Comienza la semana con la implementación en Cali y el Valle del Cauca del máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional ordenado el viernes por el presidente Iván Duque y cuyo efecto práctico, explicó el propio mandatario, es “casi triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando una asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo urbano de baja intensidad”.
La sucesión de graves alteraciones del orden público desde el mismo 28 de abril, primera jornada del paro, cada una peor que la anterior, han obligado al presidente Duque a desplazarse varias veces en este último mes hasta Cali y otros lugares del Valle.
Los desmanes registrados en esta urbe superaron a los de otros lugares del país, a los que se fueron sumando los ocurridos en Yumbo, Jamundí, Buenaventura y Tuluá, ciudades que fueron escenario de cruentos hechos de vandalismo.
En la ejecución de estos desafueros han confluido intereses muy diversos, que van desde delincuencia común, pasando por grupos armados ilegales (es decir, antiguos paramilitares, como también disidentes y reincidentes de las Farc), hasta servidores públicos con una particular visión de las tareas que les entrega la Constitución y la Ley.
Hasta el momento los disturbios en el departamento dejan 21 muertos, incluido un policía, y más de 650 lesionados, entre ellos unos 200 uniformados, según el reporte de las autoridades.
Delincuencia
Detrás de estos hechos de violencia están, según lo expuso el ministro de Defensa, Diego Molano, peligrosos integrantes de organizaciones delincuenciales y disidencias/reincidencias de las Farc.
Las acciones de las autoridades contra los autores materiales e intelectuales de los actos de vandalismo ejecutados para afectar la integridad física de los uniformados o destruir infraestructura pública e instalaciones judiciales, pusieron al descubierto que al menos tres estructuras disidentes y reincidentes de las Farc habrían acudido a estas acciones dentro de sus planes de expansión territorial y de reclutamiento de jóvenes.
Se trata de golpes asestados a los grupos Segunda Marquetalia, Columna Móvil Dagoberto Ramos y Frente Carlos Patiño.
Precisamente el viernes Duque anunció “un despliegue de todas las capacidades de inteligencia para que el pueblo colombiano conozca los vínculos que hay, en muchas de esas actividades vandálicas, con grupos organizados en todo el departamento y en la ciudad de Cali”.
El miércoles pasado el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, afirmó que los actos vandálicos que sacudieron esa ciudad del centro del Valle del Cauca en la noche del martes, en los que fue incendiado el Palacio de Justicia y atacados locales comerciales, entidades bancarias y otros edificios gubernamentales, no corresponden a hechos aislados.
Gómez refirió cómo hubo bloqueos y amenazas que impidieron a los bomberos atender el incendio al Palacio de Justicia.
Estas acciones, que han impactado varias ciudades del departamento (Cali, Jamundí, Yumbo y Buenaventura), estarían orquestadas por los grupos armados organizados (GAO) que hacen presencia en la región.
Así lo habría puesto en evidencia la captura de 13 personas en Valle y Cauca sindicadas de auspiciar el vandalismo, de las cuales, según la información suministrada por la Fiscalía, siete serían integrantes del GAO residual (GAO-r), reincidente en ese caso, Segunda Marquetalia y estarían comprometidos en bloqueos y ataques a la Fuerza Pública en medio de las protestas.
Bloqueos
Cuadros de esos grupos han estado en los graves disturbios en Buenaventura, que pusieron en jaque la operación del puerto por el que llega el 55% de las importaciones de materia prima para las empresas y producto terminado con destino al comercio.
Aunque desde que arrancó el paro se ha presentado represamiento de carga en Buenaventura a causa de los bloqueos viales, la situación pasó de castaño a oscuro el miércoles 19 de mayo, cuando se registraron disturbios y saqueos en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo la zona de carga y contenedores del puerto; los enfrentamientos entre revoltosos y policías dejaron un muerto y varios heridos.
Este fin de semana, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, sostuvo que “el paro nacional ya lleva un mes y si la pandemia nos frenó, los bloqueos nos están matando”.
Estimativos de la Cámara de Comercio de Cali señalan que en el departamento cada día se pierden $100.000 millones. Si se suman estas afectaciones con las del norte del Cauca, zona empresarial que hace parte del área de influencia del Área Metropolitana de Cali, las pérdidas en estos 30 días superan los $4 billones, el 4% del PIB vallecaucano.
En la noche del lunes 17 de mayo, en medio de alteraciones del orden público, varias personas resultaron gravemente heridas en el barrio La Estancia, de Yumbo, donde fueron atacados dos CAI, la megaestación de la Policía, dos cajeros automáticos y la casa del alcalde John Jairo Santamaría, quien al día siguiente manifestó que “no sé si son movimientos de izquierda o de derecha. Los actos ocurrieron horas antes de que nos sentáramos a dialogar con los manifestantes. Sí, se han generado protestas de manera pacífica, pero hay cinco personas que han querido generar el caos, el desorden en el municipio y fueron quienes iniciaron esto”.
Un par de noches antes, el turno había sido para Jamundí, donde los irregulares le prendieron fuego a la sede de la Alcaldía y a parte de las instalaciones del Concejo.
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Grupos armados
En este contexto, el ministro Molano anunció la semana pasada que en el Cauca fue capturado Eucardo, alias ‘Solterosky’, dirigente de la segunda comisión de la GAO-r, también reincidente, Columna Móvil Dagoberto Ramos, integrada por desertores del proceso de paz que antes hicieron parte del Frente 6, la Columna Móvil Gabriel Galvis y la Columna Móvil Jacobo Arenas que operaban en el norte del Cauca.
‘Solterosky’, detenido en Santander de Quilichao por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, habría participado en los desmanes registrados durante las manifestaciones en Cali, además de coordinar la movilización de personas y explosivos desde Toribío y Caloto para ejecutar los actos vandálicos.
También detectó la Fiscalía una célula criminal de la Dagoberto Ramos que, supuestamente, reclutaba jóvenes de zonas marginales de Cali para llevarlos a zona rural de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío y Santander de Quilichao, en el Cauca, donde estarían recibiendo instrucción en manejo de explosivos y armas de fuego.
La investigación de la Fiscalía señala que los capturados de la Segunda Marquetalia habrían recibido instrucciones directas de Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, y Hernán Darío Velásquez, alias el ‘Paisa’, de conformar una red urbana en Cali, que estaría a cargo de uno de los detenidos, conocido con el alias de ‘Richard’, exintegrante de la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc.