Colombia es uno de los países con los mejores servicios de salud, pero una reforma pretende terminar esa situación y sustituirla por un regreso a las épocas nefastas y corruptas del ISS, con el argumento de que las EPS manejan fondos públicos.

Nuestro sistema de pensiones tiene muchas carencias, particularmente porque quienes no aportan no se pueden jubilar y la informalidad existente no permite hacerlo. Para ello se propone que se aporte obligatoriamente al fondo público de Colpensiones, olvidando dos cosas importantes: que los fondos privados son los principales inversionistas en el mercado público de valores y que la edad y tiempo de cotización son muy pocos y no concuerdan con el envejecimiento de la población.

En materia laboral, como lo anotaba Carlos Caballero en El Tiempo, la Misión de Empleo de 1985 puso las bases para desmontar el opresivo sistema laboral existente (una “gran conquista sindical” que impedía la creación de nuevos empleos), lo que se completó más adelante con la ley 50 de 1990, que suprimió la retroactividad de las cesantías y la reforma de 2002  que amplió las horas de trabajo consideradas jornada ordinaria, bajó las cargas laborales de festivos y redujo la indemnización por despido sin justa causa.

La reforma tributaria de 2012 disminuyó cargas fiscales sobre la nómina, Todo lo cual redujo la tasa de informalidad y aumentó el empleo. Ahora se pretende borrar eso con una reforma mamerta que, según el propio Banco de la República, generará la pérdida de medio millón de empleos e impedirá el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Un proyecto de reforma judicial se monta sobre la eliminación de delitos - como la inasistencia alimentaria-, la casa por cárcel y el permiso a los condenados para salir a trabajar. Es cierto que el sistema penal permite encarcelar a los delincuentes y a los sospechosos sin distinción, generando un hacimiento terrible en las cárceles. Pero no se piensa en establecer colonias penales como las de otra época sino en liberar prisioneros, aunque se sepa que siete de cada diez delincuentes son reincidentes porque los jueces los sueltan, aunque sean asesinos.

Hablando de este tema, la Fiscalía ha tenido que liberar condenados o eliminar órdenes de captura de peligrosos criminales por orden presidencial porque, supuestamente, van a ser gestores en el plan de paz total presidencial. En ese plan se negocia también con el Eln, un grupo que se ha sentado ene veces a hacerlo sin dejar de delinquir.  El gobierno anuncia que con ello se va a terminar el conflicto en el 2025, lo que quiere decir que pueden seguir delinquiendo impunemente por dos años más, y ordena un cese al fuego “bilateral”, aunque el Eln se apresura a decir que no se ha convenido fecha alguna y no se han comprometido a suspender sus operaciones de extorsión, reclutamiento de menores o narcotráfico.

En cambio, las fuerzas armadas están maniatadas y el país sufre una violencia desatada que no se veía desde hace treinta años. No lo digo yo, sino los gobernadores en carta al presidente. Cada día aumentan los alcaldes que tienen que gobernar desde fuera de sus municipios y suben los secuestros, las extorsiones y los asesinatos especialmente de líderes sociales. Los ciudadanos de a pie, los que no andamos en camionetas oficiales blindadas, lo sentimos al caminar con temor por las calles.

No creo que todo eso sea coyuntural. Creo que se trata de un plan estructurado para mantener un statu quo de zozobra y evitar, como dice el presidente, un inexistente “golpe blando”. Cada día nos acercamos más al caos.