LUEGO DE que la Corte Constitucional ordenara al Ministerio de Salud pagar a las EPS la totalidad de los recursos pendientes del Acuerdo de Punto Final, desde diversos sectores hicieron público su apoyo a la decisión.
Esta busca garantizar el flujo de los recursos que el Gobierno nacional debe destinar al pago de determinados servicios y tecnologías en salud, concretamente, de aquellos que ha establecido que deberán ser recobrados por las EPS una vez entregados a la población ‒procedimiento de recobro‒, toda vez que no se financian con la UPC ni los Presupuestos Máximos.
Al respecto, la senadora Beatriz Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, aseveró que es urgente acatar las órdenes de la Corte Constitucional en materia de pago de las deudas del Gobierno con las EPS y el ajuste urgente el pago de presupuestos máximos para su cálculo adecuado y su giro oportuno.
“Si hacemos esto vamos a darle mucho oxígeno al sistema y vamos a liberar esas presiones financieras, que hoy están afectando a pacientes y a usuarios del mismo. Hemos avanzado mucho como sociedad en la construcción de nuestro sistema de salud; sin embargo, es indispensable garantizar la disponibilidad de los recursos para que el sistema siga creciendo”, explicó.
A su turno, la senadora Berenice Bedoya de la Alianza Verde, afirmó que las órdenes emitidas por la Corte, terminarán por agudizar la desfinanciación del sistema de seguridad social en salud, teniendo en cuenta que son pagos que no se encuentran contemplados en el presupuesto de los $91 billones para salud aprobados para el 2024.
“Esto es un campanazo de alerta para revisar la financiación de la reforma a la salud y no ir a caer en el desbordamiento del gasto, máxime cuando hemos venido insistiendo en un aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda y solo tenemos un concepto técnico del escenario de factibilidad firmado por la viceministra”, puntualizó.
Bajo nivel de cumplimiento
La Corte señaló que hay bajo cumplimiento en el Sistema de Seguridad Social en Salud. Al respecto, la senadora Norma Hurtado enfatizó que esto ha afectado especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas y raras, quienes reciben costosos tratamientos que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
“Además, la Corte fijó un plazo de 2 meses al Ministerio de Salud para ponerse al día con los pagos. Esto ratifica las denuncias que realizamos en varios debates de control político al Minsalud y la Adres en la Comisión Séptima del Senado. Por eso exigimos al Minsalud que agilice la expedición de la metodología requerida para el reconocimiento y pago de estos recursos del sistema de salud”, señaló.
Por último, la senadora Ana Paola Agudelo del partido MIRA puntualizó que coincide con que se deben aclarar y reconocer los compromisos del Estado para que el sistema de salud pueda funcionar con miras a garantizar la protección de la salud, a la par de un adecuado y estricto manejo de los recursos.
“Los mandatos de la Corte nos permiten mayor claridad y resaltan la responsabilidad del Estado para sanear las cuentas; no obstante, esta no es una solución definitiva frente a estas problemáticas que deben resolverse en un corto plazo para evitar mayores turbulencias en la continuidad de la prestación de la atención integral. Es por ello que insistimos en que es necesario definir esa metodología única y, además definir un Manual Tarifario estandarizado con cifras actualizadas, que considere tarifas diferenciales según la caracterización de la población y el territorio, como insumo básico en la definición de presupuestos. Para que esto suceda se requiere sinceridad desde todos los actores del sistema y coordinación para optimizar estos procesos, en procura de salvaguardar la vida de los colombianos y los recursos públicos”, concluyó.