Gobierno le está apostando a esta estrategia para golpear más efectivamente a las organizaciones delincuenciales. Es la tercera acción de este tipo en el año, la primera se desarrolló en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba

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El Gobierno y las autoridades están apostando a operativos de gran envergadura y de corta duración para recuperar la seguridad en regiones críticas, a juzgar por los resultados que entregaron ayer de la Operación Escudo II que se realizó en Nariño contra los grupos armados, las economías ilegales e incluso la corrupción administrativa.

Como consecuencia del accionar de las autoridades que en 15 días abarcó el 50% del territorio nariñense fueron capturadas 206 personas (120 por orden judicial y 86 en flagrancia), cuatro organizaciones residuales y el Eln fueron impactadas. Se erradicaron 1.646 hectáreas de coca, intervinieron 34 laboratorios para la producción de estupefacientes y destruyeron 11 excavadoras y maquinaria pesada utilizada en minería ilegal.

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Se ocuparon 20 bienes avaluados en $8.090 millones, entre estaciones de servicio, vehículos, barcos tipo tanquero, inmuebles y una aeronave que estaría al servicio de dos redes distintas dedicadas a la desviación de combustibles y al narcotráfico.

La acción investigativa y operativa permitió también esclarecer el homicidio de la personera de Samaniego (Nariño), Paula Andrea Rosero; y el atentado contra el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Feo del corregimiento Curiaco, en Taminango (Nariño).

En el caso del crimen de la Personera de Samaniego fue capturado en Cali y judicializado el señalado autor material, Kevin Javier Mendoza Centeno. De igual manera, fue detenido Lisandro Meza Daza, alias ‘El Ratón’, quien habría participado en el atentado al Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Feo.

En Escudo II participaron 1.342 efectivos de la Fuerza de Tarea Hércules de las Fuerzas Militares, cerca de 2.900 unidades de las diferentes especialidades de la Policía Nacional, 17 fiscales (11 especializados y seis de la Seccional Nariño), 35 investigadores y 12 peritos del CTI, y contó con el apoyo de siete jueces de control de garantías, cinco de ellos se desplazaron desde La Guajira, Santander, Norte de Santander, Córdoba y Sucre.

Esta estrategia de macro-operativos contra la criminalidad se ejecutó por primera vez en marzo pasado en una acción conjunta realizada en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, donde hubo 111 capturas, 52 minas ilegales intervenidas y 22 laboratorios para procesamiento de cocaína destruidos.

Posteriormente, en la Operación Escudo I, desarrollada en Norte de Santander el pasado julio, las capturas ascendieron a 143, fueron incautadas tres toneladas de estupefacientes y desarticuladas cinco organizaciones de delincuencia organizada.

“Este nuevo modelo de intervención entre el Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en estrecha colaboración con la Judicatura y el Inpec, seguirá en marcha en otros puntos del país donde hacen presencia los grupos del crimen organizado”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Balance

Seis organizaciones de crimen organizado fueron golpeadas en Nariño en 41 operaciones: Estructura 29, Oliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Contadores, Eln y Cordillera Sur.

Un total de 38 capturas corresponden a supuestos integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOr), contra los que se realizaron 71 diligencias de registro y allanamiento. Otras tres detenciones serían de personas que harían parte del Eln.

Uno de los presuntos cabecillas urbanos del grupo residual Oliver Sinisterra en Tumaco, Amir Eduardo Obando Castro, alias ‘Mincho’, fue capturado y le incautaron una pistola y 3 teléfonos celulares.

Los reportes de inteligencia indican que este hombre, de 33 años de edad, habría entrenado y organizado un grupo que sería responsable de homicidios selectivos y de ataques con granadas contra los establecimientos comerciales de personas que se negaban a pagar extorsiones en Tumaco.

De otra parte, en una operación de asalto aéreo realizada en el corregimiento de San Sebastián, en zona rural de Tumaco, comandos especiales de las Fuerzas Militares y de la Policía llegaron a uno de los puntos de concentración de alias ‘Borojó’, señalado cabecilla de las Guerrillas Unidas del Pacífico. En el procedimiento fue neutralizado uno de los supuestos jefes de una comisión de esa estructura criminal conocido como ‘Pantera’. Asimismo, se incautaron tres armas de fuego, cerca de 500 cartuchos, proveedores para fusiles Galil y M – 4, radios de comunicaciones, una granada y un chaleco multipropósito.

A la denominada Estructura 29, el grupo residual más golpeado en la operación ‘Escudo II’, le fueron capturados 12 presuntos integrantes de una de sus redes narcotraficantes señalada de coordinar desde el cultivo y procesamiento de estupefacientes en Nariño, Valle del Cauca y Cauca, hasta el envío de los cargamentos a Perú, Ecuador y Chile.

Entre los detenidos está Rogelio Ríos Medina, alias El Paisa, supuesto cabecilla encargado de las plantaciones, elaboración de las sustancias estupefacientes y transporte a los diferentes centros de acopio.

Corrupción

Escudo II tuvo un componente de lucha contra la corrupción. Los alcaldes de La Tola (Nariño), Federman Riascos Lerma; de El Charco (Nariño), Milton Cuero Tejada; y de Mosquera (Nariño), Johan Vásquez Moreno, fueron capturados junto al consejero de paz de La Tola, Cristóbal Ortiz Barahona; el contratista Eduardo Ghysais Vitola, y otros cuatro presuntos articuladores.

Los cinco particulares habrían entregado dádivas para gestionar irregularmente contratos ante diferentes entidades del Estado y alcaldías municipales con el objeto de realizar aparentes proyectos productivos del posconflicto y de atención a las poblaciones vulnerables. A los alcaldes, el consejero de paz y los demás detenidos la Fiscalía les formuló cargos por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

Economías ilícitas

En la operación Escudo II fue develado un esquema criminal diseñado para abastecer de hidrocarburos al narcotráfico y lucrar ilícitamente a las organizaciones criminales.

La Policía Nacional y la Fiscalía identificaron cinco estaciones de servicio ubicadas cerca del casco urbano de Tumaco, desde las que se hacían pedidos a las instancias legales que autorizan el abastecimiento del producto.

Con los permisos en orden, se realizaba el cargue del hidrocarburo en Yumbo (Valle del Cauca), los carrotanques cumplían el recorrido normal y los conductores reportaban en las diferentes estaciones la cantidad exacta avalada; sin embargo, a su llegada a Tumaco, parte del combustible era extraído y distribuido en barcos tanqueros y otros vehículos de carga que se encargaban de desviarlo a puntos distantes ubicados en El Charco, Pizarro, La Tola y Olaya Herrera.

El proceso era cerrado en el Sistema de Información de Combustibles Líquidos del Ministerio de Minas y Energía (Sicom) como si el hidrocarburo quedara en Tumaco (Nariño) para suplir las necesidades de la población y la economía local, cuando en realidad estaba en manos de las organizaciones criminales.

En las indagaciones se constató que algunas de las bombas no tenían la infraestructura ni los elementos para cumplir con el suministro de gasolina, así que sólo servían de fachada para dar apariencia de legalidad.

Por estos hechos fueron capturadas 13 personas, entre ellas el señalado cabecilla identificado como William Ortiz Perlaza, alias Tigre; además de los articuladores y transportadores del hidrocarburo. Un fiscal especializado contra las Organizaciones Criminales formuló cargos a los detenidos por los delitos de destinación ilegal de combustible y concierto para delinquir.