La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, emitió una advertencia contundente sobre la situación de la salud de aproximadamente un millón de maestros en Colombia. Según sus declaraciones, a partir del primero de mayo, estos profesionales corren un riesgo significativo debido al cambio propuesto en el modelo de atención por parte del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

En sus palabras, la Procuradora expuso que la implementación de este nuevo modelo ha sido marcada por una notable improvisación, poniendo en entredicho la capacidad de garantizar un servicio de calidad para los educadores y sus beneficiarios.

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Uno de los puntos que resaltó fue la transición de la Fiduprevisora, entidad actualmente responsable de la atención en salud de los maestros a través de 10 contratos, hacia un sistema que implicaría suscribir más de 8.000 contratos de forma directa, sin la diversidad de oferentes y con sobrecostos que podrían resultar perjudiciales para el acceso efectivo a la salud, un derecho fundamental.

La preocupación central de la Procuraduría radica en la viabilidad y eficacia de este nuevo sistema, especialmente considerando que, a escasos días de su implementación, aún no se han formalizado los contratos con los prestadores de servicios. Además, cuestiona la necesidad de un modelo que, según su análisis, resulta más costoso sin ofrecer claras mejoras en la calidad y acceso a la atención médica.

En este contexto, la Procuradora enfatizó en la falta de supervisión directa sobre la entidad responsable de la salud de los maestros, lo cual plantea interrogantes sobre la capacidad de los usuarios para reclamar por un servicio adecuado, dada la naturaleza jurídica de la supervisora como una entidad financiera no sometida a vigilancia en materia de salud.

Ante la gravedad de la situación, la Procuraduría anunció que tomará acciones inmediatas para abordar esta problemática y proteger el derecho a la salud de los maestros del país y sus beneficiarios. La incertidumbre y el riesgo inherente a esta transición ponen de relieve la necesidad urgente de revisar y ajustar los planes para asegurar que la salud de este importante colectivo no se vea comprometida.