para vencerse los términos procesales, la Sala de Revisión determinó que no había podido llegar a conclusión alguna, y que por lo tanto el excabecilla desmovilizado no solo no autorizaba su extradición sino que debía ser liberado de inmediato, a objeto de posesionarse, en el término de la distancia, de su curul vacante en el Congreso de la República.

 

 

Apelación

De inmediato, el procurador Carrillo anunció que, como parte procesal, apelaría la decisión de la JEP ante la sala superior jerárquica de la justicia transicional, por cuanto resultaba a todas luces evidente que los delitos imputados a ‘Santrich’ por parte de Estados Unidos, habían sido cometidos con posterioridad al acuerdo del Colón. Incluso, señaló que la competencia constitucional en este caso radicaba en la Corte Suprema de Justicia, que debía abocar el asunto.

A las dos horas de ello, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, renunció a su cargo en protesta por la determinación de la JEP, causando revuelo nacional. Sus reconocidos enemigos, especialmente de los partidos de izquierda, de inmediato dieron declaraciones y saltaron a las redes sociales para denunciar el asunto como una maniobra de distracción frente a la controversia de otros casos, en particular el de Odebrecht.

De hecho en la misma semana la periodista Vicky Dávila entrevistó en La W Radio al detenido exparlamentario Bernardo ‘Noño’ Elías, quien anunció que llegaría hasta las últimas consecuencias frente a los supuestos aportes de la multinacional brasileña a las campañas Santos-Presidente. Con la renuncia del fiscal Martínez, ternado por Santos ante la Corte Suprema de Justicia, ahora vendría una terna del actual presidente Duque, a la misma corporación, y de tal modo, presuntamente, llegaría un nuevo Fiscal más inclinado a esas investigaciones en particular. En esa dirección, antes de su renuncia irrevocable, Martínez había imputado, entre otros, al presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, ya sentenciado en primera instancia, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, quien salió de la cárcel hacia Canadá, mientras que en Colombia se le mantiene el proceso.

A raíz de su renuncia, Martínez salió a explicar su desacuerdo con la JEP y el peligro en que se había puesto de cooperación judicial entre Colombia y los demás países. En la noche del miércoles pasado, el presidente Duque respaldó al Procurador en su apelación y lamentó la dimisión del Fiscal General.

 

División

En medio de estas circunstancias, el país volvió a dividirse entre los partidarios de la decisión tomada por la JEP y quienes vieron en esta una afrenta a las víctimas y una evasión de las responsabilidades acordadas en el pacto de La Habana.

Al mismo tiempo, en el Congreso ya se habían hundido las reformas política y de justicia, demostrando un bloqueo sistemático a las salidas por vía parlamentaria que tanto ha reclamado el país.

Pero el caso más dramático se dio con las objeciones presidenciales por inconveniencia al proyecto de ley estatutaria de la JEP. Entre las cuales estaba precisamente el ajuste a los temas de extradición. No pudo llegar el Congreso a ninguna conclusión efectiva, por lo cual decidió enviarse el tema a la Corte Constitucional en medio de las más amplias discusiones sobre el quorum. Total, las objeciones quedaron en el aire, y una vez más el Parlamento mostró su impotencia para darle salidas al país, luego de desestimar un acuerdo político de amplio espectro en torno al tema que hubiera revitalizado el ambivalente proceso de paz. En ello se conjuntaron los partidos Cambio Radical, La U y los liberales, que quedaron en la misma línea del Polo Democrático, los verdes, Gustavo Petro y el resto del bloque de oposición.

 

Crisis institucional

En este escenario de honda crisis institucional que se viene palpando en el país desde hace tiempo, en el que las instituciones han perdido fehacientemente credibilidad y confianza, el caso ‘Santrich’ actuó de detonante. Ya que a la renuncia del fiscal Martínez se unió la de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, cuyo reemplazo inmediato se dio a través de la figura de Margarita Cabello, magistrada de la Corte Suprema de Justicia y de clara tendencia política por el Centro Democrático.

Esto, aparentemente, con el fin de sacar avante el acuerdo político prometido al mismo tiempo por el presidente Duque, en medio de la crisis, para sacar avante el tema de las objeciones e incluir asimismo los elementos sustanciales de la reforma a la justicia, en varias reuniones con los partidos políticos la próxima semana.

