EN LA Comisión Primera de Cámara, ya escenificó el primer debate sobre “transfuguismo” o “libertad política” que hace tránsito por el Congreso y que le permite a los senadores y representantes cambiar de partido político en medio de su ejercicio legislativo.

Ante lo cual varios congresistas de esa comisión, que han mostrado las posturas tanto a favor como en contra y quienes coinciden en que, aunque esta propuesta puede llegar a convertirse en un derecho constitucional para los congresistas, también podría afectar de manera significativa la ya maltrecha dirigencia política.

En ese sentido, la representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez explica: “Actualmente tenemos 36 partidos o movimientos políticos con personería jurídica vigente que, el solo hecho de tener tantos partidos políticos implica un amplió multipartidismo que, además, genera un riesgo para la democracia y precisamente entiendo la necesidad de muchos de los representantes de poder migrar a otros partidos porque sus colectividades a los cuales actualmente integran seguramente son partidos muy débiles”.

Posteriormente, la congresista añadió: “Para mí, con tanto partido que actualmente existe, pues difícilmente hoy en día el elector puede identificarse y es que el número amplio de partidos aumenta la polarización. Este proyecto de “transfuguismo” mantiene una amenaza constante a la democracia, esto no es solo discrepancia, sino que se trata de fidelidad al programa votado”.

Concertación

Al respecto, el representante, Diógenes Quintero, del Norte de Santander y quien hace parte de las circunscripciones de paz explica sobre el transfuguismo. “Si queremos hacer una reforma política, como termina siendo ésta, pues hagamos una reforma estructural y que toque otros temas. Yo no tengo partido político y no fui avalado por partido político, pero quiero de alguna manera manifestar que en mi vida me he esforzado por la concertación, el diálogo, la conciliación y ese también ha sido mi esfuerzo aquí en el Congreso y que, además entiendo la situación particular de algunos compañeros congresistas que hoy se sienten incómodos y maltratados”.

De igual manera, el congresista agregó que: “De alguna manera no tienen identidad por el partido del que hacen parte y que habrá otros haciendo cálculos sobre cuánto van a recibir. Del mismo modo, tengo que dejar clara mi posición de no estar de acuerdo acto legislativo porque como está planteado inicialmente en la ponencia y para hablar de un tema esencial qué es el transfuguismo, no hay la justificación ni de la realidad política actual ni de otro elemento político porque si queremos reformar la constitución hagamos una reforma a la política estructural y que toque otros temas”.

Continuó y dijo: “Por ello presenté tres proposiciones, como quitar la modalidad de apoyo como doble militancia. Prohibamos que los partidos políticos hagan coaliciones para cargos a corporaciones públicas que promueve la proliferación de partidos políticos; evitemos que los grupos significativos de ciudadanos reciban apoyo de partidos políticos que terminan recolectando firmas para avalar un candidato y terminan por burlar a la democracia, se burlan de las normas, se burlan de la constitución”, subrayó Quintero.

Pese a que, pocos congresistas lograron oponerse al desarrollo de la primera vuelta de votaciones que dejó un amplio margen de favorabilidades con 20 votos por la implementación de la norma, contra 7 votos que se dieron negativamente. La jornada puso muy cerca de llegar a la plenaria de la Cámara esta polémica propuesta que está pendiente ser analizada en el Congreso.

Sin embargo, quedan pocas semanas para finalizar el periodo legislativo en el Congreso y si el proyecto no alcanza a salir de la Cámara de Representantes en un par de semanas a lo sumo, corre el riesgo de hundirse y tendría que ser presentada nuevamente por los parlamentarios quienes en mayoría han logrado un apoyo masivo sobre este proyecto que permite los cambios de partido sin que se pueda apelar por parte de las colectividades a la doble militancia que implicaba una sanción contra los parlamentarios por el incumplimiento de normas establecidas en la constitución.