LAS DENUNCIAS por presuntas irregularidades en los contratos para la adquisición de 40 carrotanques por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres (Ungrd) para la distribución de agua en el departamento de La Guajira, continúan bajo estudio de los entes de control.

En este sentido, la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía orientan sus esfuerzos en esclarecer y determinar responsabilidades en torno a este polémico caso que llevó a Olmedo López a renunciar a la Dirección de la Ungrd el pasado mes de febrero, siendo sustituido por Carlos Carrillo, exconcejal de Bogotá y militante del Polo Democrático Alternativo.

Sobre las investigaciones por sobrecostos en la compra de los 40 carrotanques, el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, dijo a EL NUEVO SIGLO que por solicitud del ente de control fiscal, la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura inició el 20 de febrero de 2024 una indagación preliminar por estos hechos.

Producto de esta diligencia, “el día 12 de marzo de 2024 procedí a declarar de impacto nacional estos y otros hechos, lo cual implicó que esta actuación quedara a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales para la Lucha Contra la Corrupción y actualmente está en curso”, indicó el funcionario.

Como se sabe, a través de la DIARI, esta entidad desplegó un procedimiento de policía judicial a la Ungrd el pasado 23 de febrero, en apoyo a una indagación preliminar sobre las denuncias respecto a la adquisición de dichos vehículos.

Durante la inspección, se recopilaron documentos contractuales como orden de Proveeduría debidamente firmada por las partes, pólizas, documento de designación del supervisor, Informes del Supervisor, pagos al proveedor, Acta de recibo a satisfacción de los Equipos, debidamente suscrita por el Supervisor y demás documentos de esta etapa contractual.

El pasado 27 de febrero, Zuluaga informó a los medios de comunicación que ante los hechos citó a versión libre a Olmedo López, cuando aún era director de Ungrd, y al exsubdirector de la entidad, Víctor Andrés Meza, a quien se le acusa de tener vínculos con la anomalía.

Ahora, tras encontrar más de 10 presuntas irregularidades en el proceso, la Contraloría ha decidido embargar los bienes y cuentas de López, al igual que los de las de Esnéider Pinilla, subdirector para el Manejo de Desastres, y Meza.

Las indagaciones de la Procuraduría y Fiscalía

La Procuraduría General de la Nación también se vinculó en el caso, ordenando una investigación disciplinaria contra López en febrero.

El órgano de control quiere establecer si se presentaron irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución, las cuales estarían relacionadas con “la modalidad de contratación escogida, un posible direccionamiento en la selección del contratista, falta de capacidad e idoneidad de la empresa encargada de suministrar los vehículos y un posible detrimento patrimonial”.

A principios de este mes, la entidad que hoy dirige Margarita Cabello, decidió abrir una nueva investigación contra el exdirector de Ungrd, esta vez por las presuntas irregularidades durante la compra de tanques de reserva de agua para La Guajira, para el que se destinaron $8.000 millones.

La Tercera Delegada para la Contratación Estatal adujo que, según medios de comunicación, López habría avalado la adquisición de 1.000 unidades para asignarlas a rancherías del departamento, las cuales no cumplirían con los objetivos para las que fueron adquiridas. Este caso se suma a la investigación por la compra de carrotanques.

Entretanto, la Fiscalía General de la Nación también inició una investigación por la presunta irregularidad en la compra que hizo el Gobierno de dichos vehículos para el traslado de agua a La Guajira.

“Frente a las denuncias realizadas en medios de comunicación y fuentes abiertas de información, respecto a la compra, por parte del Gobierno nacional, de 40 carrotanques que operarían para emergencias en el departamento de La Guajira, la Fiscalía General de la Nación apertura investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos de delito alrededor de este tema”, señaló en esa oportunidad la Fiscalía.

En el marco de estas indagaciones se supo que la Fiscalía citó a declarar al exsubdirector general de la Ungrd, Víctor Meza. Asimismo, el 21 de febrero realizó una inspección a la sede de la Ungrd para recaudar documentación del proceso y posterior contrato de compra de los 40 carrotanques.

La visita sería útil para analizar si al Ejército se le asignaron funciones para el alistamiento y operación de los vehículos, quién asignó estas funciones y dónde están los cronogramas de operación de los vehículos y su fuente de financiación.

