El mayor riesgo para Colombia en materia de corrupción, por cuanto constituye probablemente el origen de toda la que existe en nuestro país, es la continuidad en la normalización de la idiosincrasia que encomia la deshonestidad sobre la decencia en el comportamiento diario.
Así lo advierte el contralor general (e), Carlos Mario Zuluaga, en entrevista con este diario, en la que también se refiere al riesgo de apagón energético y en qué van las investigaciones a la plata de las EPS. Igualmente, alerta sobre la baja ejecución presupuestal, el peligro de abandonar sin precaución el gas y el petróleo, así como las principales investigaciones por escándalos de corrupción.
EL NUEVO SIGLO: ¿Se desatendieron los campanazos que dio la Contraloría en torno al riesgo de racionamientos de agua y energía, así como de un colapso financiero del sistema?
CARLOS MARIO ZULUAGA: En esta semana hemos visto que se han adelantado algunas actividades que tienen en cuenta lo que venimos advirtiendo desde hace varios meses.
Y en cuanto a los compromisos pendientes por parte del Gobierno en torno a la seguridad y la transición energética, debo anunciar que la Contraloría General de la República (CGR) iniciará un especial seguimiento para activar otros mecanismos de control fiscal, lograr una rendición de cuentas más formal y, de darse el caso, identificar riesgos de daño patrimonial que pudieran presentarse para las finanzas públicas.
Hemos insistido en que se debe agilizar la planeación para identificar las necesidades de los próximos años y que se debe dar prioridad de conexión a los proyectos de generación y trasmisión disponibles.
La Contraloría ha venido llamando la atención sobre múltiples temas indispensables para el buen desempeño del sector energético y es así como en diversos comunicados se ha indicado la importancia de diversificar la matriz energética, para que frente a situaciones como el fenómeno de El Niño no se afecte el suministro de energía y, por ende, la seguridad energética, pese a que cuando bajan los embalses entran en operación las termoeléctricas.
Se ha advertido que es importante que los proyectos de Fuentes no Convencionales de Energía Eléctrica entren en funcionamiento. También se ha indicado lo preocupante que es que la demanda energética crezca aproximadamente en un 8 por ciento y que aún no se tenga claro cómo se va a atender en los próximos años. Y obviamente hemos manifestado la alarma que genera para la economía del país y para los recursos de la Nación un posible racionamiento de energía.
La Contraloría ha realizado estudios técnicos sobre la transición energética y ha emitido comunicados informando al Gobierno de todos los aspectos técnicos en materia minero-energética que pueden afectar al país. Hemos remitido los estudios pertinentes para que dentro de su autonomía revisen lo indicado por este organismo de control.
Y no olvidemos que el año pasado, en febrero, se realizó un foro para socializar las inquietudes propias y los planteamientos del Gobierno y de los diferentes sectores, donde presentamos las inquietudes y preocupaciones de la CGR en lo que corresponde a este importante sector.
Además de lo anterior, convocamos a una mesa de trabajo en octubre del año pasado en la entidad, a la que asistió la señora procuradora, para escuchar al ministro de Minas y Energía, al director de la UPME y al director Ejecutivo de la CREG, entre otros, con el objeto de plantear nuestras preocupaciones sobre un posible fenómeno de El Niño que generaría un racionamiento (lo cual ya se había indicado con anterioridad). También para evaluar el tema de la crisis financiera y revisar las acciones en torno a la problemática energética y la hoja de ruta en materia de transición energética.
No obstante, a hoy, la Contraloría se encuentra a la espera de los proyectos, planes y programas que el Ministerio de Minas y Energía llevará a cabo para una transición energética que no afecte las finanzas públicas y la seguridad energética del país.
También hemos llamado la atención sobre la necesidad de cubrir los rezagos de pagos a las comercializadoras de casi $5 billones, producto de la opción tarifaria decretada en 2020 para aplazar el pago de servicio tras la pandemia.
