También radicaron la propuesta de aumentar las penas por agresiones contra la Fuerza Pública y la publicación de la gestión presupuestal

El parágrafo que tiene que ver con la impugnación de sentencias en efecto suspensivo quedará eliminado del proyecto que busca establecer la doble instancia retroactiva para aforados.

Este artículo establecía la posibilidad de excarcelar a los aforados que están ya condenados.

Sobre esto, el senador Álvaro Uribe Vélez afirmó que "el interés es proteger un Derecho Fundamental y no que simplemente se excarcele a unas personas".

El proyecto fue radicado ayer en la Secretaría del Senado dentro del paquete legislativo del Centro Democrático, el cual incluye propuestas para el cambio normativo en materia ambiental, empresarial y de orden público. 

Como lo han explicado anteriormente líderes del Centro Democrático, la doble instancia retroactiva pretende que los condenados por la Corte Suprema de Justicia desde 1976 tengan derecho esta figura, dado que en el alto tribunal es nueva.

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Alrededor de 250 aforados han sido condenados en Colombia sin el derecho a la doble instancia.

Hay que tener en cuenta que esta figura judicial es una garantía universalmente reconocida, la cual establece que cualquier persona tiene derecho a que su condena sea revisada por un juez superior. 

Además, y considerando la congestión judicial, el Centro Democrático también formuló la creación de una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia integrada por tres jueces, los cuales tendrán la función de revisar los procesos en segunda instancia.

Esta propuesta ha sido fuertemente criticada, ya que varios sectores han alegado que con esta ley saldría beneficiado el exministro de Andrés Felipe Arias, quien semanas atrás llegó extraditado desde Estados Unidos.

Otras iniciativas

Otro de los proyectos que fue radicado por el Centro Democrático en cabeza del senador Álvaro Uribe Vélez es la exigencia a los congresistas, diputados y concejales, de informar en la respectiva Plenaria de su corporación alguna gestión presupuestal realizada, especificando objeto, monto y entidad territorial.

Según el expresidente “si yo pido un apoyo al Gobierno para un puente en el municipio de Titiribí, Antioquia, yo tengo que ir a la Plenaria del Senado a decirlo”, ya que según él, de esta forma se dará mayor transparencia a la hora de exigir recursos para los proyectos regionales.

Otro de los proyectos es el que establece condiciones especiales para que los integrantes de la Fuerza Pública condenados por delitos anteriores al 1 de diciembre de 2016, puedan tener un beneficio de libertad condicional después de 5 años de pena privativa.

De la misma manera también impulsarán en el Legislativo el aumento de penas por agresiones en contra de la Fuerza Pública, ya sea homicidio, el secuestro y la violencia.

En cuanto a medidas económicas, propusieron modificaciones en el pago de facturas por micros y pequeñas empresas para que el plazo máximo sea de 30 días. Mientras que cuando el acreedor o la factura sean a favor de una mediana empresa, el plazo máximo pueda ser de 45 días.

Y finalmente, en favor del medio ambiente presentaron un Acto Legislativo el cual define que los delitos contra los recursos naturales, no puedan ser conexos con el delito político. “Esos delitos están referidos en el título 11 del Código Penal. ¿Cuáles? Minería ilegal, toda la contaminación que se da con el derrame de los oleoductos, etcétera”, explicó el expresidente Uribe.