Cristóbal Caicedo Angulo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, lideró la primera audiencia pública de la “Mesa Amplia de Diálogo por la Paz”, realizada en Buenaventura (Valle del Cauca), por parte de la Comisión Afro, que tiene como fin buscar una solución para la difícil situación de orden público que atraviesa esta ciudad del Pacífico colombiano.
Líderes sociales, juveniles y representantes de gremios coincidieron en solicitar más presencia del Estado para exterminar la violencia, optimizar las oportunidades a los jóvenes y mejorar el sistema de salud.
Caicedo Angulo dijo que el Puerto de Buenaventura, y en general el Valle del Cauca, necesita alcanzar la paz cuanto antes. “Necesitamos urgente intervención del Gobierno para alcanzar una paz que venga acompañada con inversión social, educación, salud, con oportunidades para los jóvenes de empleo, fomentar el deporte y la cultura, para que así podamos sacar a nuestros jóvenes de la guerra donde hoy están cautivados”, sostuvo.
Preocupaciones
De otra parte, el parlamentario explicó que la bancada de congresistas vallecaucanos se siente muy inquieta y preocupada por el artículo 69 de la reforma tributaria, ya que pretende tumbar la ley aprobada en la anterior legislación, donde se dio un reconocimiento especial a Buenaventura de Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico.
La denominación permite que la Cámara de Comercio de Cali otorgue beneficios a la población por parte de las empresas que se establezcan en la ciudad, como lo es empleo y educación para los jóvenes.
No obstante, el representante Caicedo Angulo anunció que ya se reunió con varios de los ponentes de la reforma para que consideren la eliminación del artículo en dicha propuesta. “Me he reunido con varios de los autores de la iniciativa y hemos acordado eliminar ese punto porque no es nada beneficioso para el desarrollo social de la región del Valle”, explicó en su intervención de la audiencia.
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Respaldo
Es de mencionar que la Mesa Amplia de Diálogo por la Paz está respaldada por autoridades y fuerzas sociales agrupadas en consejos comunitarios, autoridades religiosas y líderes sociales de las comunas cinco y siete, porque recientemente se han registrado fuertes actos de violencia que han perturbado la tranquilidad de sus residentes.
Los senadores y representantes escucharon las necesidades de los diferentes habitantes que reclaman la intervención de la Fuerza Pública a fin de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
En lo corrido del año se estima una cifra de más de 190 muertes violentas, con un alto porcentaje de jóvenes entre ellos, con la agravante de que el 86% de bonaverences viven en condición de pobreza, mientras que el 43,5% está en condición de extrema pobreza o indigencia, dejando un total de 450 mil afectados en la ciudad.
La concejal Magdeleine Celorio, de Buenaventura, esbozó la situación que padecen los jóvenes de la región en cuanto a la falta de oportunidades: “esto hace que no tengan realmente un cambio, para que haya una fuente de empleo y se incentive la educación; no tenemos Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), nos falta ese apoyo para que la población se forme profesionalmente. La salud de los adultos mayores se está afectando por la muerte de muchos de sus familiares que caen en enfrentamientos de bandas criminales, lo que deja una grave problemática al interior de los hogares que sufren estas situaciones. Hacemos un llamado urgente al Estado para que nos ayude”, manifestó.
De otra parte, la representante de la Consultiva Departamental Comunitaria, Margarita Preciado Carabalí, recordó “que los consejos comunitarios de comunidades negras, dados a través de un decreto reglamentario de la ley 70 del 95, se organizan en las zonas rurales y veredas del Pacífico y en otras regiones del país como Huila, Neiva, Amazonas, porque hay tierras baldías y hay comunidades negras; ahí se pidieron esas tierras y el Estado colombiano nos las ha dado”.
“Entonces estamos irrespetando, usurpando el espacio del otro; por eso yo quiero recordarle al país cómo se debe manejar esta situación, que está escrita en la ley y no se está haciendo”, enfatizó Preciado Carabalí.
Desarrollo
La representante citó la ley de Fonbuenaventura, en su artículo sexto, por medio de la cual se crea el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, que señala que el Comité de Paro Cívico coordina la elección democrática para que allí se represente a las autoridades de los indígenas. “Y ¿quiénes son en Colombia por ley? Pues los cabildos indígenas, las autoridades de comunidades negras, quienes son por ley los consejos comunitarios, y las Juntas de Acción Comunal, porque en una democracia participativa estos son los voceros de una comunidad a nivel local”.
“Resulta que van dos periodos que el comité de Paro Cívico coordina unas elecciones a puerta cerrada donde eligen a personas que en ningún momento representan estas instancias, y si queremos resolver el conflicto en Buenaventura debemos respetar la ley”, recalcó la líder.
“Hago la denuncia ante los congresistas afros de Colombia, que es un país de siete millones de negros; hago ese llamado especial a que vigilemos esas instancias”, afirmó.
Orlando Castillo Advíncula, representante a la Cámara por las víctimas del conflicto armado del Pacífico medio e integrante de la Comisión Legal Afrocolombiana, dijo que las problemáticas planteadas por la comunidad serán expuestas al Gobierno nacional para que las soluciones sean incluidas a través de propuestas de paz.
“Es así como desde esta célula legislativa continuarán realizando estos espacios de diálogo, porque uno de los objetivos que tiene la Comisión conformada por los senadores y los representantes afros es que trabajarán por hacer cumplir los derechos y deberes de estas comunidades, porque en muchas ocasiones se está generando una violencia interna por no estar debidamente organizada”, indicó Castillo Advíncula.