ENS: ¿Cómo entender que por demoras en licencias y consultas previas estén parados proyectos de generación eléctrica que, si se activaran, podrían ser un colchón de megavatios suficiente para neutralizar el riesgo de apagón?
CMZ: No hay que perder de vista que el licenciamiento ambiental, del cual hacen parte las consultas a las comunidades impactadas por los proyectos, es un trámite que se requiere en los casos en que por ley se necesita una licencia ambiental. Sin embargo, es preciso diferenciar los tipos de actividad que se van a desarrollar y el impacto, pues los trámites en materia de licenciamiento ambiental –y parte de este es la consulta previa– resultan dispendiosos. Y no vemos que las entidades a cargo estén actuando proactivamente de manera articulada en beneficio para el país.
Es evidente que en especial la consulta previa, como se dijo en un estudio realizado por la Contraloría, es uno de los cuellos de botella para la construcción y operación de los proyectos de generación de energías renovables como los previstos para La Guajira y que suman más de 3.500 MW. Aunque este no el único obstáculo: la demora en la entrada de las líneas, la asignación de conexiones sin criterios de oportunidad, así como los temas de logística y seguridad, han impedido que proyectos que debieron entrar el año 2023 estén hoy en funcionamiento.
Estos problemas los hemos venido advirtiendo desde la entidad en un estudio sobre proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable. Incluso, en la reciente reunión con las principales autoridades del sector en La Guajira se resaltó esta problemática.
Debemos hacer un llamado a ajustar la normatividad y a las autoridades correspondientes a actuar con mayor diligencia en estos trámites; y es que las reglas deben adecuarse a la necesidad de atender la demanda futura de energía sin esperar a las emergencias que vemos cada 4 o 5 años. Al ritmo que vamos con el crecimiento de la demanda, no va a haber energía suficiente para cubrirla.
Crisis en salud
ENS: Tras el informe preliminar de la Contraloría sobre presuntas inconsistencias en el manejo de 9 billones de pesos en las EPS y la respuesta de estas al mismo, ¿cuándo se conocerán el informe final y las conclusiones definitivas?
CMZ: La Actuación Especial de Fiscalización se encuentra en fase de ejecución, puntualmente en la comunicación de las observaciones a los sujetos de control, y el avance se calcula aproximadamente en un 40 %. En su momento, una vez finalice, se harán públicas las conclusiones del caso y se determinará la procedencia de adelantar procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otra actuación conforme a la normatividad aplicable al control fiscal.
ENS: ¿Cómo analiza el ente de control fiscal las intervenciones a las EPS? ¿Sin reformular la UPC y garantizar el giro oportuno de los “presupuestos máximos” es posible superar el hueco financiero del sistema?
CMZ: Las decisiones de intervención a las EPS corresponden al ejercicio de las funciones misionales de la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, la Contraloría seguirá desarrollando las acciones de control fiscal sobre las EPS, independientemente de si están intervenidas o no, actuaciones siempre orientadas al control en el flujo de los recursos públicos.
En este sentido, en la reciente audiencia citada por la Corte Constitucional informamos que durante el periodo 2020-2023 esta Contraloría profirió fallos de responsabilidad fiscal por un valor de $1.382 millones, relacionados con el uso diferente a la destinación específica de los recursos de la unidad de pago por capitación (UPC).
Ahora, en relación con la definición de la UPC y el cálculo de los presupuestos máximos, esta es una responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Salud como rector de las políticas públicas en salud. Por su parte, la Contraloría, en el mismo sentido de la respuesta anterior, vigila el uso y destinación adecuada de los recursos públicos destinados a la garantía en la prestación de servicios de salud.
ENS: ¿Qué responde a quienes dicen que el problema del sistema de salud no es de modelo ni estructura financiera como tal, sino de deficiencia en la vigilancia por parte de las superintendencias y los entes de control, llamados a verificar que no malgastaran o desviaran los recursos billonarios?
