En los últimos días la vía al Llano ha sufrido una serie de cierres reiterados que han afectado principalmente a los habitantes de los departamentos de Cundinamarca y Meta.

Sobre este tema, ayer la Contraloría General de la República informó que en una auditoría de cumplimiento realizada al corredor vial Bogotá-Villavicencio encontró que los continuos deslizamientos y cierres en puntos críticos no fueron incluidos en el nuevo Contrato de Asociación Público — Privada de Iniciativa Privada 005 de 2015, y “por ende, en el marco de este contrato se continuará sin dar solución definitiva, manteniéndose la comunidad afectada, lo mismo que los usuarios del corredor”.

La inclusión de situaciones que afectan la vía, se habría hecho siguiendo las políticas públicas dadas en los Conpes 2654 de 1993 y 3612 de 2009.

Según el organismo de control, en la estructuración de la nueva concesión, se detectó que la atención de sitios críticos y/o inestables del corredor Bogotá -Villavicencio, factor limitante para la continuidad en la operación de la vía, por generar  cierres por deslizamientos o inestabilidades, “se limita a limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín y señalización horizontal y vertical, excluyendo del alcance del concesionario la implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial”.

Tampoco está contemplada la medición para efecto de contar con indicadores de disponibilidad, seguridad, calidad y nivel de servicio, lo que sería contrario con el objeto contractual de la nueva concesión.

Considera el organismo de control que la problemática actual del corredor vial Bogotá-Villavicencio “es producto de la insuficiente estructuración y ejecución del proyecto para dar soluciones de fondo a los temas recurrentes de los puntos críticos e inestabilidades en la vía, siendo de ello responsable tanto las entidades del Estado como el concesionario que ha tenido a su cargo el corredor”.

Continúan cierres

Ayer, la vía amaneció cerrada por derrumbes en los kilómetros 58 y 64, los puntos más críticos. “Continúa cierre preventivo en los puntos críticos y se desconoce la hora de posible apertura de la vía”, advirtió la concesionaria.

“Coviandes informa que continúa crítica la situación en los kilómetros 58 y 64 toda vez que sigue la caída de material por las fuertes lluvias que se presentan, lo que generó la suspensión de los trabajos de remoción de material, al no existir las condiciones de seguridad tanto para el personal como para la maquinaria. Por esta razón, las autoridades aún no tienen clara la hora de apertura de la vía por dichos sectores”, señaló la fosma a través de un comunicado.

El jueves, tras sobrevolar la vía al Llano y liderar la reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Guayabetal, Cundinamarca, el presidente Iván Duque les solicitó a los ministros del despacho identificar medidas de carácter económico “para atender a los sectores que se han visto más afectados” por los derrumbes en este importante corredor vial del país.

El Mandatario anunció que, como parte de las medidas, el Gobierno nacional ha dispuesto más de $150.000 millones para desarrollar las obras que buscan dar solución a los problemas de movilidad, especialmente los registrados en el punto crítico del kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio.

Agregó que, a través de los Puestos de Mando Unificado, se mantendrá un monitoreo permanente para garantizar la seguridad de los usuarios de este eje vial que comunica a la Región de la Orinoquía con el centro del país.

Responsabilidad

Parlamentarios de los dos departamentos consultados por EL NUEVO SIGLO manifestaron que para la solución de esta problemática es necesaria la inversión del Gobierno para el mantenimiento de laderas y taludes y, además, la implementación de corredores alternativos.

El Representante por el Meta, Alejandro Vega, del Partido Liberal, afirmó que “la solución rápida es que el Gobierno destine los recursos y se inicien las obras para mitigar los impactos”. Manifestó que estos recursos están estimados en $400.000 millones.

“¿Qué necesitamos? Que lleguen los recursos para estabilizar la vía. Hay un problema jurídico en el contrato de concesión donde se están peloteando la responsabilidad frente al mantenimiento de las laderas y taludes. Como está el contrato, el concesionario se escuda que no hay responsabilidad. Entonces hay que ver hacia un futuro en una nueva concesión de operación de la vía o para ver si se puede modificar y dejar establecido quién va a tener la responsabilidad en el mantenimiento de las laderas. No puede ser que el concesionario solo se encargue de la capa asfáltica, de construir la vía y de garantizar, pero quién va a garantizar la estabilidad de la montaña”, agregó.

Inversión urgente

El Representante por Cundinamarca, Buenaventura León, del Partido Conservador, manifestó que es clave la inversión para mitigar los impactos y la construcción de corredores complementarios.

“El llamado que le hacemos al Gobierno nacional es la inversión urgente. Se anunciaron $150.000 millones, es fundamental mitigar los impactos ambientales que está generando la construcción del proyecto y, a su vez, hemos venido insistiendo en la construcción de los corredores complementarios”, dijo.

La Representante Jennifer Arias, del Centro Democrático, señaló que la situación se debe a diferentes razones, entre ellas está la responsabilidad del concesionario: “Es una situación crítica para todos los habitantes de la mitad de Colombia porque no es solo para el departamento del Meta. La problemática se debe a varias razones, entre ellas, el invierno que empeoró todo, pero también hay que determinar la responsabilidad del concesionario”.