Se alista para despegar vuelo en su trámite la iniciativa de un referendo con el fin de lograr la autonomía fiscal de las regiones, que propone que los tributos de renta y patrimonio, hoy en manos de la Nación, pasen directamente a los departamentos, con el fin de obtener más recursos para cubrir las necesidades de sus comunidades y del territorio.

Para ello se modificaría el artículo 298 de la Constitución. Expertos consultados por EL NUEVO SIGLO indican, que más que agregar un parágrafo a la Carta Política, implica un cambio de fondo que incluso uno de ellos opina que abre la puerta para avanzar al federalismo.

La iniciativa es liderada por el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, y se enmarca en el viejo reclamo de las regiones por poder contar con más dineros para atender las múltiples responsabilidades que adquirieron con la descentralización que estableció la Constitución del 1991, proceso que está a medio camino a pesar del tiempo que ha pasado.

Esta propuesta de referendo, denominada ‘Autonomía Fiscal para las Regiones’, quiere preguntarles en las urnas a los colombianos si están de acuerdo o no con adicionar un parágrafo al artículo 298 de la Constitución para que estipule que los tributos directos de renta y patrimonio, hoy administrados por la Nación, pasen directamente a los departamentos y que así puedan atender las necesidades de sus comunidades y las exigencias del territorio.

“Queremos quebrarle el espinazo al centralismo asfixiante y fastidioso. Esta propuesta conlleva la creación de un fondo de convergencia regional. Quiero destacar y aclarar que esto no es, ni más faltaba, un llamado a la federalización de Antioquia, que es una apreciación equivocada, ni tampoco es un llamado a la federalización del país. Aquí estamos apelando a la autonomía fiscal del nivel intermedio del gobierno que escogió Colombia en la Constitución del 91, y que se debe profundizar ese legado descentralizador que nos ha quedado a medias, pero sin vulnerar la unidad que se debe mantener en nuestra Nación”, aseguró el gobernador Rendón.

El mandatario de Antioquia presentó la semana pasada las nueve personas que conformarán el comité promotor del referendo, cuya tarea será la recolección de los 2 millones de firmas que se deben presentar para surtir el trámite y llevarlo a las urnas.

Entre ellos están Ana Lucía Villa, quien trabajó en el Ministerio de Hacienda y durante muchos años estuvo al frente de la Dirección de Apoyo Fiscal, dependencia que se encarga de la asistencia y monitores a los departamentos que se acogen a la Ley 550 para acordar con sus acreedores el pago de sus millonarias deudas; Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá y exdirector del DANE, y Carlos Gustavo Cano, exministro de Agricultura y Desarrollo Rural y excodirector de la Junta Directiva del Banco de la República. 

Opinión de expertos

Hay quienes señalan que por la vía del referendo no se puede modificar el régimen tributario. Sin embargo, Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista y quien fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente,  explicó que “desde el punto de vista jurídico, claro que se puede. Un referendo constitucional es una de las formas de modificar la Constitución y se puede modificar el régimen de hacienda pública”.

Agregó que “es una propuesta muy compleja, que no es simplemente proponer un artículo, en el sentido de que somos un país centralista. Es cierto que los departamentos tienen autonomía, pero el régimen del manejo de la hacienda pública es acorde con el sistema centralista que tenemos".

Advirtió Charry que "descentralizar los ingresos implica, por decirlo de alguna forma, dar un gran paso hacia el federalismo y creería que las estructuras tanto de la Nación como de los departamentos no están preparadas ni para lo uno ni para lo otro. O sea, ni para que la Nación pierda ingresos, que ahora el Gobierno nacional dice que está corto y va a hacer  otra reforma tributaria, ni para que los departamentos administren sumas mucho más grandes".

Agregó que los principales ingresos del Estado, entre un 45% y 50 %, "son del impuesto de renta y del de patrimonio, y otro tanto del IVA. Sería prácticamente quitarle la mitad del impuesto a la Nación”.

Enfatizó en que “si a mí me quitan la mitad del ingreso, cómo pago las deudas que tengo, que las tengo (la Nación) con el Fondo Monetario, con la banca internacional, eso no es tan fácil".

Finalmente, Charry dijo sobre esta iniciativa de referendo que "me parece muy complejo y es como quien dice un planteamiento que implícitamente está cambiando el régimen centralista con descentralización administrativa a un régimen federal".

En tanto que Juan Carlos Lancheros Gámez, director general de Derecho Justo, Centro de Estudios Jurídicos, y profesor de Derecho Constitucional, dijo que "me parece que esa es una propuesta importante y que lo que va a hacer es abrir un debate sobre la forma como el Gobierno central utiliza los recursos que generan las propias regiones, y creo que en ese sentido el debate está abierto. La propuesta del gobernador de Antioquia y de los demás gobernadores me parece interesante". 

Lancheros dijo que una de las cosas en las que la Constitución quedó a medio camino fue en la autonomía de las regiones y en "general en el diseño institucional de toda la organización territorial".

Agregó el experto que esta propuesta se puede entender como la continuación de un debate que se inició en la Asamblea Constituyente del 91, porque está en el fondo cuestionando la manera como el Gobierno central ejecuta los recursos y como los devuelve en inversiones efectivas a las regiones.

 "Si el Gobierno central es ineficiente en la ejecución de recursos, pues las regiones tienen una mayor autoridad moral en pedirle al Gobierno central que ellos mismos los pueden ejecutar”, expresó Lancheros, quien interpretó que “estamos buscando que esos derechos de las regiones que la Constitución establece se vuelvan una realidad", y "al hacerlo por vía del referendo, una de las cosas importantes es que estamos permitiendo que la propia ciudadanía se pronuncie, y eso le da también una mayor legitimidad al debate".

Cómo opera el mecanismo

El referendo es uno de los siete mecanismos de participación ciudadana que les permiten manifestarse en la aprobación o derogación del proyecto de una norma jurídica o de una ya vigente, así como en la creación o segregación de un municipio; en la derogación de una reforma constitucional o someter a aprobación un proyecto de reforma constitucional.

Se han consagrado tres tipos de referendo: el derogatorio, el aprobatorio y el constitucional, el cual, a iniciativa del Gobierno o de un grupo de ciudadanos no menor al 5 % del censo electoral, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley.

La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de éstos exceda la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral. 

El primer paso para realizar el referendo es que los interesados, sean la ciudadanía o una organización civil o política, se constituyan como comité promotor. El fin del comité es liderar la promoción del mecanismo de participación ciudadana.

La Misión de Observación Electoral (MOE) explicó que, constituido el comité promotor el paso siguiente es recolectar los apoyos ciudadanos (firmas) que permitan convocar la votación de la iniciativa, o para el caso del referendo constitucional, presentar la iniciativa ante el Congreso.