Un total de 14 hospitales que se encontraban en total abandono reportan estabilización de su operación y alcanzan aumentos significativos en el número de camas UCI y ahora disponen de 427 camas habilitadas para pacientes covid.
De acuerdo con el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, esta es una de las principales acciones de inspección, vigilancia y control realizadas por la entidad durante 2020 para garantizar el cumplimento de los derechos de los usuarios del sistema de salud en el país, en términos de calidad y oportunidad.
“Seis de estos hospitales fueron intervenidos durante la emergencia sanitaria porque representaban un riesgo para garantizar la atención de los usuarios en sus departamentos y áreas de influencia, en especial en medio de la contingencia por el covid-19”, dijo.
Bajo esta medida también están los hospitales de Sincelejo, en Sucre; San José de Maicao, La Guajira; del Caribe, en Cartagena; Regional San Andrés de Chiriguaná, Cesar; San Andrés, de Tumaco, Nariño; Río Grande de la Magdalena de Magangué, Bolívar; San Jerónimo, de Montería, Córdoba; Alejandro Próspero Reverend, de Santa Marta, Magdalena.
Igualmente, el San Diego de Cereté, Córdoba; San Marcos, Sucre; San Francisco de Asís, Quibdó, Chocó; San Rafael, de Leticia, Amazonas; Julio Méndez Barreneche, de Santa Marta, Magdalena, y el Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, en Norte de Santander.
La Supersalud también logró acuerdos de pago por $848.000 millones, la mayoría realizadas de manera virtual en medio de la pandemia para clínicas y hospitales.
A lo largo del año también se ofrecieron más de 2 millones de atenciones a usuarios, y gestionado oportunamente ante las EPS un poco más de 815.000 peticiones, quejas, reclamos y denuncias relacionadas fundamentalmente, con la falta de oportunidad en la asignación de citas de medicina especializada y la no entrega de medicamentos.
Además se liquidaron dos programas de salud que no cumplían con las necesidades de sus afiliados y 18 EPS continúan bajo medida de vigilancia especial, y se impusieron 520 sanciones a diferentes EPS, IPS, y demás entidades de salud por valor de $53.000 millones.
Del total de sanciones, 40% se dieron por prestación de servicios, 32% por flujo recursos y 28% por fallas relacionadas con el reporte de información.