En debate ante la Comisión Segunda del Senado de la República, el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Luis Gilberto Murillo, explicó, sobre la suspensión del proceso licitatorio LP003, que “de ninguna manera el Gobierno está tratando de dilatar un proceso. Lo que queremos es que el proceso salga bien para beneficio del país y para que garantice unos principios que ha establecido, y en los cuales ha sido muy claro el presidente Petro y este gobierno, y que tienen que ver con la lucha contra la corrupción”.

El ministro encargado explicó de manera detallada las medidas tomadas para garantizar un proceso que cumpla los principios establecidos en la Constitución y en la ley. Esto es, la competencia, la selección objetiva, la pluralidad de oferentes y protección de la información de los colombianos y las colombianas. Pero además, para seguir garantizando el normal suministro de pasaportes.

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1. Se solicitó conceptos jurídicos a la Agencia Nacional Jurídica de Defensa del Estado, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y a Colombia Compra Eficiente, para unificar criterio jurídico de Gobierno.

2. Se dio traslado de las actuaciones del ex secretario general del Ministerio a Fiscalía, Procuraduría y la Contraloría.

3. Se solicitó acompañamiento preventivo a la Procuraduría y a la Contraloría.

Sobre el proceso, destacó que a pesar de cumplir con el criterio de mayor pluralidad, pues 19 interesados elevaron comentarios al mismo, la suspensión para su revisión integral era necesaria con el fin de revisar las 550 observaciones que presentaron.

A las preguntas de los senadores sobre el futuro de este proceso licitatorio y el suministro de pasaportes, el canciller encargado entregó un parte de tranquilidad al insistir en que actualmente existe un contrato vigente a través del cual se sigue y se seguirán expidiendo pasaportes en las sedes nacionales y en el exterior, con total normalidad.

El canciller encargado explicó que una vez se cuente con los conceptos jurídicos solicitados y se revisen todas las observaciones, su propósito es “avanzar en este proceso licitatorio, que podamos tener los procesos administrativos que lleven a la suscripción del debido contrato para que se siga prestando ese servicio. Queremos hacerlo con la mayor seriedad posible y que obedezca, precisamente, a lo que nos establece el marco jurídico, pero sin renunciar a los principios que ha planteado este gobierno y es que en este proceso no puede haber ninguna señal de que se favorece a una firma o que hay procesos en los que ha habido, al menos, la presunción de corrupción. Y eso tiene que esclarecerse, porque nosotros no vamos a ceder en esa posición. Tampoco le tememos al hecho de que tengamos que ir a los estrados jurídicos, en lo contencioso administrativo y en lo penal, a defender los intereses del Estado”.

Por último, cerró diciendo que su objetivo es “sacar a la Cancillería de esta turbulencia que no nos permite discutir temas de fondo de la política exterior, de la diplomacia y las necesidades de fortalecer las instituciones del sector”.