CMZ: En la actualidad no se conoce con certeza la magnitud de la crisis frente a la sostenibilidad del sistema. Se presenta la realidad a partir de la diversidad de los cálculos de acuerdo con la fuente que genera la información en asuntos como la deuda de EPS con prestadores, el gasto “aparentemente” superior al ingreso de recursos y otros factores que pudieran incidir en la suficiencia de los recursos del sector.
De acuerdo con lo anterior, la Contraloría ha orientado las actuaciones fiscales hacia el esclarecimiento del flujo de los recursos del sistema de salud en la prestación de los servicios a los usuarios.
ENS: Se avecina una cascada de demandas a la Nación por las decisiones del Gobierno en materia de cambios al sistema de salud. ¿No teme un impacto billonario al erario si se pierden estos pleitos?
CMZ: Es difícil en este momento predecir si se presentarán cuantiosas demandas ya que, en principio, se parte de la actuación legal de las entidades que toman decisiones en estos temas y ellos tienen unos deberes importantes en establecer riesgos y prevenir el daño antijurídico. En todo caso, la entidad a mi cargo continuará ejerciendo sus competencias y realizando las actuaciones correspondientes a la protección del patrimonio público en el marco de la defensa jurídica del Estado.
¿No más petróleo y gas?
ENS: Señor contralor, usted ha sido muy claro que Colombia debe continuar con la exploración y explotación de gas y petróleo. ¿En qué sustenta su opinión?
CMZ: Para la Contraloría es claro que la transición energética es una política en curso que lleva en ejecución más de 10 años y que aún hoy debemos prever que para Colombia este es un camino de largo plazo.
Sin embargo, nuestro país aún tiene una gran dependencia de los recursos generados en el sector hidrocarburos y minería, incluso se requerirán estas rentas para financiar la misma transición energética. Un riesgo inminente es que, si no hay más hallazgos ni cambios de tecnología para incrementar la producción de hidrocarburos, ocurra una disminución continua de las reservas en poco menos de siete años.
Las reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir el tiempo previsto para el proceso de transición energética, de tal manera que no se ponga en riesgo la confiabilidad en el abastecimiento de energía y la soberanía energética y se afecte la economía del país.
La posición del Gobierno es que la transición energética debe hacerse de manera justa, segura, confiable y eficiente, frente a lo cual consideramos que al ser una de las estrategias del PND 2022- 2026, desde el control fiscal seguiremos ejerciendo las facultades asignadas constitucional y legalmente para señalar los riesgos que se vayan identificando.
Seguimos esperando la hoja de ruta en transición energética que nos presentará el Gobierno de acuerdo con el compromiso adquirido en la mesa de trabajo de octubre de 2023, en la que se deberían incluir los planes, programas correspondientes, su presupuesto y actividades, etc.
Así mismo, seguimos a la espera de conocer las actividades, planes, proyectos y recursos con los que sustituirán ingresos de la Nación provenientes del sector minero-energético, más del 15 % del presupuesto nacional, dentro de esa transición, cómo los va a reemplazar; y si es mediante el turismo y la agricultura, entre otras actividades, cómo va esa articulación con las otras carteras.
Baja ejecución
ENS: ¿Cómo analiza el retraso en la ejecución presupuestal del Gobierno Nacional central, tanto el año pasado como en el arranque de este? ¿Han tenido eco los campanazos de la Contraloría?
CMZ: La ejecución en términos de las obligaciones de gasto en el primer trimestre de 2023 fue del 11,4 % y para el mismo periodo en 2024 se sitúa en el 9,1 %, un nivel menor, pero en este caso la explicación se debe buscar en las restricciones impuestas por la ausencia del anexo con la desagregación de la inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024.
Existió una tendencia a rezagarse la inversión, pero gracias a las alertas de la Contraloría General se evidenciaron cambios en la ejecución para marzo y abril de este año.
