EL NUEVO SIGLO: ¿Qué tan quedado está el programa de restitución de tierras en este gobierno?

JUAN ESPINAL: El presidente Gustavo Petro perdió su primer año ante el Congreso de la República. Ha perdido legitimidad y gobernabilidad, pues el Gobierno de Petro es de anuncios y pocas acciones.

Ello se vio cuando en el discurso de instalación del Congreso de la República, anuncia casi 1 millón de hectáreas de tierras entregadas. Luego, la ministra de Agricultura corrige y habla de 250.000 hectáreas de tierras tituladas en el país.

Creo que hay un grave problema en el Gobierno nacional con la información, en el trámite y en la forma de racionamiento.

ENS: ¿Por qué no ha arrancado el acuerdo entre gobierno y ganaderos para vender 500.000 hectáreas de tierra?

JE: Creo que este es un gobierno que improvisa y que no tiene norte, donde el capitán del barco va a un puerto, mientras que los marineros, en este caso los ministros, no tienen orientación directa.

Como ya dije, es un gobierno de anuncios y pocas acciones. Además de la desconfianza profunda que han generado con su discurso, sale la senadora Isabel Zuleta a decir ante la opinión pública que los ganaderos son prácticamente unos paramilitares.

Energía

ENS: ¿Por qué la CREG no está funcionando como debiera para contener la crisis energética?

JE: Lo primero es que la transición energética en el país está en crisis. He dicho que la transición energética, que venía camina de forma excelente, está en Unidad de Cuidados Intensivos.

El Gobierno del expresidente Iván Duque, con el ministro Diego Meza, dejó la ley de transición energética, la hoja de ruta del hidrógeno verde y la ley de cambio climático. Este Gobierno no ha tenido la capacidad de construir sobre lo construido.

Se han presentado en tres oportunidades informes diferentes frente a las reservas probadas de hidrocarburos en nuestro país.

Quieren tratar de importar gas desde Venezuela y ahora estamos en un capítulo que preocupa mucho más; ponen en riesgo la seguridad energética y la energía que todos los días consumen los colombianos, llevándonos a un posible apagón.

Debilitan la institucionalidad, acaban prácticamente con todos los comisionados nombrados en la CREG, generando inseguridad jurídica en los inversionistas nacionales e internacionales.

ENS: ¿Hasta qué punto esta crisis energética es responsabilidad de los bandazos en la política gubernamental?

JE: El Gobierno del presidente Petro, empezando por la exministra Irene Vélez y el actual ministro, tiene toda la responsabilidad. Primero por su improvisación y falta de capacidad técnica. Han burocratizado el Ministerio de Minas con funcionarios sin conocimientos técnicos en el sector minero-energético.

Están debilitando con ello un sector que es fundamental en la economía del país. El sector minero-energético genera 500.000 empleos directos. Por cada uno, se generan 4 indirectos, generan la regalía del país.

Si acaban con el sector minero-energético del país, acaban con 500.000 empleos, acaban con el 54% de las exportaciones del país que generan dividendos, que, a su vez, fomentan recursos y tributos al Estado colombiano.

Elecciones

ENS: ¿Cómo lee los resultados electorales del domingo pasado?

JE: Primero creo que fue un mensaje contundente enviado al presidente Gustavo Petro. Segundo, es un llamado de atención, en el que los colombianos le decimos al Gobierno que no estamos de acuerdo en su forma de administrar, en su modelo de gobierno y en las reformas ante el Congreso de la República.

Tercero, el presidente Gustavo Petro, que ha llamado meses atrás a un acuerdo nacional, debería dar el primer paso, a través de la instalación de una mesa de diálogo frente a las reformas, y paralizar el trámite ante el Congreso de la República, especialmente el de la reforma a la salud, que pone en riesgo la vida y salud de 50 millones de colombianos.

ENS: ¿Cuál cree que será el futuro de la reforma salud en la Plenaria Cámara?

JE: Desde la oposición estamos haciendo todo para que se archive esa mala reforma, primero porque se está tramitando de manera indebida. Se está haciendo por ley ordinaria y debería hacerse por ley estatutaria.

Segundo, porque no tiene viabilidad fiscal y financiera. Tercero, porque pone en riesgo la salud de los colombianos.

Con esta reforma queda en el limbo el tratamiento de millones de colombianos con enfermedades críticas o terminales.

Además de eso, dan dos años de transición para que secretarías y seccionales de salud asuman las competencias de las EPS que esta reforma quiere acabar.