La Procuraduría General de la Nación pidió a la JEP considerar la inclusión de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, (Falsos Positivos), ocurridas en la Comuna 13 de Medellín y la región de Valle de Aburrá, como un nuevo patrón macrociminal para ser investigado en busca de sus máximos responsables.
Para el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, estos asesinatos cometidos por el Ejército Nacional, tuvieron unas características especiales en términos de modalidad de ejecución, contexto y tipo de víctimas, por lo cual propone en su documento de observaciones que se configure una modalidad de patrón única, que inicie desde el año 2002.
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“Este despliegue operacional concluyó en once acciones en las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá durante el año 2002, las cuales se vieron acompañadas por serias denuncias de violaciones a los derechos humanos y sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en operaciones contrainsurgentes en alianza con grupos paramilitares”, explica la Procuraduría sobre el contexto en el que ocurrieron las mencionadas ejecuciones extrajudiciales.
Entre las razones que sustentan la solicitud, están al menos 26 casos ocurridos en estas zonas urbanas, que no aparecen en el registro oficial por haberse clasificado sin tener en cuenta esas características particulares que la Procuraduría está pidiendo tener en cuenta.
“La alta afectación en Medellín, en comparación con los otros municipios, es un indicador de que el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales durante 2002 y 2003 se concentró en un territorio urbano cuya caracterización merece una especial atención”, añade el documento de observaciones.
Otras solicitudes clave hechas por la Procuraduría frente al macrocaso 03, subcaso Antioquia, fueron adoptar medidas urgentes para atender de manera prioritaria y con enfoque diferencial de género a las mujeres víctimas para efectos de constatar posibles hechos relacionados con violencias basadas en género.
También pidió garantizar la participación de víctimas cuya acreditación se realizó de manera tardía y prevenir los traslados fragmentados de información para las versiones voluntarias.