El ente que hoy encabeza la fiscal Luz Adriana Camargo, tendría listas las primeras imputaciones contra funcionarios implicados en este caso. Pero también indaga, según publicación de El Tiempo, un presunto soborno por 7.200 millones de pesos de un empresario hasta ahora no identificado a tres integrantes de la Ungrd.

La respuesta de Olmedo

Ante las denuncias realizadas en medio del escándalo por la presunta compra a sobrecosto de carrotanques para La Guajira que enlodó al exdirector de la Ungrd, López respondió en su momento que la adquisición se realizó de manera transparente y conforme a lo establecido en la ley.

“La contratación para la adquisición de carrotanques se realizó bajo régimen especial, entre particulares en cumplimiento del artículo 66 de la ley 1523 de 2012 y el manual de contratación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme a la emergencia por desabastecimiento de agua en la que se encuentra La Guajira”, dijo en febrero, cuando salió a la luz pública este controvertido caso.

Explicó que para el proceso de selección del futuro proveedor, la entidad maneja una base de datos de empresas inscritas que buscan prestar servicios a la entidad y de acuerdo con la necesidad que se pretende atender, se selecciona el proveedor.

"Los documentos de respaldo son públicos y los entregaremos a los medios de comunicación. Entre ellos se encuentra el Decreto 2113, que reglamenta la razón por la cual el Gobierno nacional dispuso que el Estado colombiano atienda emergencias causadas por el fenómeno de La Niña, y el Decreto 0544, destinado a hacer frente a cualquier desastre asociado a una emergencia de origen natural. Con el fin de cumplir con lo establecido anteriormente, surge la necesidad de adquirir carrotanques, en este caso, para el departamento de La Guajira", indicó en aquella oportunidad.

Semanas después y ante los rumores de que el exdirector de la Ungrd estaría buscando algún beneficio ante la Fiscalía, su defensa, a través de un comunicado, aseguró que Olmedo López no está buscando preacuerdos o un principio de oportunidad con el ente acusador.

“No es porque se trate de mí, Olmedo López, es el derecho al que tiene toda persona a la que le han atribuido un delito, de oponerse a dicha acusación mediante la representación de su abogado de confianza”, dijo López, quien recientemente aseguró que no se le ha permitido ejercer su defensa y de quien se sabe no ha asistido a las citaciones emitidas por Procuraduría y Fiscalía para rendir versión libre, como sí lo hizo Víctor Andrés Meza, ante el ente de control disciplinario recientemente.

Contraloría abre proceso fiscal contra exdirectores de Ungrd

Un proceso de responsabilidad fiscal contra exdirectores de la Ungrd, entre ellos Olmedo López, abrió ayer la Contraloría General de la Nación. La medida se basa en presuntas irregularidades evidenciadas en la ejecución de dos contratos de obra que tenían por objeto la construcción, en Mocoa Putumayo, de 909 viviendas que hacían parte del Proyecto Sauces II, con valor de $24.315 millones.

Se trata de los contratos de obra 9677- PPAL001-243-2018, para la construcción de 436 viviendas, y 9677-PPAL001-244- 2018, para otras 473.

Tales contratos se derivan del convenio interadministrativo N.º 9677 PPAL001-217-2017 Proyecto Sauces II, celebrado en el marco de la Declaratoria de Emergencia, como consecuencia del déficit de vivienda para los damnificados de la trágica avalancha que se produjo en la capital del Putumayo el 31 de marzo de 2017.

De acuerdo con la Contraloría, las irregularidades propiciaron un daño de $18.566’888.997.000, valor que no se ve reflejado en la ejecución de las viviendas que aún no han sido entregadas.

Entre los exfuncionarios vinculados al caso están Fernando Carvajal Calderón, en calidad de Director General (e) de la Ungrd, desde el 28 de abril de 2022 hasta la fecha del hallazgo fiscal; al igual que Eduardo José González Angulo, exdirector general.

Asimismo, fue mencionado Gerardo Jaramillo Montenegro, secretario General desde 22/06/2015 hasta 06/02/2020 y como director encargado de la UNGRD, desde 07/02/2020 hasta la fecha del hallazgo; Javier Pava Sánchez, Luis Fernando Velasco Chávez, Olmedo López y Juan Carlos Orrego Campos.