Con la advertencia que hicimos se lograron los siguientes cambios: 1. La expedición de un nuevo decreto de liquidación con un anexo que contiene el detalle del gasto de inversión; 2. Con ello, se recuperaron los recursos asignados por vigencias futuras, en especial para la ANI e Invías para la infraestructura y las vías 4G; 3. Los montos presupuestales que se habían incorporado a las llamadas bolsas, comenzaron a apropiarse para el respectivo gasto; 4. La mayor parte del rezago presupuestal de la vigencia 2023 ya se obligó y pagó, con lo cual, proyectos que estaban en espera de recursos fueron fondeados.
La necesidad de imprimir una mayor dinámica a la inversión cobra relevancia en un contexto en el que las proyecciones de crecimiento económico para Colombia en 2024 han sido revisadas a la baja por diversos organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional.
Lucha anticorrupción
ENS: En materia de corrupción y riesgos para el erario, ¿cuál es hoy la mayor amenaza para el país?
CMZ: El mayor riesgo para Colombia en materia de corrupción, por cuanto constituye probablemente el origen de toda la que existe en nuestro país, es la continuidad en la normalización de la idiosincrasia que encomia la deshonestidad sobre la decencia en el comportamiento diario. Existe en nuestro país una arraigada tradición de aplaudir la artimaña, de admirar al evasor de impuestos, a quien obtiene ganancias con métodos deshonestos, una lamentable costumbre que encuentra eco en el habla popular colombiana. “Hecha la ley, hecha la trampa”, decimos prosaicamente, como si fuese una virtud encontrar la forma de saltarse las normas. “El vivo vive del bobo”, decimos sonriendo, como si fuera loable pasar sobre los derechos de otros para obtener beneficios personales. Entendemos como normales circunstancias de nepotismo, fraudes y sobrecostos; asumimos que los cargos de elección popular tienen un costo inherente de robo al erario, descartando como utópica la posibilidad de gestiones transparentes y limpias (“Que robe, pero que no robe tanto”).
En resumen, el semillero que da origen a la corrupción en Colombia es, a la vez, el riesgo más grande para la transparencia y la probidad. Esto es, una arraigada idiosincrasia que premia, en vez de castigar, a quienes toman ventaja indebida.
Frente a los riesgos para el erario, el mayor riesgo se encuentra en la falta de rigurosidad en el manejo de los dineros públicos y la debilidad sistemática en los controles aplicados a ellos. Si bien la Contraloría General y las contralorías territoriales propenden por un control concomitante de los procesos, resulta materialmente imposible llevar adelante estos controles para cada contrato y gasto público en el país. A esto suma la flexibilidad en las interventorías, muchas veces contratadas a conveniencia para omitir las irregularidades; el escaso alcance de la justicia en términos fácticos frente a los corruptos y, en general, una percepción general de poca transparencia justificada, por lo demás, teniendo en cuenta la gran cantidad de recursos perdidos como consecuencia de manejos indebidos.
Investigaciones
ENS: ¿Tiene la Contraloría alguna investigación abierta respecto a las denuncias de contratos millonarios del Estado a financiadores o colaboradores de la campaña presidencial del actual jefe de Estado?
CMZ: Hemos conocido denuncias al respecto y estamos trabajando en ello. Así, por ejemplo, se ordenó una actuación especial de fiscalización al Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), Sin embargo, sea del caso aclarar que la función de la Contraloría no está dirigida a establecer la transgresión de las normas que rigen la contratación estatal, salvo que con ocasión de esa infracción se produzca una gestión fiscal irregular; esto es, que el patrimonio público no se destine a la satisfacción de sus fines. En este último supuesto, dichas irregularidades pueden comprometer la responsabilidad penal y disciplinaria de los gestores fiscales, aunque ese compromiso no exista en materia de responsabilidad fiscal.
ENS: ¿Cómo va la investigación por el escándalo de los carrotanques de agua en La Guajira?
CMZ: Por solicitud del contralor general en funciones, la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura inició el 20 de febrero de 2024 una indagación preliminar por estos hechos; producto de ella, el día 12 de marzo de 2024 procedí a declarar de Impacto nacional estos y otros hechos, lo cual implicó que esta actuación quedara a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales para la Lucha Contra la Corrupción y actualmente está en curso.