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Recapturado

Pero ayer el estremecimiento fue aún mayor cuando fue recapturado ‘Santrich’ al abrírsele un nuevo proceso por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico, imputados por la Fiscalía, en cabeza de Fabio Espitia (Fiscal General encargado), dando inicio a un nuevo proceso que hasta el momento lo mantiene recluido en el búnker de la Fiscalía. Pese a que algunos han calificado el tema como un “novelón judicial”, la verdad es que el asunto tiene más repercusiones que ese simple símil mediático.

Según la Fiscalía, “como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte. Dentro de esas nuevas evidencias se obtuvo por fiscales colombianos, adscritos a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, la declaración del señor Marlos Marín Marín”. Este último, como se sabe, está preso en Estados Unidos y es sobrino del exjefe negociador de las Farc, alias ‘Iván Márquez’. Tras entregarse a la justicia norteamericana, Marín se convirtió en testigo protegido. Las autoridades ya le seguían la pista inicial desde el gobierno Santos por anomalías en los contratos del Fondo de Paz del llamado posconflicto.

 

El video

De hecho, en las últimas horas comenzó a circular en las páginas web de varios periódicos y canales de televisión el video completo en el que ‘Santrich’, Marín y agentes encubiertos de la DEA, que se hacían pasar como miembros del cartel narcotraficante de Sinaloa, estarían consumando las conductas delictivas imputadas. Ahora Marín habría confirmado que en efecto venían trabajando conjuntamente en esos propósitos ilícitos.

Otro proceso

Ya no es solo pues la apelación que el procurador Carrillo presentará el lunes ante la JEP, insistiendo en que es viable la extradición de ‘Santrich’ a los Estados Unidos, sino que además tendrá otro proceso paralelo a través de la justicia ordinaria colombiana, en el que se le hacen cargos directos de concierto para delinquir y narcotráfico.

De prosperar la apelación de Carrillo, el caso ‘Santrich’ pasaría a manos de la Corte Suprema, que, si le da vía libre al asunto, lo trasladaría al Presidente de la República para la firma de la extradición del excabecilla. La apelación ha sido públicamente respaldada por el gobierno de Estados Unidos. En caso contrario, y de prosperar el segundo proceso, el desmovilizado pasaría a manos de la justicia ordinaria colombiana para su juzgamiento respectivo, sin que ya no tenga lugar la posibilidad de extradición pero sí de cumplir la pena de confinamiento correspondiente de hallarse culpable por la justicia ordinaria colombiana.

En ese caso, eventualmente, ‘Santrich’ perdería todos los beneficios de la justicia transicional y, por tanto, podría correr el riesgo de que en la justicia ordinaria le abran expediente por los delitos atinentes al conflicto armado.

A su turno, la JEP emitió un comunicado ayer de acuerdo con el cual la Sección de Revisión no tuvo en sus manos las nuevas pruebas que hoy tiene la Fiscalía y con base en las cuales ordenó la captura de ‘Santrich’. También indicó que están a la espera de la apelación de la Procuraduría para actuar diligentemente sobre ella. Incluso reiteró que no ha sido esa jurisdicción “la que eventualmente propicie la crisis del proceso de paz”.

En tanto el partido Farc, no solo denunció como arbitraria la recaptura de ‘Santrich’, sino que sostuvo que el proceso de paz estaba en una situación crítica. Al mismo tiempo, citó para hoy una cumbre de los máximos excabecillas desmovilizados.

ENS

 

Alocución

Igualmente en una alocución radiotelevisada, el presidente Duque dio un espaldarazo a la recaptura de ‘Santrich’.

“Quiero reiterar el compromiso de nuestro Gobierno con la lucha contra la reincidencia criminal, que constituye una bofetada a las víctimas y a la construcción de la paz. La Constitución y la ley son la guía máxima en todo nuestro proceder. Y con apego a ellas, y enmarcado dentro de sus límites, continuaremos combatiendo al narcotráfico de manera integral, cooperando con países y sin contemplaciones”, sostuvo el Jefe de Estado.

Recalcó que “todos los colombianos queremos la paz. Pero una paz con genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y no repetición. Que no haya duda de que todas las personas que genuinamente han abandonado el camino de la violencia y se mantienen en su proceso de reincorporación recibirán el apoyo y las garantías del Estado. Pero quienes reincidan en las actividades criminales deberán recibir todo el peso de la ley”.

Por último indicó que “Colombia no convivirá con el narcotráfico”.

A partir de ahora, entonces, el caso ‘Santrich’ tendrá dos opciones. La primera, ser extraditado si prospera la apelación de la Procuraduría ante la JEP. Y la segunda, atenerse a los dictámenes de la justicia ordinaria, dentro de un proceso de largo aliento.