LAS INVESTIGACIONES en torno a las irregularidades en la financiación de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro en 2022 se siguen profundizando y semana tras semana suman nuevos elementos.

En lo anterior, como se sabe, el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada, quienes están al frente de las pesquisas de este polémico caso, solicitó la imputación de cargos contra el mandatario por las presuntas anomalías presentadas en la financiación de las actividades proselitistas del otrora candidato Petro.

De acuerdo a información publicada por los medios de comunicación, ambos tenían preparada una ponencia para solicitar la medida, en la que también incluyeron al entonces gerente Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol; María Lucy Soto, quien fue la auditora, y otros directivos de la misma, por violación de los topes autorizados por más de $6.000 millones.

Sumado a ello, la Fiscalía General de la Nación anunció otras seis indagaciones por presunta financiación ilegal de la campaña del hoy presidente de la República. Estas pesquisas también giran en torno a presuntos ingresos irregulares al Pacto Histórico, de cara a las elecciones del Congreso ese mismo año.

Además, el ente anunció que serían indiciados altos funcionarios de este Gobierno como la vicepresidenta Francia Márquez; el actual embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti; y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fungió como gerente de la campaña del Pacto Histórico.

Al respecto, el coordinador de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, dijo que se “investigan presuntos hechos irregulares en la financiación electoral con fuentes prohibidas de la candidatura presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego y la vicepresidenta Francia Elena Márquez”.

“Estamos realizando las investigaciones y en su momento definiremos si se requiere una imputación, si se le solicita medida de aseguramiento, pero ahorita, inminente, que haya una formulación de imputación, no la hay. Se está recaudando elementos, se están escuchando personas”, puntualizó.

También la semana pasada, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes escuchó a Roa; y al empresario Euclides Torres, ambos mencionados en la investigación que adelanta la Fiscalía contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, en torno al presunto financiamiento ilícito de la campaña “Petro Presidente 2022”, por lo cual ha sido acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Mientras que el titular de Ecopetrol reafirmó que la campaña se manejó dentro de los términos que establece la ley; Torres dijo que no entregó dinero, sino que aportó recursos para algunos eventos que se realizaron en la costa Norte.

“Nunca aporté dinero a la campaña presidencial de nuestro actual presidente; solo apoyé con algunos aspectos logísticos mucho antes que él fuera siquiera candidato”, aseguró Torres.

Ahora, durante la semana (que hoy termina), también se adhirieron nuevos elementos al proceso. Por un lado, hubo una polémica entre el gobierno Petro y Estados Unidos, pues el Departamento de Estado mencionó brevemente al hijo del jefe de Estado colombiano en su más reciente informe sobre derechos humanos. En este documento, también fue nombrado Juan Fernando Petro, hermano del mandatario colombiano.

En el capítulo denominado ‘Corrupción Gubernamental’, la oficina liderada por Antony Blinken aseguró que las leyes colombianas habían actuado de manera eficaz contra diversos hechos de corrupción, aunque, en algunos casos, funcionarios que incurrieron en este tipo de delitos no recibieron castigo.

“La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro. La corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas. Los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas. Los fiscales que investigan a congresistas y altos funcionarios de gobierno informaron que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones a nueve exsenadores y tres exrepresentantes de la Cámara, 36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y cuatro investigaciones a exalcaldes”, destacó el documento.

Más adelante, sectores afines al Ejecutivo salieron a defender el proyecto del Gobierno nacional y a cuestionar el hecho de que el exdiputado del Atlántico fuera mencionado en el reporte. Esto conllevó a que el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Vedant Patel, quien, justificando el contenido del informe, destacara: “Lo que puedo decir sobre las entradas en el informe es que nos parecen creíbles y por eso es que las hemos incluido”.

La Cancillería salió al paso y respondió: “Colombia rechaza las expresiones y valoraciones del señor Vedant Patel, las cuales se alejan del contenido real de lo presentado en el informe. Además, sus afirmaciones desconocen e irrespetan el apego de las instituciones colombianas al principio del debido proceso y su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, destacó el ente que hoy dirige en calidad de encargado, Luis Gilberto Murillo.

La avioneta y las criptomonedas

Por otro lado, también esta semana se profundizaron las indagaciones del caso, esta vez por los supuestos aportes que recibió el equipo del hoy jefe de la Casa de Nariño por parte de la compañía de criptomonedas, Daily Cop, la cual también es señalada por adquirir, mediante un testaferro, un avión valorado en 1 millones de dólares para el transporte de Petro, cuando apenas era candidato.

El tribunal electoral decidió recibir las declaraciones de dos representantes de dicha empresa, los hermanos Cristian Hernández y Omar Hernández, el próximo 7 de mayo, con la intención de esclarecer los supuestos aportes irregulares ofrecidos a la contienda electoral en 2022, lo que podría poner a Petro contra las cuerdas. Esto, luego de una reunión de urgencia entre los magistrados del CNE, Prada y Ortiz, que están frente a este caso contra la campaña presidencial de hace dos años.

Como se sabe, estas dos personas se encuentran detenidas en una cárcel de Bogotá, luego de ser imputadas por los delitos de captación masiva y habitual de dineros.

Las autoridades están particularmente interesadas en esclarecer el flujo de fondos entre Daily Cop y la campaña de Petro. Según fuentes cercanas al caso, se estima que los movimientos bancarios vinculados a esta presunta colaboración superan los 4.000 millones de pesos, una cifra que ha despertado inquietudes sobre la transparencia y legalidad de los recursos utilizados en la contienda electoral.

La intención es que ambos puedan exponer “todo lo que le conste sobre los pagos realizados al señor Ricardo Roa, como financiación de la campaña electoral provenientes del delito de captación masiva y habitual de más de 220.000 personas y más de 180.000 millones de pesos relacionados con la campaña presidencial de la coalición Pacto Histórico y los hechos que considere útiles frente a la materia objeto de averiguación”.

En torno a estos señalamientos, el jefe de Estado se defendió: “Esta es la peor mentira montada contra mi campaña. La ley prohíbe comprar bienes con recursos de campañas”, dijo. Pero también destacó: “¿Para qué iba yo a querer un avión, si no tengo ni carro? ¿Lo pondría a nombre de Colombia Humana que no tiene sede? ¿Lo compraría al inicio de la campaña para venderlo después? ¿Tirarme el dinero de campaña comprando un artefacto tan caro cuando sale mejor alquilarlo? Ni bruto que fuera. Así han llenado de noticias falsas la campaña”.