Sin efectos dejó el Consejo de Estado el fallo que le imponía a la Nación (Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y a Isagén S. A. E. S. P.) el deber de reparar a los familiares de un ingeniero que murió en un atentado de las Farc a la central hidroeléctrica Jaguas, en San Rafael (Antioquia).

Así las cosas, la Subsección B de la Sección Tercera de la alta Corte debe emitir otro fallo, en el cual examine nuevamente las pruebas aportadas a la demanda, pues, a juicio de la Subsección A de esa misma Sección, ellas no conducen a concluir que las actividades riesgosas que cumplían las Fuerzas Militares o la empresa de energía eléctrica hubieran tenido algún efecto en la ocurrencia del perjuicio, es decir, en el fallecimiento de este ciudadano.

La decisión obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, presentaron algunas de las entidades que habían sido condenadas en su momento. Las tutelantes e Isagén habían sido declaradas administrativamente responsables del daño, ocurrido tras el ataque insurgente del 17 de agosto del 2000, que se produjo en el campamento El Bosque de la central hidroeléctrica.

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Por esa razón, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional interpuso esta demanda, solicitando dejar sin efectos el fallo de reparación directa.

A su juicio, la Subsección B de la Sección Tercera debía emitir una nueva providencia, teniendo en cuenta que no se había producido ninguna falla en el servicio ni un daño especial. 

Además, para la tutelante, el supuesto riesgo excepcional por la presencia de la tropa en la zona del campamento debía examinarse entendiendo que la seguridad estaba a cargo de una empresa de vigilancia privada.

Para la sala, sí se evidenciaba la situación de amenaza previamente advertida, dadas las continuas ofensivas de las Farc en la región.