Internacionalmente “países civilizados” son los que tienen un orden jurídico interno y lo cumplen. En ellos impera la pronta y cumplida justicia, porque sin justicia eficaz no hay sociedad que funcione. Ciertamente Colombia no aparece como un país particularmente civilizado porque la justicia no marcha. Y no me refiero solamente a la penal sino también a la civil, laboral y administrativa. Los expedientes se acumulan por miles y las sentencias se demoran una eternidad. En materia penal los casos no se resuelven y el nivel de impunidad es altísimo, aunque hay que reconocer que se han hecho esfuerzos muy grandes para mejorar. La prueba es el alto número de reformas a los códigos penal, de procedimiento penal y penitenciario y la creación del sistema penal acusatorio. Es lógico que el gobierno esté pensando en una nueva reforma judicial, que involucre esas materias.
Una reforma tiene que comenzar por la administración de justicia. Esto tiene que ver con los magistrados y jueces. El país tiene el récord Guinness de altas cortes: constitucional, civil, consejo de estado, consejo superior de la judicatura, JEP y ahora se pretende crear la agraria. De veinte magistrados que conformaban la Corte Suprema antes de 1991, hemos llegado a más de cien. Pero las cosas siguen igual.
Si por el lado de los magistrados llueve por el de los jueces no escampa y siempre tendremos a la vista a la juez que en paños menores atendía una audiencia virtual. Y no olvidar tampoco el cartel de la toga y la venalidad. No obstante, hay que reconocer que la mayoría de los funcionarios, son honestos. Sin embargo, este aspecto de la administración de justicia, no aparece en el proyecto del gobierno.
Yo sugeriría cuatro cosas para una reforma: eliminar todas esas cortes y reemplazarlas, por una Corte Suprema de Casación (como en Francia) y constitucional, como era antes en Colombia, y un Consejo de Estado para cuestiones administrativas; fortalecer el uso de tecnología electrónica que permita usar formatos estándar; que los estudiantes de derecho hagan pasantías a muy bajo costo en los juzgados; y revisar los códigos de procedimiento para evitar que los tinterillos demoren los procesos para obtener la liberación de sus clientes.
El proyecto contempla la eliminación de ciertos delitos, algunos porque hay pocos casos (¿son éstos los que congestionan?) y otros porque se consideran faltas graves, pero no tanto, como el incesto que debería seguir siendo un delito si es contra el consentimiento de una parte. Despenalizar los delitos en las protestas es una estupidez: ¿si yo preparo una bomba Molotov y se la arrojo a un policía cometo un delito, pero si lo hago en una protesta de la primera línea, ¿no?
Por otro lado, la reincidencia es altísima, del orden del 80%, y por eso no tiene sentido pensar que los presos pueden salir a trabajar (o a delinquir) y luego regresar al hotel a cenar y dormir.
El hacinamiento en las cárceles y en las URI es una violación de los derechos humanos. En las URI solamente deberían estar detenidos los que están a punto de entrar a proceso. Pero ¿será eliminar delitos y términos de condena la forma de reducirlo? El gobierno dijo que no se van a construir más cárceles. Quizá se pueda pensar en las colonias agrícolas para los condenados por delitos más leves y menos peligrosos (decreto 0014 de 1955). Si cada preso, según dicen, cuesta 3 millones de pesos mensuales, en una colonia, donde hacen todas las labores de campo, no solamente se rehabilitan, sino que cuestan menos de la mitad.