En toda una odisea se convirtió el pasado lunes la expulsión de 59 ciudadanos venezolanos a su país tras ser capturados por presuntamente estar involucrados en los desórdenes que se registraron en el paro nacional de la semana pasada,  porque el avión de la Fuerza Aérea tuvo dificultades para aterrizar en Inírida (Guainía) pues pobladores bloquearon la pista del aeropuerto para evitar la llegada de los extranjeros.

Por ello la aeronave tuvo que dirigirse a Puerto Carreño (Vichada), en donde las autoridades locales también trataron de evitar su aterrizaje. Al final estas personas, salieron desde esta capital en lanchas a territorio venezolano.

Frente a estos hechos el alcalde de Puerto Carreño, Marcos Pérez Jiménez, explicó que "lo único que sabemos es que en Inírida las autoridades y la comunidad no permitieron que ese procedimiento se produjera por su frontera y entonces decidieron traerlos en el avión de la Fuerza Aérea Colombiana a Puerto Carreño para trasladarlos a Puerto Páez, una población que queda apenas pasando el río Orinoco".

El Mandatario municipal manifestó que la preocupación de la comunidad es que los expulsados retornen a Colombia por la frontera con Puerto Carreño, en donde dijo se ha incrementado la inseguridad con la llegada de más de 2.500 venezolanos que huyen de la crisis social y política que se vive en el vecino país.

“Tenemos 16 presos de alto riesgo y no los han querido sacar y ahora nos traen estas personas a un sitio vecino en el que no es sino pasar el río Orinoco y se nos pueden regresar para Colombia en Puerto Carreño”, señaló el alcalde Pérez Jiménez.

El Burgomaestre indicó también en un comunicado que “la Administración Puerto Carreño Somos Todos, reitera el desconocimiento de la medida emanada desde el Gobierno nacional frente a la situación de hoy (ayer) con la deportación de los venezolanos partícipes en los desmanes en la ciudad de Bogotá, los cuales no lograron aterrizar en Puerto Inírida – Guainía).

Por su parte el director de Migración Colombia, Christian Krüger, indicó ayer en un comunicado “rechazamos enérgicamente el trato dado por la comunidad de Puerto Carreño a los Oficiales de Migración Colombia y miembros de la Policía Nacional quienes estaban cumpliendo con su deber”.

Añadió que “las medidas de expulsión impuestas a estos 59 ciudadanos venezolanos se hicieron de manera discrecional por parte de la autoridad migratoria colombiana, con base en una serie de informes entregados por las autoridades nacionales”.

Dijo también Christian Krüger en el comunicado “el procedimiento de expulsión se cumplió de acuerdo a los protocolos establecidos por parte de la autoridad migratoria colombiana, respetando los derechos y garantizando el buen trato a cada uno de los extranjeros, tal y como consta en las actas firmadas por ellos”.

Añadió el funcionario que “es preciso aclarar que no es obligación de Migración Colombia informar a las autoridades locales las medidas administrativas que se aplicarán por los Puestos de Control Migratorio ubicados en su jurisdicción. Estas medidas buscan garantizar el orden público y la seguridad nacional”.