La Procuraduría General de la Nación no descartó una posible ‘cartelización’ de la contratación pública como pago a la financiación de campañas políticas.

Al entregar el tercer balance el seguimiento que realizan los organismos de control a los recursos destinados para atender la emergencia del Covid 19, el procurador Fernando Carrillo Flórez, dijo que su despacho tiene identificados 117 financiadores a las campañas políticas que habrían aportado en total $12.500 millones.

“Lo más preocupante”, dijo Carrillo, es que en el 95% de los casos se encontró que quien hizo un aporte a una campaña recibió una retribución de 10, 15 o 20 veces más el valor aportado.

“Tenemos un estudio de aportantes. Son 117 financiadores de campañas, de ellos quienes aportaron en conjunto $4.500 millones simplemente recibieron 10 veces el valor aportado. Más claro no canta un gallos: son 147 contratos por un valor de $47 mil millones, cuando los aportes a las campañas fueron apenas $4.700 millones”.

Según el jefe del Ministerio Público, “a solo 8 de los 117 aportantes de campañas se les adjudicaron más de 49 contratos por casi $44 mil millones, es decir más del 90% de los montos aportados. Es decir, aquí hay una cartelización como pago de la financiación de campañas”.

Los contratos en los que la Procuraduría puso la lupa corresponden a las administraciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.

El Ministerio Público verifica posibles irregularidades relacionadas con la falta de idoneidad de los contratistas, prohibiciones, inhabilidades o presuntos conflictos de interés, sobreprecios, eventual acaparamiento, concentración o cartelización de la contratación pública, plazos insuficientes para ejecutar los contratos, inexistencia de la población beneficiaria y adición de contratos injustificada, entre otras conductas.

Las investigaciones.

Carrillo Flórez informó que su despacho adelanta 813 procesos disciplinarios en 27 gobernaciones y 396 alcaldías del país, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados para atender la emergencia sanitaria por el Covid 19.

El Ministerio Público priorizó un total de 2.376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas  de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos destinados para ayudas humanitarias.

En curso se  encuentran los juicios disciplinarios contra los gobernadores de Arauca,  Vichada y tres funcionarios de la gobernación de Quindío. Permanecen suspendidos de sus cargos el gobernador de Chocó, la secretaria General de la Gobernación de Cesar y la secretaria de Salud de la Gobernación de Tolima.

Además, la Procuraduría adelanta 593 expedientes contra funcionarios de 396 alcaldías, de los cuales 553 se encuentran en indagación preliminar, 30 en etapa de investigación y se avanza en 10 juicios disciplinarios, entre los cuales figuran los de los alcaldes de Coveñas y Sincelejo, en Sucre; El Socorro y Girón, en Santander; Guaduas, Cundinamarca, y El Doncello, Caquetá.

Por los procesos por presuntas irregularidades en alcaldías, permanecen suspendidos el alcalde de Armenia, Quindío; el alcalde y el secretario Administrativo de Calarcá, Quindío; los alcaldes de Cereté y Tierralta, Córdoba; el alcalde de Malambo, Atlántico; la alcaldesa de Sucre, en Sucre, el alcalde y el secretario General y de Gobierno de Palocabildo, Tolima;, y el secretario de Gobierno de Puerto Tejada, Cauca.

Por regiones, en la Andina se adelantan 337 procesos en 215 municipios, en la Caribe 136 en 95 municipios, en la Pacífica 83 en 57 municipios, en la Orinoquía 20 en 18 municipios y en la Amazonia 17 en 11 municipios.