El proyecto de reforma estatutaria a la justicia fue aprobado esta semana por el Congreso, recogiendo tres iniciativas del Gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura y el Legislativo. El ministro del ramo, Wilson Ruiz, dijo que si bien no entrega todas las respuestas a las necesidades de la Rama judicial, "sí es la vía correcta para encontrar salidas a la problemática que actualmente afronta su administración, pues responde a las necesidades de la ciudadanía y al reconocimiento de sus derechos”. 

EL NUEVO SIGLO consultó la opinión de varios expresidentes de las altas Cortes sobre esta reforma, quienes en general no la comparten. Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, dijo que "definitivamente la administración de justicia quedó muy deficientemente regulada en la Constitución del 91, y hay demasiados problemas que afronta esta rama del poder público, que incluso la han conducido a un desprestigio frente a la opinión pública”. 

Agregó que por ejemplo “está atomizada, tenemos más de 5 altas Cortes, eso no lo hay en ningún país porque se crean conflictos de competencia. Tenemos las funciones electorales que han deteriorado la imagen de la administración de justicia. Algunos, no todos, magistrados por buscar prebendas burocráticas, incluso pactan reglas de presidencia de Corte o de elección de altos funcionarios”. 

Dijo también Arrubla “tenemos problemas de corrupción, no llegan los mejores a la administración de justicia; el período además se vuelve corto para los buenos y muy largo para los malos, y la administración de la misma rama a través del Consejo Superior no ha sido lo mejor”. Señaló que "la Fiscalía es un fiasco, se volvió una proyección del gobierno de turno que la utiliza para dar garrote político”. Agregó que a todos estos problemas, "uno esperaba una reforma más contundente, más enérgica, y esta reforma es una verdadera chapuza, no va a lo de fondo, se quedó por los lados". 

Detalló que por ejemplo lo del expediente electrónico, "que lo reivindica como el gran logro, eso ya lo tenemos. Hubo un decreto legislativo desde el año pasado y ha funcionado muy bien con ocasión de la pandemia". 

En cuanto al incremento del presupuesto para la Rama que aprobó esta reforma, Arrubla dijo que "claro que soy partidario, como presidente de la Corte Suprema que fui, de que la justicia tenga más presupuesto, pero con toda franqueza este no es el momento. Estamos necesitados de recursos para atender la recesión que ocasionó la pandemia, y cómo vamos a aumentar plazas en todas las altas Cortes. Eso es totalmente inoportuno". 

Añadió "que hay algo bueno, la paridad de género para la composición de las altas Cortes, bienvenida pero con eso no se soluciona ninguno de los problemas de la administración de justicia. Aquí hay que hacer una reforma que sea una verdadera política de acceso de la gente a la justicia, y creo que esta reforma que acaba de ser aprobada no apunta a ello". 

Por su parte Hernando Torres Corredor, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, dijo “me parece importante es que en efecto en algunos puntos se avanza, como es la política de género, eso me parece muy importante. No veo claro es por qué tiene que ser dentro de 8 años, espero que la Corte Constitucional corrija eso y que puede empezar desde ahora". 

Destacó también el exmagistrado "la posibilidad de que haya jueces itinerantes, y eso apalancado con recursos de presupuesto nacional. También es importante eso porque la justicia necesita ser apalancada financieramente porque es un servicio público esencial y además llegar a la justicia es un derecho fundamental". 

• Le puede interesar: Se mueve ajedrez de campañas presidenciales

Agregó que no le gusta de esta reforma "que de alguna manera en varios de los artículos se le limita la independencia a la Rama Judicial, eso no me parece de buen recibo, sobre todo porque siempre se ha peleado desde la Segunda Guerra Mundial por la autonomía de los poderes públicos, y la autonomía de la Rama es que ninguno se meta en el otro. La Rama Judicial cuando tiene que ver algo con el Congreso, lo exhorta a que haga algo pero no se mete allá". 

Más opiniones 

Jaime Córdoba Triviño, expresidente de la Corte Constitucional, señaló "pienso que no es una reforma ni fundamental ni estructural distinto del incremento presupuestal. Me parece que queda resentida la reforma de inconstitucionalidad al haber variado los requisitos para ejercer los cargos de Fiscal o de Procurador o Defensor del Pueblo que exige la Constitución, asimilándolos a las más altas magistraturas". 

Por su parte Gustavo Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado, aclaró "esa reforma no es una reforma a la justicia, es una modificación a la ley estatutaria de la administración de justicia con el mismo contexto constitucional, o sea que no es una reforma”. 

Explicó que el objetivo de esta modificación a la Ley 270 de 1996 es dar aplicación a una reforma constitucional ocurrida en el año 2015, donde la reforma, “que se llamó Equilibrio de Poderes, del presidente Santos, terminó con el Consejo de la Judicatura como lo concibió inicialmente la Carta del 91, que se recuerda tenía una Sala Administrativa y una Sala Disciplinaria. Entonces se eliminó la Sala Disciplinaria y se creó la Comisión de Disciplina Judicial. Eso lo primero para que la gente no crea que se está haciendo reforma a la justicia". 

No obstante subrayó "pero sí la utilizan para hacer unas cosas que indudablemente son muy perversas, y hacen una especie de modificación a la estructura del funcionamiento de la justicia de arriba hacia abajo. Es decir, hacen una serie de gastos puramente burocráticos creando una cantidad de cargos, tanto en el funcionamiento de lo que se llama Consejo Superior de la Judicatura, es absolutamente burocrática, crean cargo de los cargos, asesores de los asesores. El Consejo de la Judicatura pasó de tener 34 funciones a tener 84 funciones". 

Añadió "y meten a la Comisión Interinstitucional en una serie de funciones que no le son propias. Es decir, vuelven a enfatizar el gran lunar que tiene el funcionamiento de la justicia, y es poner a los magistrados a ejercer como organismos electores. Entonces los presidentes de las tres Cortes, es decir la Constitucional, Consejo de Estado y la Corte Suprema, conforman el Comité Interinstitucional con un funcionario nombrado por voto de los que son empleados y funcionarios que son como de medio y primer nivel, y los ponen a nombrar el auditor de la rama judicial y a nombrar el director ejecutivo del Consejo Superior de la Judicatura, que es el que maneja todos los nombramientos". 

Entonces, dijo, “eso se vuelve absolutamente perverso porque ponen a los magistrados en una función electoral y en un clientelismo que ha hecho mucho daño a la justicia, ya lo habíamos visto, pero este va a ser mucho peor porque van a tener a su mano un número infinito de funcionarios, de más de 20 mil personas que se pueden postular y nombrar directa o indirectamente, y eso es muy pernicioso".